Algunos datos sobre la intervención del crimen y los riesgos del proceso electoral: la semana pasada el INE y el gobierno federal dieron a conocer algunos protocolos de seguridad para proteger a candidatos cuya integridad física esté amenazada por parte del crimen.

La estrategia incluye la protección por parte de elementos del Ejército o la Guardia Nacional y el uso de autos blindados para los aspirantes que, previo análisis se riesgo, así lo necesiten.

Adicionalmente, desde que el proceso electoral dio inicio se ha registrado el asesinato de 12 candidatos y un par de decenas de personas relacionadas con los comicios que se celebrarán el 2 de junio.

Y por si fuera poco, en un foro con EL UNIVERSAL, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señalaron que han recibido testimonios de “horror” por parte de autoridades electorales estatales sobre la intervención del crimen y agregaron que si el Estado no frena a tiempo la influencia de las mafias en las elecciones, en el futuro un capo podría incluso alcanzar la Presidencia de la República.

Sin embargo, en Palacio Nacional, tienen otros datos, y en la casa presidencial el tema no les parece grave.

Esta mañana el presidente, López Obrador aseguró que faltan aproximadamente tres meses y medio para saber a quién le va a entregar la banda presidencial al finalizar su sexenio y se dijo muy orgulloso que el país está en calma, en paz y no hay ningún riesgo. Y, desde luego, nada de sobre la violencia e intervención del crimen en el proceso.

“Vamos muy bien. Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas para que sigan actuando de manera responsable, lo están haciendo muy bien. No hay ningún riesgo, el país está en paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad y estamos en campaña, o en vísperas de iniciar la campaña el día primero de marzo y todo muy bien”, dijo.
Cómo diría un clásico, hay quienes tienen otros datos, y muy preocupantes, por cierto.

Molesta el ascenso de la ayudante de AMLO

Ayer se anunció que César Yáñez renunció a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación para sumarse al equipo de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, y que su lugar fue ocupado por Mariana Rodríguez, exintegrante de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos comentan que en Palacio Nacional este ascenso no fue muy bien visto por algunos de los compañeros de doña Mariana, pues la flamante subsecretaria tenía relativamente poco en el “semillero de talentos”, mientras que había varios de ellos que llevaban hasta cuatro o cinco años y no han recibido este tipo de ascensos tan codiciados. Nos dicen que hay que estar pendientes por si se cumple el apotegma del presidente López Obrador que señala que “cuando se reparte mal el botín hay motín”. A ver si no se le alborota el gallinero.

Nos cuentan que este jueves, sí o sí, se reunirá la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para aprobar las modificaciones a la Suprema Corte de Justicia que permitirán que solo cuatro ministros tengan el poder de modificar la Constitución, y con ello, dejar blindadas las reformas del presidente, López Obrador. Nos comentan que, aunque esta comisión es presidida por el panista Fernando Macías, él no convocó sino los secretarios, que pertenecen a Morena, quienes rebasaron por la izquierda e hicieron el anuncio. Nos adelantan que esta reforma legal no tendrá oposición para ser avalada, pues requiere mayoría simple en comisiones y el pleno, y la única posibilidad de que no haya sesión y esta reforma no sea aprobada, es que no se alcance el quórum, pero aun si faltan PRI, PAN, y PRD, los guindas y sus aliados alcanzan las 19 asistencias requeridas para ello, es por eso que dentro del partido oficial se jactan de que la reforma pasa porque pasa, y sin modificarle ni una sola coma, como se estila en los tiempos de la autollamada Cuarta Transformación.

La semana pasada en este diario le informamos de la integración de un grupo multidisciplinario de investigadores y académicos que crearon una Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México, para documentar el impacto de la crisis en la sociedad mexicana e identificar los principales aciertos y errores en la gestión de la emergencia sanitaria. Este esfuerzo está integrado por Julio Frenk, Sylvia Schmelkes, Carol Perelman, Julia Carabias, Amada Glassman, María Elena Medina-Mora Icaza y el ministro de la Suprema Corte en retiro, José Ramón Cossío. Nos adelantan que van con todo en esta investigación y en su página aseguran que el devastador costo humano es razón suficiente para buscar —si no es que exigir— respuestas y, en línea con los principios normativos de cualquier sistema democrático, es momento de que los principales tomadores de decisiones en este episodio rindan cuentas ante la sociedad mexicana. Ya estará el doctor Hugo López-Gatell en su defensa, si es que es posible que la tenga.

Este lunes se cumplieron dos semanas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hubo un “hackeo” a la información de Presidencia y que se habían vulnerado los datos privados de 263 periodistas que cubren su mañanera. Nos recuerdan que desde el lunes 29 de enero no se ha dado más información relevante sobre este delicado tema. Reporteros, por su cuenta, han ido a interponer alrededor de 15 denuncias ante el Inai, y otros más, ante el Mecanismo de Protección para Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, lo que es un hecho y una preocupación es que los datos de 263 periodistas circulan libremente por redes sociales, chats de WhatsApp, con las preocupantes consecuencias que pueda haber en contra de ellos y de sus familias, además de que aún no hay responsables.