Entre la incertidumbre de la espera y la hostilidad del desierto, Reina prefirió aguardar, aunque eso signifique meses a la expectativa de que el gobierno de Estados Unidos le otorgue a ella y a su hijo menor de edad asilo. Ellos huyeron de su natal Michoacán, porque al joven lo quería reclutar el crimen organizado.
Como Reina, más de 350 mexicanos desplazados aguardan en el albergue Casa Esperanza, en la ciudad fronteriza de Sonoyta, Sonora, con la esperanza de que una cita, de las dos que cada semana otorga la aplicación CBP One, les beneficie.
“Mi esposo falleció en mayo, precisamente también cruzando para allá, en el desierto. Iba de forma ilegal, él se fue el 4 de mayo del año anterior, ya estaba en San Antonio, estaba de aquel lado, pero ya no pudo caminar… se quedó en el desierto”, contó a MILENIO la oriunda de Parícuaro.
El 31 de diciembre, ella salió con rumbo al norte. Sólo recogió algunas prendas y a su hijo, y huyeron. Los cárteles locales buscaban que el joven formara parte de sus filas, algo que Reina no iba a permitir:
“Por la violencia que hay en estos momentos, más que nada por mi hijo. La gente quiere reclutar jóvenes para lo de la delincuencia, pues”, dijo.
Según estadísticas de la Oficina de Seguridad Interna de Estados Unidos, México es el décimo país con más personas a quienes se les garantiza la protección del asilo con 975 casos en el año fiscal de 2022.
Reina lleva poco más de un mes en Sonoyta, pero aún prevé estar hasta cinco meses más; tomando en cuenta que algunas personas han tenido que esperar hasta medio año sólo para presentar su caso.
De acuerdo con autoridades de Casa Esperanza, el uso de CBP One por parte de migrantes mexicanos ha sido una noticia bien recibida en Estados Unidos, pues evita que las personas se arriesguen a cruzar con los servicios de un pollero.
Hoy Reina espera que en unos meses pueda volver a ver a sus otros dos hijos, ciudadanos estadunidenses, y a sus nietas.
Mientras que todos los días, miles de personas continúan cruzando de forma irregular el Río Bravo para entregarse a las autoridades o peor, internarse en el desierto; más de 200 mil en los primeros tres meses de este año fiscal, que comenzó en octubre del año pasado.
