EN LA BÚSQUEDA que ha iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para juntar 64 mil millones de pesos de capital semilla del Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya pueden empezar con algo.

En la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomiendan echarle un ojo a los recursos remanentes del proyecto del Aeropuerto de Texcoco, de los que podría obtener más de la mitad del capital que necesita.

Según el órgano que encabeza David Colmenares, debe haber una bolsa de 38 mil millones de pesos proveniente de los fideicomisos que el Grupo Aeroportuario de la CDMX (GACM) constituyó para la fallida obra.

Ahí se concentraron principalmente los recursos obtenidos de inversionistas privados interesados en esa megaobra de infraestructura y los ingresos por concepto de Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).

Hablamos de los fideicomisos 80726, que reportó en su último estado financiero un remanente de 27 mil 498 millones 800 mil pesos; el 80460, con mil 88 millones 600 mil pesos, y el 2172 de 9 mil 369 millones.

Juntos, los tres fideicomisos hacen un acumulado de 37 mil 956 millones 400 mil pesos, recursos que debieron destinarse hacia la recompra de bonos MEXCAT, pero nunca hubo registro de ello.

El documento de la ASF se denomina Informe sobre el Costo del Esquema de Financiamiento, Construcción y Terminación Anticipada de Contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Ahí se establece que del 22 de enero al 4 de octubre de 2020 el GACM, que dirigía Gerardo Ferrando, realizó transferencias a la Tesorería de la Federación (Tesofe), hasta alcanzar los 23 mil 200 millones de pesos.

Los recursos, 23 mil 119 millones de patrimonio y 81 millones de rendimiento, provinieron del Fideicomiso 80726, creado para pagar los gastos relacionados con la planeación, diseño y construcción del NAICM.

Hasta el momento, no existen reportes en el gobierno de López Obrador sobre esas transferencias. Y mucho menos sobre el destino que la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, le dio a ese capital.

Aún después de la transferencia a la Tesofe, de María Elvira Concheiro, en los fideicomisos se resguardan 14 mil 756 millones 400 mil pesos, sobre los cuales tampoco existen reportes de su posible uso.

Éste debió ser para el pago de deuda con proveedores, o para la cobertura de bonos de los inversionistas, estos últimos, por cierto, calculados todavía en 4 mil millones de dólares.

En suma, mientras el gobierno de la 4T busca recursos hasta por debajo de las piedras para dar cumplimiento a su promesa de pensiones o al cúmulo de programas del Bienestar, se tienen extraviados 38 mil millones.

En el mejor de los casos, esos dineros están ahí disponibles, aunque también existe la posibilidad de que hayan desaparecido.

HOY HABRÁ PLENO en la Comisión Federal de Competencia Económica y el tema principal en la orden del día es la aprobación o rechazo a la venta de las 12 centrales eléctricas de ciclo combinado y un parque eólico de Iberdrola. Los comisionados Andrea Marván Saltiel, Brenda Gisela Hernández, Ana María Reséndiz, Giovanni Tapia, José Eduardo Mendoza, Rodrigo Alcázar y Alejandro Faya resolverán esta operación valorada en poco más de 6 mil millones de dólares, con la cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vía la Comisión Federal de Electricidad, asumirá 61% del mercado eléctrico con la suma de 8 mil 539 megavatios más de la capacidad que le agregarán esos activos. La adquisición se hizo a través del fideicomiso México Infrastructure Partners, que dirige Mario Gabriel Budebo. El cierre de la operación, la más importante de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda de la 4T, también podría significar la salida en los próximos días de Manuel Bartlett de la CFE para irse como senador por Morena a Puebla, y el arribo de Miguel Reyes, director de CFEnergía. Esa es la versión que corre.

EL ASUNTO QUE está creciendo es el pleito entre el gigante chino CRRC Locomotive, que lleva aquí Gao Feng, empresa dedicada a la fabricación, reparación, mantenimiento y ensamble de vehículos ferroviarios, y el Metro de la CDMX, a cargo de Guillermo Calderón. Resulta que éste alega considerables atrasos en las obras amparadas en el Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo STC-CNCS-195/2020 para el Proyecto de Modernización de Trenes de la Línea 1, adjudicado en noviembre de 2020, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y tasado en 34 mil millones de pesos. Por lo pronto ya se habla de un cobro de más de mil 500 millones de pesos que enfrenta CRRC por concepto de penas convencionales. Los chinos rechazan el atraso, por lo que el organismo público capitalino ya afila la estrategia legal para cobrarse a lo ídem.

LAS DEMANDAS PENALES que apenas la semana pasada se desactivaron definitivamente, fueron las de Banorte que lleva Marcos Ramírez, Invex de Juan Guichard y el BBVA que capitanea Eduardo Osuna. Son acreedores de Landsteiner Scientific, el laboratorio farmacéutico de Miguel Granados, que en diciembre finalizó su reestructuración financiera por alrededor de 90 millones de d��lares. Los bancos se desistieron de sus acciones legales, incluidos también el Bancomext que lleva Luis Antonio Ramírez y el fondo Northgate Credit que manejan Mauricio del Moral y Oscar Alvarado. Los acuerdos se alcanzaron en el Juzgado Segundo Especializado en Concursos Mercantiles, a cargo de Saúl Martínez Lira.

RECIÉN LE PLATICABA del pleito entre la mexicana Manufacturera Plástica Tulti y la poderosa multinacional inglesa ACH Foods, dueña de marcas como Capullo, Karo, Inca, Mazola, Aladino y Twinings. Esta última, que dirige aquí Mario Vallejo, canceló unilateralmente el año pasado un contrato de envasado que llevó a la quiebra a su proveedor. Tulti, que es propiedad de la familia Escalante, fue demandada por daños y perjuicios por 37 millones de dólares y 22.6 millones de pesos también por sus acreedores, a quienes solicitó líneas de crédito para soportar el contrato de ACH. Apunte principalmente al BBVA de Eduardo Osuna; Santander, de Felipe García Ascencio; Sabadell, de Albert Figueras; Bajío, de Salvador Oñate; Banregio, de Manuel G. Rivero, y Unifin de Rodrigo Lebois.

EL GOBIERNO DE Nuevo León de Samuel García inició visitas a 82 empresas que se sumaron al Plan Integral de Gestión Estratégica de la Calidad del Aire, mismas que se comprometieron a invertir 2 mil 500 millones de pesos en proyectos para reducir emisiones. El secretario de Medio Ambiente local visitó una planta de Cemex donde se instaló un avanzado sistema de monitoreo de gases a través de drones, tres estaciones meteorológicas para diagnóstico y generación de alertas sobre la calidad del aire. La empresa que dirige Fernando González Olivieri rediseñará el entorno del centro de producción con espacios verdes. Cemex impulsará un programa de conservación de la Biodiversidad, mismo que tiene ya la Certificación Nivel Oro del Wildlife Habitat Council.