Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió el caso Colosio, las pesquisas vuelven al principio. Al dar cumplimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la resolución de un juicio de amparo promovido por la defensa del asesino “confeso”, esa instancia determinó que no hubo tortura en su contra.
Pese a la nueva realidad para el interno, quien se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social 12, en Ocampo, Guanajuato, la posibilidad de salir en libertad en las próximas semanas se mantiene. En octubre pasado el primer tribunal colegiado en materia penal con sede en Toluca, Estado de México, ordenó que “se deje insubsistente la sentencia” dictada en diciembre de 1994 en su contra por 45 años de prisión.
En su lugar, los magistrados ordenaron dictar una nueva condena con base en el Código Penal de Baja California de 1994 que establece una pena máxima de 30 años de prisión para homicidio calificado. Si Aburto Martínez recibe esta pena puede salir en marzo próximo que es cuando se cumplen 30 años de su detención.
Desde 1994, la hipótesis de que su confesión fue arrancada mediante la fuerza se asomó en toda la investigación oficial que cuatro subprocuradores (fiscales) especiales realizaron entre 1994 y 2000. Aburto Martínez sostuvo a través de diferentes expresiones que era inocente. No obstante, al concluir y sellar el Informe de la investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, se le añadió a su nombre el calificativo de “confeso”.
La situación de Aburto Martínez se posicionó de nuevo en la palestra de la escena pública cuando el hijo del candidato asesinado, Luis Donaldo Colosio Riojas, precandidato a senador por Movimiento Ciudadano, le solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo indulte. Pero el primer mandatario rechazó ordenar ese beneficio con el argumento de que se trata de un asunto de Estado y hay pocas pruebas de descargo del acusado.
Pero el dicho de que es inocente ha sido constante en Mario Aburto Martínez. Una de las expresiones la dio a conocer Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” Guzmán, cuando fue llamado a declarar por el asesinato de Colosio Murrieta. “El Chapo” y Aburto conversaron en una ocasión, de celda a celda, en el penal de El Altiplano, antes llamado Almoloya. Aburto le dijo que no hubo un segundo tirador; sino uno solo, y no era él.
“El Chapo” y Aburto
Por la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la Presidencia de la República en 1994, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” Guzmán fue llamado a declarar en dos ocasiones. En ambas dijo que él no sabía nada porque el 23 de marzo de 1994 –fecha del homicidio– ya estaba preso. Pero no guardó silencio por completo.
El hombre que fue considerado el narcotraficante más poderoso del mundo y quien ahora está condenado a cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos, expresó que tuvo una conversación con Mario Aburto Martínez, quien le dijo: “Estando en el Cefereso de Almoloya de Juárez, en un cuarto cercano al de Mario Aburto Martínez, este mencionaba que él no había sido quien atentó contra el licenciado Luis Donaldo Colosio, sino Jorge Sánchez Ortega”.
¿Qué relación tenía “El Chapo” Guzmán con el asesinato del candidato? Ninguna, según concluyeron los tres fiscales que de 1994 a 2000 investigaron el caso y siguieron esa línea, de acuerdo con el tomo IV del Informe de la Investigación y que lleva el título “Entorno político y Narcotráfico”.
Un año antes de que el candidato del PRI fuera ultimado, Joaquín Guzmán Loera empezaba a fabricar su leyenda. Sus andanzas eran notorias, pero aún no alcanzaban protagonismo. Su peligrosidad fue considerada para que ocupara una celda en Almoloya, uno de los penales de máxima seguridad de México, pero no dominaba el trasiego de cocaína de manera internacional. Otros como “El Mayo” Zambada, los Arellano Félix o Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal disputaban lo mismo con tanta o más fuerza.
Esa disputa fue, en un momento, lo que ante los fiscales se convirtió en el supuesto móvil del asesinato de Colosio Murrieta. De modo que acumularon versiones de fuentes periodísticas e interrogatorios que aterrizaron en un presunto vínculo entre traficantes y miembros del equipo de campaña. En el Informe se encuentran tres versiones que aluden a que el despliegue colosista se financió con fondos de grupos delincuenciales.
Por eso “El Chapo” Guzmán fue llamado a declarar dos veces. El hombre que con las décadas lograría una leyenda de fama, poderío y atributos extraordinarios en el trasiego de drogas en el mundo, en aquel momento fue identificado como simpatizante de Colosio y “proveedor” de la campaña. Pero no. La única relación que entabló con el caso fue que un día, tuvo una plática muy breve con Mario Aburto Martínez en la que rechazó la hipótesis del segundo tirador y expresó que el disparo lo efectuó Sánchez Ortega, sin que él estuviera implicado.
Tortura: los señalamientos desde 1994
Mario Aburto Martínez declaró que fue torturado ante el Juzgado Segundo de Distrito en materia de procedimientos penales en el Estado de México, el 10 de mayo de 1994, pero ello no pesó en la condena de 42 años que un juez federal le dictó en el penal de Almoloya de Juárez. La sentencia, en octubre de 2004, aumentó a 48 años, pero se redujo a 45 después de varios amparos promovidos por sus abogados.
En la indagatoria del caso, revisada por Reporte Índigo, se encuentra la transcripción del audiocasete titulado “Declaraciones de Mario Aburto” o “Microaudiocasete marca Sony MC-60 número de serie A1514255” (copia del original en el proceso 15/96-V). De acuerdo con ese documento, Aburto Martínez sostiene que lo golpearon durante su detención y que lo presionaron para “que hablara”.
En 1994 lo que dijo fue desmentido por peritos y testigos que fueron llamados a declarar. En 1997, el audiocasete fue analizado otra vez por la subprocuraduría que tres años antes se formó para el caso. De nuevo, lo dicho por el único acusado de disparar en contra del candidato a la Presidencia, fue desestimado después de una serie de declaraciones y nuevos peritajes.
Una de las últimas batallas de Mario Aburto Martínez ha sido poner en claro que esa tortura que señaló desde 1994, ocurrió. Primero, acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instancia que determinó que había indicios del maltrato por agentes del Estado. Después, la Fiscalía General de la República abrió una investigación, pero el pasado 13 de febrero determinó que no lo hubo.
“No se logra acreditar que los servidores públicos (…) hayan realizado una acción dolosa, tendiente a infringir dolores o sufrimientos graves físicos o psíquicos a Mario Aburto Martínez”, se indicó en la resolución de la fiscalía.
Mientras, el expediente del caso Colosio guarda las palabras de 1994. Así fue el diálogo que mantuvo el único homicida confeso del asesinato con sus interrogadores:
Mario Aburto: Pues sí, pero como le digo, o sea traten de sacarme lo que quieran, tortúrenme, háganme lo que quieran, pero en ningún momento voy a llegar a hablar.
Interrogador 1: ¿Te ha torturado alguien aquí?
Mario Aburto: Sí, me han golpeado.
Interrogador 1: ¿Aquí nosotros?
Mario Aburto: Sí, me golpearon, incluso sus agentes, este, me golpearon en (ruido de teléfono) la cabeza y me hicieron heridas.
Interrogador 1: ¿Dónde?
Mario Aburto: Cuando me agarraron. (ruido teléfono)
Interrogador 1: Ah, bueno, pero eso fue el público.
Mario Aburto: No, también parte del público, pero también los agentes me golpearon, tampoco voy a decir sus nombres y aquí también me golpearon, cuando entré aquí me decían que hablara, que hablara.
El segundo tirador
La Fiscalía General de la República (FGR) reabrió el caso Colosio con una de las hipótesis seguidas desde 1994, año en que ocurrió el asesinato. Según las nuevas pesquisas hubo un segundo tirador cuando el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia fue ultimado en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California.
La FGR asentó en un comunicado el pasado 31 de enero que cuenta con pruebas que “implican a Jorge Antonio S”, agente del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, asignado para recabar información del “ambiente sociopolítico” del acto de campaña del aspirante presidencial, y quien fue liberado en “un evidente encubrimiento delictivo” en el que estuvo vinculado Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del organismo.
El reporte de la Fiscalía fue difundido horas después de que Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato ultimado y alcalde de Monterrey, le pidiera al presidente Andrés Manuel López Obrador, indultar a Mario Aburto Martínez.
Jorge Antonio Sánchez Ortega fue señalado como presunto tirador unos minutos después de que una Taurus .38 con cachas de madera fuera disparada en la cabeza de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Lo detuvo el comandante Carlos Federico Torres Ramírez, jefe de la Policía Municipal y Tránsito de Tijuana, porque lo vio correr y llevaba la chamarra manchada de sangre.
El Informe de la Investigación del caso Colosio de la subprocuraduría especial indica que Sánchez Ortega dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, el método con el que se detecta si hay residuos de plomo y bario, componentes de un cartucho de arma de fuego. Pero tras muchas explicaciones, quedó libre. Cuando Mario Aburto habló con “El Chapo” Guzmán (según declaró el narcotraficante) dijo que quien disparó fue Sánchez Ortega.
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
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