Además de sus retos financieros y operativos, Petróleos Mexicanos (Pemex) también se ve presionada desde el frente legal, sobre todo en procedimientos laborales, de los cuales la cantidad de casos resueltos es mínima.
La petrolera acumula 15 mil 891 juicios laborales iniciados entre 2017 y 2023, indican cifras obtenidas por EL UNIVERSAL vía transparencia. Sin embargo, de ese total el número de casos resueltos es de 604, es decir, 3.8%, lo que deja 15 mil 287 juicios pendientes.
Las estadísticas arrojan que los juicios en contra de Pemex por riesgos de trabajo son los más comunes, representando 31.6% del total de los alegatos presentados.
A estos le siguen las demandas por reinstalación debido a una rescisión contractual, los cuales representan 9.8% del total.
Le siguen los juicios laborales abiertos por prestaciones post mortem, ligados a demandas de algún beneficio por el fallecimiento de un trabajador, con alrededor de 6%.
Los trabajadores de Pemex están expuestos ante esta administración y así estuvieron en las pasadas, explicó Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados, Consultora Energética.
“Es un reflejo de la falta del Estado de derecho en México. En general, los delitos no se castigan y colocan a trabajadores de Pemex en estado de indefensión”, expuso.
En el huachicoleo o robo de combustibles, el experto destacó que los hurtos y tomas clandestinas siguen en aumento por la falta de acciones contundentes de parte de Pemex y del Estado para evitarlos.
Labardini añadió que tampoco hay intención de invertir en nueva tecnología ni en aplicar la ley para evitar los daños.
Este diario accedió a un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que señala que la petrolera fue apremiada a proceder a la reparación integral del daño por víctimas indirectas, por el asesinato de cuatro personas que trabajaban en vigilancia de ductos de Pemex en Querétaro.
El informe, con fecha del 30 de noviembre de 2023, indica que la empresa fue demandada por riesgos laborales, en caso post mortem, porque los trabajadores no tenían el respaldo apropiado de autoridades en la vigilancia de ductos.
Las personas perdieron la vida a manos de sujetos que robaron hidrocarburos y que portaban armas de uso exclusivo del ejército.
“Los trabajadores responsables de la seguridad de las instalaciones de Pemex tienen derecho, como todo trabajador, a tener seguridad en sus instalaciones y que se les proporcionen materiales para desempeñar con éxito sus funciones; en el presente caso se observa que los trabajadores carecen del equipo tecnológico necesario para atender este tipo de incidentes”, indica el informe dirigido al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, firmado por Rosario Piedra, la presidenta de la CNDH.
En este sexenio, según cifras de diciembre de 2018 a octubre de 2023, se han registrado 62 mil 441 tomas clandestinas a ductos de Pemex, donde circulan gasolinas y diesel, así como gas LP.
Respecto al mismo periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto, es un incremento de 117%.
Sin embargo, en las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador se informa que la sustracción se ha reducido 90%.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señaló recientemente que Pemex registra un deterioro creciente de la seguridad de su personal.
Los juicios iniciados por trabajadores, extrabajadores y beneficiarios se suman a la situación apremiante de la petrolera en materia de finanzas y en su operación. Pemex enfrenta en total una deuda de más de 105 mil millones de dólares. Según sus estados financieros, la empresa enfrenta este año pagos de deuda por 11 mil millones de dólares, el año más complicado en cuanto a sus erogaciones programadas.
Además, Pemex no ha revertido su situación operacional de producir cada vez menos crudo, y también reporta más accidentes y derrames, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia.
Para hacer frente a esos compromisos, la empresa ha recibido transferencias del gobierno de 2019 a 2023 por más de 862 mil millones de pesos y, pese a ello, ha tenido pérdidas acumuladas en lo que va del sexenio por 1.1 billones de pesos.