Nos recuerdan que, en 2006, el PRD estuvo a nada de llegar a la Presidencia de la República con su candidato Andrés Manuel López Obrador, lo que pudo haber cambiado por completo la historia del Sol Azteca, pero ahora lucha por sobrevivir en medio de una desbandada de sus diputados federales. En la conferencia de ayer, para respaldar al nuevo coordinador, apenas aparecieron 7 de 12 que les quedan. Ahora, el PRD no solo se desmorona, sino que sale salpicado con la acusación de que en aquella campaña presuntamente hubo financiamiento del Cártel de Sinaloa. Por eso, nos hacen ver, mientras la candidata aliancista Xóchitl Gálvez se sube con todo al tema, los perredistas hacen como que la virgen les habla y mejor guardan silencio.
La próxima semana por fin se darán a conocer los resultados de las encuestas de Morena, y, por tanto, las candidaturas para la Cámara de Diputados y el Senado. Se espera que sean los nombres de la coalición con sus aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde, pero también de los distritos a donde va solo el partido guinda. Nos cuentan que los retrasos han sido por el tema de paridad de género, que fue decisivo en la tanda de candidaturas a ocho gobiernos estatales y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero también por un intento de reducir al mínimo los reclamos porque se otorguen lugares a “chapulines” recién llegados, pasando por encima de gente con más trayectoria en el movimiento. Veremos cómo procesa el líder nacional, Mario Delgado, las inevitables inconformidades.
Nos alertan que, en un pequeño descuido, podríamos vivir un nuevo Fobaproa. Nos dicen que el gobierno está por rescatar a Unifin, de Rodrigo Lebois Mateos, uno de los principales socios y operadores financieros del expresidente Felipe Calderón. Nos cuentan que, a pesar de que la empresa tiene deudas por más de 80 mil millones de pesos, Nafin y Bancomext, que dirige Luis Antonio Ramírez, planean autorizarle un financiamiento de salida para poder pagar a sus acreedores. Nos hacen ver que en contra de don Rodrigo hay denuncias presentadas por sus propios acreedores que van desde malversación, abuso de confianza, hasta administración fraudulenta. ¿Sabrán en estos bancos gubernamentales de las denuncias? ¿Estarán al tanto en Palacio Nacional de esta intentona por convertir en deuda pública las deudas de uno de los principales beneficiados en el sexenio de Felipe Calderón?
Nos hacen ver que toda esta semana el presidente López Obrador, su gobierno y su partido se han enfocado en confrontarse de forma directa con jueces y ministros. La Secretaría de Gobernación presentó una solicitud formal de juicio político en contra de un juez de Tamaulipas a quien acusa de colusión con la delincuencia; el presidente López Obrador de plano afirmó que el poder judicial está podrido, tras el fallo judicial que abrió la puerta de la cárcel al abogado Juan Collado. Y este jueves, los diputados de Morena promovieron un juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán, después de que la Corte echó abajo, por inconstitucional, la reforma eléctrica del mandatario. ¿Será que, en medio del proceso electoral y su preocupante tono de violencia e inseguridad, la administración lopezobradorista prefiere enfocar su atención en pelearse un día sí y el otro también con jueces y ministros?