La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó probables daños al erario por 785 millones 260 mil 300 pesos, por parte de Fonatur, durante la construcción del Tren Maya.

Se trata de pagos en exceso, deficiente planeación, pagos no justificados por liberar derecho de vía, trabajos que no cumplen con lo indicado, así como falta de acreditación de su programa de vigilancia ambiental y del proyecto ejecutivo, entre las irregularidades, que fueron descubiertas en sietes de los siete tramos del proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Son 10 las auditorías en las que se da cuenta de los probables desfalcos a la hacienda pública.

Destaca la auditoría de cumplimiento 2022-3-21W3N-19-0118-2023, en la que se reporta que el Fonatur “no proporcionó la información y documentación que justifique el pago por 10,019.3 miles de pesos para liberar el derecho de vía del Tren Maya”.

También la auditoría 2022-3-21W3N-22-0117-2023, en la que se da cuenta de pagos en exceso al personal por 11 millones 805 mil pesos, así como un desfalco por un millón de pesos “por concepto de servicios pagados no ejecutados”.

En la auditoría 2022-3-21W3N-22-0111-2023, se determinó que durante la construcción del Tramo 1, Palenque-Escárcega, en los Estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, se encontraron 57 millones 568 mil pesos pendientes de aclarar, principalmente por pagos en exceso en el suministro de acero, pagos indebidos a la empresa de supervisión, y deficiente planeación de los trabajos a ejecutar.

“Toda vez que la entidad fiscalizada en la licitación del contrato, no contempló la construcción de las estaciones Palenque, Boca del Cerro, El Triunfo y Escárcega, los viaductos Tenosique, Candelaria y Escárcega, la zona arqueológica y los Centros de Atención al Visitante (CATVIS), no obstante que las estaciones, puentes y viaductos sí se consideraron en el Análisis del Costo Beneficio del proyecto”, detalla el informe.

Para el caso del Tramo 2, Escárcega-Calkiní, en Campeche, la auditoría 2022-3-21W3N-22-0112-2023, determinó probables daños al erario por 28 millones 834 mil pesos, principalmente por pagos en exceso del Proyecto Ejecutivo, trabajos para la colocación de “Terracería a nivel subbalasto”, “Balasto”, “Obras de drenaje y un puente para el paso de fauna “que no cumplen con lo indicado”, y falta de supervisión a los trabajos realizados para la construcción de estaciones, paraderos, centros de atención, y obras de mejoramiento de zonas arqueológicas.

En el Tramo 3, Calkiní-Izamal, en los Estados de Campeche y Yucatán, la auditoría 2022-3-21W3N-22-0113-2023, determinó 65 millones 466 mil pesos pendientes por aclarar, principalmente por pagos en exceso en obras de salvamento Arqueológico, protección y tratamiento de vestigios, así como “trabajos que no cumplen con la calidad requerida” en la colocación de accesos, caminos auxiliares, pavimentos, guarniciones y señalización.

Para el Tramo 4, Izamal-Cancún, en Yucatán y Quintana Roo, la suerte es la misma, ASF detectó posibles irregularidades por 352 millones 311 mil pesos, por pagos en exceso a trabajos de “deficiencias de calidad” en el pavimento de la autopista, y por la colocación de una “Barrera central” de concreto, sin comprobar el cumplimiento del nivel de contención y la deflexión dinámica de proyecto.

En el Tramo 5 Sur, Playa del Carmen-Tulum, en Quintana Roo, hay 2 millones 153 mil pesos por aclarar, principalmente por pagos en exceso y por el inadecuado control y seguimiento de la Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública (BESOP).

En los Tramos 6 y 7, no se determinaron posibles daños al erario, pero sí importantes deficiencias.

En el Tramo 6, Tulum-Chetumal, en Quintana Roo no se acreditó el Programa de Vigilancia Ambiental ni la documentación mediante la cual se llevaron a cabo las medidas de mitigación, y tampoco se acreditó el manejo, registro y control del material destinado para el troceo mediante su respectiva bitácora, como tampoco el manejo, control y registro del arbolado recuperado y donado, supervisado por un ingeniero forestal con su registro.

Adicionalmente, no se acreditó contar con el proyecto ejecutivo ni los planos debidamente autorizados y firmados por las instancias competentes del FONATUR y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Tramo 6 del Tren Maya.

Finalmente, en el Tramo 7, Chetumal-Escárcega, en los Estados de Quintana Roo y Campeche, la auditoría de cumplimiento número 2022-0-07100-22-2112-2023, establece que las autoridades federales no acreditaron que se hubieran realizado las medidas de mitigación; el manejo, control y registro del material destinado para el troceo mediante su respectiva bitácora, supervisadas por un ingeniero ambiental del “Proyecto Tren Maya” correspondiente al Tramo 7.

Tampoco se acreditó contar con el proyecto ejecutivo ni con los planos debidamente autorizados y firmados por las instancias competentes, así como la integración de las memorias de cálculo y los estudios batimétricos, topográficos, hidrológicos y de mecánica de suelos para la ejecución de los trabajos. Tras la publicación de estas auditorías, Fonatur cuenta con un plazo de 90 días hábiles para solventar las observaciones.