Los gigantes del comercio electrónico, Amazon y Mercado Libre, fueron evidenciados por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por usar una estrategia artificial que atrae y retiene a los compradores, a la vez que inhibe a usuarios y vendedores de usar otras plataformas de compra.

Con ello, las empresas ya no podrán ofrecer a sus clientes paquetes que incluyan el servicio de streaming y videos en vivo, como parte de las membresías que ponen a disposición de sus usuarios.

Estas empresas reúnen todas las características de lo que Andrés Manuel López Obrador suele calificar como “imperialistas” y “neoliberales”. Sus respectivos fundadores, Jeff Bezos y Marcos Galperin, son el modelo de lo que el presidente considera como “machuchones”. No obstante, ambas compañías podrían librarse de una orden de separación de sus servicios para promover la competencia efectiva, con los beneficios que les generarían las reformas constitucionales de AMLO.

El dictamen preliminar que la Comisión Federal de Competencia Económica difundió respecto a los operadores del comercio electrónico en el país da cuenta de la especialización que ha alcanzado el órgano autónomo en materia de análisis e investigación de mercados. No es fácil regular a las plataformas digitales. Incluso en Estados Unidos avanzan lentamente en ese camino, por lo que el documento identificado con el folio IEBC-001-2022 habla de una autoridad de mercados madura que vale la pena preservar para beneficio de los consumidores.

A ocho de meses de entregar la banda presidencial, AMLO planteó la modificación del artículo 28 Constitucional para que la Cofece, que encabeza Andrea Marván, y sus 687 millones de pesos de presupuesto, desaparezcan de manera inmediata.

Las atribuciones de garantizar la competencia entre las empresas pasarían a manos de la Secretaría de Economía, que actualmente lleva Raquel Buenrostro. Todavía está en veremos tanto la aprobación del dictamen de la Cofece, como la aprobación de las reformas constitucionales, pero resulta que esta última sería el salvavidas de Amazon y Mercado Libre.

La reforma constitucional también contempla que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sea borrado del mapa y sus funciones las asuma la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que ahora lidera Jorge Nuño; en este caso el beneficiado sería otra vez Carlos Slim, quien ha cuestionado abiertamente la actuación del regulador del sector.

En el caso de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dejarían de existir para que la Secretaría de Energía, a cargo de Miguel Ángel Maciel, lleve a cabo sus tareas, aunque estas ya son inoperantes ahora que las presiden incondicionales de la 4T.

Para el Instituto Nacional de Transparencia la propuesta es que sus funciones se repartan entre varios entes: la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y las contralorías de cada oficina o dependencia. Así se podrían ahorrar y redireccionar, según lo ha dicho el presidente, los más de mil millones de pesos que representa el presupuesto anual del órgano garante. También podrían ahorrarse los sobresaltos que les generan las investigaciones periodísticas construidas con documentos obtenidos por el sistema de transparencia.

No obstante, es muy probable que la propuesta de reforma choque con pared en el Congreso de la Unión; no obstante, se sabe también que en el equipo de las candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, se trabaja en proyectos alternos que buscan modificar, sin llevar a la extinción, a los órganos autónomos y reguladores.

Varios de esos proyectos cuentan con la participación de personajes que se involucraron, en su momento, en el diseño y construcción de los mismos; muchos de ellos están de acuerdo con la necesidad de reducir gastos y endurecer los mecanismos de disciplina financiera, aunque coinciden en que por nada del mundo debe perderse el elemento de especialización.

Posdata 1

Pemex lleva ya tres meses sin actualizar el sitio “Pemex Transparente”, donde se registran los reportes mensuales de la deuda con proveedores, las cual se calcula en alrededor de 300 mil millones de pesos.

Para muestra de lo que se vive en la petrolera que encabeza Octavio Romero -a quien le están preparando una senaduría para blindarlo- basta mencionar tres casos. El año pasado se anunció el recorte de la inversión en el Campo Ixachi por 20 mil 684 millones de pesos, puesto que sólo se gastó una cuarta parte de lo programado en el arranque del 2023.

Otra muestra de la crisis es que el pasado 1 de diciembre, por falta de presupuesto, Pemex canceló el procedimiento de Adjudicación Directa 2023-258-PMX_SA_PC_GCSS-SASSO-AD-N-A para el arrendamiento de equipo de cómputo. En 2020 se publicó el oficio PEP-DG-SPRMSO-113-2020 mediante el cual canceló contratos de manera temporal de siete embarcaciones ante la falta de recursos económicos.

Con esto, Pemex suma a la fecha más de 100 litigios iniciados por proveedores por incumplimiento de pagos, entre los que destacan nombres de empresas como Fieldwood Energy, Petrobal, Ouchi Energy, Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes. Ante esto, la nueva administración federal deberá pensar en un plan de reestructura de fondo, que abarque condiciones operativas, de mantenimiento, de seguridad industrial y de deuda a corto plazo, pues el tiempo se agota para evitar un punto se no retorno de la petrolera.

Posdata 2

El exprocurador y candidato priista al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, sigue moviendo muchos hilos en el estado. Como se ha publicado en este espacio, arrebató la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica al gobierno de Samuel García y la puso a las órdenes de la Fiscalía estatal que aún controla. Además, sigue en la pugna por quedarse con el negocio de 3 mil millones de pesos que representan los activos del consorcio de parques industriales Desarrollo Logistik.

En este último caso los propietarios de la compañía, Fernando Pablo Villarreal Cantú y Blanca Guadalupe Ballesteros Almaguer, habían logrado obtener el cambio de medida cautelar para enfrentar desde su domicilio las imputaciones que les realiza el grupo de accionistas minoritarios cercanos a De la Garza; no obstante, el Poder Judicial del estado, que encabeza el magistrado Arturo Salinas, pretende regresar la prisión preventiva para la pareja.

El juez de Control y de Juicio Oral Penal, Armando Barajas García, argumenta que Villarreal y Ballesteros incumplieron las reglas del resguardo domiciliario, simple y sencillamente porque en alguna de las visitas del personal de supervisión este par de empresarios adultos mayores se tardaron más de 10 minutos en bajar escaleras hasta la puerta de su casa; la defensa exhibió material de que ambos se encontraban y se encuentran de manera permanente en el domicilio, pero así se las gastan hoy en día los impartidores de justicia en Nuevo León.

Posdata 3

Hablando de Nuevo León, el tema que apunta a escalar a un gran escándalo es el de la denuncia de extorsión del gobierno de Samuel García a empresarios, todo para financiar las aspiraciones de su esposa, Mariana Rodríguez, a la alcaldía de Monterrey.

La semana pasada dimos cuenta de los personajes que aparecen en los videos que se hicieron virales en las redes sociales sobre el “estadiogate”, en el que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, brinda y departe en un partido de futbol con sus colegas del partido.

Uno de ellos, conocido como “Mike” Flores, jefe de Oficina de Samuel García, ha sido central en la mayoría de los escándalos del gobernador. Legisladores de oposición lo han señalado como el responsable de instrumentar una estrategia de acoso para que se aprueben leyes en favor del gobierno estatal, mediante el congelamiento de cuentas, la clausura de negocios y el despido de los familiares de los diputados.

También a este personaje se le vincula con las extorsiones que han denunciado los empresarios de Monterrey, sobre todo los medianos y grandes, a quienes les han exigido grandes cantidades de dinero a cambio de favores políticos. Fuentes del partido y de la iniciativa privada regiomontana aseguran que el destino de esos recursos es la campaña de la esposa de gobernador a la presidencia municipal de Monterrey.