Mientras México experimenta una crisis humanitaria por los miles de migrantes que atraviesan su territorio, otras 380 mil personas viven en situación de desplazamiento forzado interno; familias de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, principalmente, se desplazan al norte del país por la violencia en sus comunidades de origen, señala la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH).

Esta organización, que impulsa una migración humana y ordenada, afirma que —de 2020 a la fecha— la cifra de desplazados ha aumentado hasta las 380 mil personas que tienen que abandonar su hogar por la violencia, lo que evidencia la magnitud de un fenómeno social que México reconoció legalmente desde 2019, pero no lo ha atendido y para muestra basta la falta de cifras oficiales al respecto.

En comparación, hasta 2020 se estimaba que existían poco más de 356 mil desplazados.

Sólo en Oaxaca, durante 2023 se documentaron al menos dos episodios de desplazamiento masivo de personas por violencia: El Tlacuache, una comunidad que pertenece al municipio Zimatlán de Álvarez, en los Valles Centrales, donde cerca de 300 personas huyeron de sus casas. A ellas se suman las familias de San Miguel el Grande, en la región de la Mixteca, donde fueron obligadas más de 150 personas a huir de la comunidad de Lázaro Cárdenas luego de que les quemaran sus casas, bienes, vehículos y su bosque.

En esta comunidad, apenas en el mes de noviembre fueron asesinadas cinco personas con armas de alto calibre en una emboscada y, hasta el momento, se mantiene cerrado el acceso principal al municipio, por lo que decenas de familias desplazadas se encuentran refugiadas en otras localidades e incluso fuera de Oaxaca. En ambos casos las víctimas son personas indígenas.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados que reportan mayor número de indígenas desplazados en el país, tanto en términos de episodios como en cantidad de personas.

Sin embargo, también los estados del centro, como Guanajuato y Michoacán, o del norte, como Zacatecas, figuran por desplazamiento.

“Lo que nosotros vemos, en general, es que hay unas cifras altas y preocupantes de personas desplazadas año tras año en el país”, explica a EL UNIVERSAL Daniel Márquez, oficial de desplazamiento interno de la CMDPDH, quien considera que más de 380 mil personas en situación de desplazamiento forzado en México bastan para que se hable también de una crisis humanitaria al interior del país.

Datos de la comisión señalan que entre enero y junio de 2023 se registraron 26 eventos de desplazamiento interno por violencia en México, mismos que ocurrieron en Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Zacatecas.

Como resultado, sólo en el primer semestre de 2023 hubo al menos 7 mil 710 personas víctimas de este fenómeno, en promedio se registró un evento de desplazamiento por semana y hubo 43 personas desplazadas al día, de acuerdo con el registro de la CMDPDH.

Pablo Cabada, asociado de protección para personas desplazadas internas de la Unidad de Protección de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), coincide sobre la existencia de una crisis por el desplazamiento interno, sobre todo por la sistemática violación de derechos humanos que implica.

“El Programa Nacional de Derechos Humanos habla de que el desplazamiento interno es una de las manifestaciones de la crisis de derechos humanos que se vive en México. Entonces, hay un reconocimiento desde el Estado de que hay una crisis y que el desplazamiento interno es una manifestación. Además, los argumentos de la Corte Interamericana nos dicen que el desplazamiento interno es una violación continua de estos derechos”.

El desplazamiento interno fue reconocido por el Estado apenas en 2019, cuando la Secretaría de Gobernación (Segob) informó sobre una iniciativa de ley para enfrentar el problema, la cual definiría “las responsabilidades del Estado en esta materia”. A cuatro años, dicha ley no ha avanzado y las condiciones de las personas víctimas del desplazamiento son casi inhumanas. Tampoco existen datos desagregados que ayuden a entender la violencia generalizada que atraviesa México y que origina este fenómeno.

La OIM coincide en que ha habido un incremento de la movilidad de personas desplazadas, principalmente hacia el norte, y expone que la violencia generalizada es la causa principal por la que las personas se desplazan, esto tras una encuesta realizada en albergues de 12 ciudades de seis estados de la frontera norte del país.

Dicha encuesta arrojó que 91% de los refugiados consultados dijo haber tenido que abandonar su hogar por un contexto de violencia generalizada en sus comunidades de origen. Los hallazgos también indican que los estados del sur, como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, son de los que más personas se desplazan hacia el norte a causa de la violencia, los cuales se suman a Michoacán, que sigue siendo el principal expulsor, indica Pablo Cabada.

El común denominador en los casos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán quedó a la vista en 2023. Tanto autoridades como pobladores han reconocido que el desplazamiento se vincula a la presencia del crimen organizado.

En Oaxaca, el gobierno estatal reconoció, tras dos emboscadas que dejaron 14 personas asesinadas, presuntamente a causa de conflictos agrarios, que tras este tipo de pugnas se encuentran otros delitos como tráfico de armas, trasiego de drogas y tala clandestina.

“Se están viendo cada vez más personas mexicanas desplazadas que están llegando a la frontera del norte, debemos nombrar y visibilizar este fenómeno; lo que hemos hecho es dar seguimiento a casos principalmente en el norte de México, a petición de los gobiernos locales”, agrega el asociado de Protección del OIM.

“Es muy importante poner la mirada en este problema porque nos dice mucho de los flujos de violencia que hay en el país; entender cuáles son las comunidades, los estados, las regiones económicas e incluso quiénes están sufriendo este fenómeno, pues nos habla de la violencia del crimen organizado, nos habla de sus estrategias, de la apropiación del territorio, pero también nos habla de la incapacidad —en muchos sentidos— de prevenir por parte de los estados.

“Que siempre tengamos comunidades que año con año reportan desplazamientos habla de una incapacidad de hacer frente de manera eficiente a este fenómeno”, expone Daniel Márquez.

Laura Alvarado, oficial de desplazamiento interno de la CMDPDH, señala que el Estado debe garantizar una adecuada respuesta a este fenómeno tanto en términos de la prevención como en atención y reparación, además de la búsqueda de soluciones durables.

“No sólo es visibilizar el fenómeno, es pasar también a exigir más acciones concretas por parte del Estado, de los distintos niveles de gobierno, pues es una afectación muy profunda al proyecto de vida de cualquier persona”, expone.

Daniel Márquez añade que el desplazamiento significa un cambio de proyectos de vida individual, familiar y colectivo hasta llegar a una ruptura del tejido social de los pueblos indígenas, lo que es difícil de reparar.

Las organizaciones esperan que con la aprobación de Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno —cuando sea descongelada— se facilite la distribución de responsabilidades y la asignación de presupuesto que apoye a avanzar o a mejorar las condiciones de las víctimas. En México sólo Chiapas, Guerrero y Sinaloa han aprobado leyes para la prevención y atención del desplazamiento interno.