Con su nuevo director general, Leonel Cota Montaño, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) volvió al esquema de secado de leche para dar cobertura a la demanda del Programa de Abasto Social. El organismo tomó la decisión de no importar dicho alimento de Estados Unidos, lo cual vuelve a poner la mira en los empresarios que están bajo investigación de la Fiscalía General de la República. Este esquema muy cuestionado es el que mantiene en prisión al exencargado de las finanzas del organismo, René Gavira.

El negocio de la leche en polvo ha sido históricamente un dolor de cabeza para la administración pública, pues los procesos de secado siempre han estado plagados de corrupción. La clave aquí es el producto resultante: la crema de leche, la cual tiene un valor importante en el mercado y pertenece al propietario de la leche fresca que pasa por el proceso de industrialización.

Los funcionarios de Liconsa, subsidiaria de Segalmex, han sido eternamente denunciados por regalar esta crema a los proveedores del servicio de secado, o bien por vendérselas a un precio más bajo del que se encuentra en el mercado. México secará este año unos 600 millones de litros de leche adquiridos a los productores mexicanos, por lo que reducir tan solo un peso el precio al que se vende la crema, deja para los empresarios, casi siempre en colusión con los funcionarios, un negocio también de cientos de millones de pesos.

Esta es una de las razones por las que el extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, se encuentra bajo procesos penales, pues vendió cada kilo de crema resultante de la leche propiedad de Liconsa hasta en cinco pesos más abajo de lo que se encontraba en el mercado, especialmente a la empresa Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna, o Coprolac, de Carlos Ernesto Herrera.

Gavira siempre justificó la negociación directa con los empresarios mexicanos con la necesidad de hacer autosuficiente al país en materia alimentaria. Según sus palabras, esta era una instrucción directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que la otra opción era seguir importando alrededor de 30 mil toneladas anuales de leche en polvo desde el extranjero, con una inversión superior a los 2 mil millones de pesos, a través de compañías que en su momento también fueron cuestionadas, como Industrias Lácteas Asturianas, conocida como ILAS, subsidiaria de la trasnacional Reny Picot.

Dicha alternativa fue la que eligió Leonel Cota Montaño, actual director de Segalmex, después de que estalló el escándalo de corrupción de su antecesor Ignacio Ovalle: decidió importar hasta 50 mil toneladas de leche de Estados Unidos y lo anunció con bombo y platillo en la conferencia de prensa mañanera, como una medida para erradicar la corrupción.

Ahora regresa a la idea original para involucrar una vez más en el proceso de secado a las empresas que apoyaron el proyecto de Gavira. Firmas como Productos Loneg, Leche 19 Hermanos, Pasteurizadora Maulec, Distribuidora Mexicana Agronómica, Lamex Agrialimentos y la misma Coprolac tendrían que comenzar los trabajos de suministro a la par de ser revisadas por la FGR en el marco de las carpetas que permanecen abiertas por el presunto desfalco a Segalmex.

Otro escándalo de dimensiones estratosféricas.

Posdata 1

Por cierto, el director general de Segalmex, Leonel Cota Montaño, respondió ayer a la columna en la que referimos que en la próxima legislatura llegaría al Congreso para hacerse de fuero e intentar evadir posibles averiguaciones relacionadas con su gestión al frente de esa dependencia, como la adjudicación directa de 10 mil millones de pesos que le dio a un empresario poblano para comprar “crema de leche y fórmulas lácteas” el 14 de diciembre del 2022.

Se trata del contrato AA-008VSS998-E10998-2022, mediante el cual la empresa Mexicana de Industrias y Marcas, del empresario poblano Teodoro Espejo Barradas, debía suministrar, según datos de la plataforma de transparencia, “media crema delite” y “producto lácteo combinado ultra pasteurizado delite”, es decir crema y leche líquida para atender el Programa de Abasto Rural que comprende 25 mil puntos de venta distribuidos en el país.

Cota Montaño alude a errores en el sistema de captura de los contratos; no obstante, una “pifia” similar habría ocurrido con el contrato 2831781 del 8 de agosto de 2022 mediante el cual se otorgó, desde Diconsa, a Jabonera la Espuma, de Manuel Ambriz, el suministro de blanqueadores en las tiendas rurales por un monto también cercano a los 10 mil millones de pesos. Esta columna cuenta con los documentos que amparan esas cantidades, aunque extrañamente hayan desaparecido de la plataforma de Compranet.

Posdata 2

Sobre los nombramientos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), desde mediados del año pasado dimos cuenta en este espacio de los perfiles con los que la 4T planeaba hacerse de este importante tribunal, situación que se consumó este inicio de semana con el nombramiento de 20 magistraturas que estaban pendientes.

Como anticipamos, fueron aprobados por la mayoría morenista Miguel Carrasco Hernández, el exfiscal general de Justicia Militar, y Magali Iraís Mendoza Ríos, hija de la Consejera Jurídica, María Estela Ríos.

Aunque no logró llegar a la SCJN, la consejera fue una de las grandes ganadoras de los nombramientos, pues prácticamente todos sus colaboradores se integrarán al mencionado tribunal. Por ejemplo, Claudia Angélica Nogales Gaona, su consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso; Edgar Armando Aguirre González, su director General de Defensa Jurídica Federal; Eduardo Manuel Méndez Sánchez, su director General de Legislación y Estudios Normativos, y Diana Tecontero Juárez, su consejera adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales.

Posdata 3

Los “nuevos dueños del PRI”, “Alito” Moreno, Rubén Moreira y Manuel Añorve están de vuelta como matraqueros y comparsas del oficialismo, aunque se asumen públicamente como oposición y como integrantes del frente Fuerza y Corazón por México, de Xóchitl Gálvez.

Resulta que apoyaron, por un lado, los nombramientos de las y los magistrados del TFJA que impulsó Morena y ahora anunciaron que quieren votar a favor de la reforma de pensiones de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que saben que, por lo que ha esbozado el Presidente, que es imposible de lograr con base en las finanzas públicas del país.

La realidad es que a los tres los tienen bajo investigación: a Alito, con sus ranchos, casas, autos de lujo y audios/videos/fotos comprometedores que no han sido revelados; a Rubén Moreira con otras pesquisas sobre propiedades y presuntas cuentas en el extranjero, y a Añorve también con propiedades, cuentas y una sociedad mayoritaria en una cadena de restaurantes muy conocida en la Ciudad de México, de esas relacionadas recientemente con presunta discriminación a sus clientes.

El miedo no anda burro, dice el refrán.