El caso más importante ha sido, sin duda, el de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón. García Luna ya tuvo su juicio en Nueva York, que lo declaró culpable y que, como siempre dijimos, no se basó en pruebas, porque no tenían siquiera una, sino en testimonios de narcotraficantes que cambiaron sus condenas por los mismos, narcotraficantes que, paradójicamente, habían sido detenido por García Luna.

El hecho es que fue declarado culpable y eso ha sido una enorme arma propagandística para el gobierno federal que no pudo hacer transitar ningún proceso con García Luna en México basado en su presunta relación con el narcotráfico, porque tampoco encontró pruebas. En México, los procesos contra el exsecretario se basaron en atacar por sus negocios a sus socios en Miami, la familia Weinberg, y a la propia familia de Genaro. Pero lo cierto es que incluso en este tema no tienen base las acusaciones. Los negocios de los que se habla fueron realizados después de que García Luna fue secretario y son legítimos, contratos con empresas y dependencias, con una empresa consolidada en Miami que trabajaba hasta con instituciones de seguridad de los Estados Unidos. La persecución a la familia, la esposa, hermanos, sobrinos, me parece detestable.

Pero en Estados Unidos se ha abierto un nuevo espacio en el caso García Luna que no debería ser subestimado. Se tenía que establecer sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública en marzo, pero la misma fue pospuesta porque el juez Brian Cogan, de la Corte de Nueva York, aceptó revisar un documento de la defensa, que exhibe numerosas irregularidades en las que cayó la fiscalía, la parte acusadora: los testimonios de los criminales que actuaron como testigos fueron coordinados; alguno de ellos, que se presentaba como testigo protegido en la fecha en que hizo ese acuerdo, seguía con actividades criminales, lo que anula su testimonio. Un exfuncionario de Coahuila, también preso y testigo colaborador que brindo testimonio sobre supuestos pagos a García Luna, se equivocó en lugares y fechas; por ejemplo, dijo que García Luna usaba para espiar el equipo Pegasus desde 2009, cuando ese equipo apareció en el mercado en 2011, o que hizo una visita al búnker de la Policía Federal donde se habló de sobornos, en una fecha en que ese búnker apenas estaba en construcción. Un agente de la DEA dijo que tenía conocimiento de la corrupción de García Luna desde 2010, pero resulta que jamás lo informó a sus superiores, lo dijo 13 años después en el juicio. De ser verdad es un delito, si no el testimonio queda anulado por falsedad. Si el juez acepta el documento, se podría anular el juicio y reponer el mismo y hasta dejar en libertad a García Luna. Si el caso, como algunos creemos, está politizado como parte de algún tipo de acuerdo entre áreas de la administración de López Obrador con la de entonces de Trump, podríamos tener novedades importantes al respecto.

El caso Ayotzinapa hace tiempo que se cayó. Lo sucedido aquel 26 de septiembre de 2014 es lo que, en términos generales, dijo la procuraduría en aquellos años y en investigaciones más ampliadas, como la que sostuvo la CNDH, cuando fungía como tal,y la presidía Luis Raúl González Pérez, y lo que escribimos en el libro La Noche de Iguala (Cal y Arena, 2018). Con una diferencia, la enorme mayoría de los sicarios y líderes criminales que estaban presos terminaron en libertad por la inepta y sospechosa investigación de la fiscalía especial. Y siguen saliendo: Estados Unidos anunció que dejó en Libertad a El Transformer, uno de los jefes de Guerreros Unidos y quien tuvo un papel central en la comunicación entre los líderes y operadores de ese cártel entre Chicago e Iguala, que fueron interceptadas por la DEA. Y que dejaban muy en claro qué había sucedido esa noche. Mientras tanto, en una venganza política y sin pruebas en su contra, se deja desfallecer en la cárcel al exprocurador Jesús Murillo Karam.

En la llamada Estafa Maestra, salvo algún eslabón muy pequeño, las acusaciones realizadas se terminaron diluyendo en la nada. En el caso Lozoya, el exdirector de Pemex acaba de perder la demanda que le presentó la periodista Lourdes Mendoza y no pudo comprobar ninguna de sus acusaciones. Así y todo, el propio Lozoya estaría a punto de quedar en libertad.

El caso del llamado Cártel Inmobiliario, para acusar a dirigentes y funcionarios panistas de la Ciudad de México, tampoco parece transitar hacia algún lado. Sirve como propaganda y quizá para librar alguna orden de aprehensión en tiempos electorales, pero no parece haber, por lo menos que se hayan visto en estos meses, pruebas sólidas que sostengan el caso.

Mientras tanto, emergen en el horizonte dos temas que sí son actuales, que sí tienen pruebas y que pueden ser delicadísimos en el futuro inmediato, sobre todo en cuanto termine esta administración: el caso Segalmex, con un fraude superior a los 15 mil millones de pesos, realizado este sexenio por funcionarios de esta administración, y ahí está, pendiente, la espada de Damocles de las denuncias contra los hijos del Presidente.