El final del 2023 encendió diversas alarmas en el Gobierno debido a los hechos de violencia política registrados en Guerrero, Michoacán, CDMX (salida al extranjero de Omar García Harfuch) y Tabasco, todos territorios gobernados por Morena. Desde la Secretaría de la Defensa se le pidió a Andrés Manuel López Obrador evitar grandes aglomeraciones de gente, un proceso que se inició el año pasado cuando el presidente dejo de utilizar aviones comerciales y comenzó a movilizarse en los jets privados del Ejército.
Los entornistas de Palacio Nacional como Epigmenio Ibarra o el vocero Jesús Ramírez quieren ver a López Obrador rodeado de gente en este 2024, consideran que es elemental para la denominada “batalla cultural”. Pero la seguridad de momento se impone.
Y López Obrador por ahora acata la recomendación. De ahí que hace algunos días dijo que evitaba más contacto con “el pueblo bueno” porque, según él, las televisoras mandarían reporteros y cámaras a incomodarlo. Pero lo cierto es que el general Luis Crescencio Sandoval teme un estallido de violencia asociado a las elecciones.
Detalle que expone una realidad ya instalada en las reuniones del gabinete de seguridad: la estrategia de “abrazos no balazos” no ha pasado el filtro estadístico. López Obrador ya no se muestra cómodo con el tema y tampoco le conforma anunciar reducciones en delitos menores cuando las muertes violentas y los desaparecidos ya superan los datos del gobierno de Felipe Calderón.
Los militares fueron quienes demoraron durante meses el viaje presidencial a Badiraguato, Sinaloa, por temer alguna represalia ante la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos y, ya más cerca en el tiempo, le pidieron que no vaya a Acapulco ante el desastre de Otis y blindaron toda la informaciónsobre un confuso episodio en un hospital de Cancún.
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