EL JUEVES FUE presentada Lenia Batres como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La ministra Yasmín Esquivel, pidió, por no decir, exigió, que fuera ella quien le diera la bienvenida ante su nueva investidura, por considerarse la más cercana a las causas del Obradorato.

Sin Arturo Zaldívar, Yasmín quiere encabezar el grupo pro 4T. Pero no será tan sencillo. Lenia va acompañada de su nuevo coordinador de ponencia: Netzaí Sandoval Ballesteros.

Hermano de la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y pupilo de su radical cuñado, John Ackerman, pero sobre todo, cercano a Zaldívar, quien lo nombró titular de la Defensoría Pública Federal, y que fue despedido por la actual ministra presidenta, Norma Piña.

Lo que no se sabe es cómo serán a partir de ahora las dinámicas Lenia-Netzaí: a todas luces, Netzaí, fallido candidato al Consejo de la Judicatura Federal, al INE y a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, le queda corto el puesto de coordinador de ponencia.

Pero se consuela, y lo dice a viva voz: él será el ministro en las sombras. Él será el verdadero ministro detrás de Lenia. Porque él tiene la credenciales, el currículum y la capacidad.

¿Qué pasará cuando su jefa se entere de esos desplantes? ¿Sabrá su jefa de su pasado ostentoso, con guardespaldas y carros blindados, cuando fue titular de la Defensoría? ¿Sabrá su jefa de los reclamos de acoso laboral que le imputaron a Netzaí?

O peor… habrá olvidado la ministra Lenia la pésima administración de su nuevo coordinador en la Escuela Ponciano Arriaga, donde ella fue profesora?

Netzaí y su fama de soberbia lo trascienden. Cuando fue despedido, ni siquiera su anterior jefe le dio refugio en su ponencia.

El se considera “progresista” y defensor de derechos humanos, pero sobre todo, espera que este pequeñísimo puesto sea su catapulta para ser por lo menos Magistrado Federal, si es que el plan de la Reforma Judicial constitucional no funciona.

Netzaí ya se reunió varias veces con Yasmín. Le prometió ser el puente para su plataforma electoral a la Presidencia de la Corte. El Ministro en las sombras, quiere salir a luz.

Quiere que se sepa en privado y en público que él será el ministro. Él decidirá. Él construirá los criterios. Con él se acordará. Por ahora se presenta poderoso. Dispuesto a todo. Quiere ser quien derroque a Piña y cobre la osadía de haberlo corrido.

Por ahora algo ha logrado: su llegada ha causado muchas lamentaciones y quejas dentro del Poder Judicial.

PUES CON LA novedad de que en un país del que emanan injusticias indecibles y víctimas a borbotones que nunca son escuchadas, la Fiscalía General de la República (FGR), tuvo a bien endosarle la prerrogativa constitucional del monopolio de la acción penal a Paulo Díez Gargari. Resulta que, al igual que como sucede con cualquier ciudadano víctima de un delito, el representante legal de Infraiber se apersonó ante la instancia que comanda Alejandro Gertz Manero a denunciar la supuesta explotación ilegal del Viaducto Bicentenario en contra de la empresa concesionaria y, cómo no, del Estado de México. Si habitáramos en otra realidad, la primera pregunta que haría la Fiscalía al denunciante sería: ¿y a usted en qué le afecta?

A lo que un denunciante honesto hubiera contestado: “Yo represento a la empresa que compitió en contra de la concesionaria por dicha concesión y todavía no lo supero”. Y la FGR hubiera rebatido: Pero ni la Secretaría de Infraestructura, ni ninguna otra entidad gubernamental federal comparte su teoría y de hecho han recalcado, una y otra vez, la última el 21 de diciembre de 2023 durante la conferencia mañanera a cargo Jorge Nuño, que la concesión pertenece al estado que gobierna Delfina Gómez.

Pero como esto es México, el Ministerio Público Federal hizo un copy paste de las teorías jurídico-conspiracionistas de Diez Gargari y solicitó audiencia de imputación en contra de ex funcionarios del Estado de México y de la empresa concesionaria. De los primeros apunte a Ernesto Nemer, Luis Gilberto Limón, Alberto Angulo y Jorge González, y de los segundos a José Andrés de Oteyza, Sergio Hidalgo y Rubén López.

Contrario a lo que han difundido distintos medios, no existe resolución judicial ni acto de autoridad alguno que establezca que el Viaducto Bicentenario pertenezca a la Federación.

DESPUÉS DE TRES posposiciones, el 29 de diciembre la Secretaría de Marina, que capitanea el Almirante José Rafael Ojeda Durán, asignó a Servicios Integrales en Seguridad Privada Kavi el contrato para el “Servicio de Seguridad y Vigilancia en las Instalaciones y Tramos Asignados al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec”.

Con una oferta de 54 millones de pesos para todo el ejercicio de 2024, la firma que representa Hugo Martínez Mirón se impuso a Sedegral Seguridad Privada Defensa en General, de Óscar Audomaro Martínez Hernández.

En la apertura inicial de propuestas la de Sedegral se observaba como la más económica, con un precio mínimo de 48.4 millones, pero al integrar también su precio máximo final se disparó hasta los 102 millones de pesos, casi al doble del presupuesto ganador.

PUES NADA, QUE la Asamblea de Accionistas de Altos Hornos de México (AHMSA) del jueves 21 de diciembre quedó sin efectos porque el Juez Segundo Especializado en Concursos Mercantiles, Saúl Martínez Lira, la declaró ilegal.

Con ello se abre el camino a la quiebra de la compañía y la pérdida de los potenciales inversionistas que habían comprometido 595 millones de dólares de inyección de capital. El problema, se insiste, sigue siendo la presencia de Alonso Ancira y familia. La intención es quitarlo y ya con él afuera intentar reflotarla.

AEROMÉXICO INICIA 2024 con un verdadero desafío: el acatamiento  de la autoridad aeronáutica que lo obligó a bajar sus Boeing 737-MAX-9 tras de que la Federal Aviation Administration (FAA) ordenara a Alaska Airlines inmovilizarlos luego del desprendimiento de parte del fuselaje de uno de sus aviones el viernes pasado en un vuelo de Portland a Ontario, California.

Si en los próximos días la FAA lanza una directiva mundial, el golpe para la compañía que dirige Andrés Conesa será muy duro. Y es que Aeroméxico, que preside Javier Arrigunaga, posee 19 de ellos.