Pablo Vega, parte de Guerreros Unidos, la red criminal que atacó a un contingente de estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, en 2014, en Iguala, Guerrero, en el centro de México, seguirá su proceso en libertad. Vega vivía preso en Estados Unidos desde 2014 por narcotráfico y otros delitos, cometidos presuntamente en aquel país. Como ha informado el diario Milenio, Vega pagó una fianza de 200.000 dólares para esperar el juicio desde su casa. No han quedado claras las condiciones de este cambio de estatus, si el acusado tendrá que ir a firmar periódicamente al juzgado, etcétera.

Su situación resuena en México, por la información que podría aportar en el marco del caso Ayotzinapa, vieja aspiración de la unidad especial de la Fiscalía General de la República (FGR) que investiga este asunto. En la época del ataque, Vega era parte de la estructura de Guerreros Unidos en Illinois, desde donde gestionaba la importación de heroína producida en las montañas de Guerrero, y su distribución en la costa este de EE UU. En ese entonces, las autoridades de aquel país tenían pinchado su teléfono y el de otros integrantes de la red criminal, caso de los hermanos Casarrubias Salgado, líderes del grupo.

En los mensajes interceptados, incorporados a las investigaciones aquí en México, gracias a la colaboración del Gobierno de Joe Biden, en especial de su vicepresidente, Kamala Harris, Vega y los Casarrubias, entre otros, se refieren al ataque contra los normalistas, que dejó seis muertos y 43 desaparecidos y sacudió al país como pocos eventos lo han hecho en los últimos tiempos. De los 43, las autoridades solo han encontrado restos de tres estos años. Aún hoy, no hay claridad sobre los motivos del ataque o el destino de los muchachos.

La liberación provisional de Vega interpela a la Fiscalía y, en general, al Gobierno mexicano. La UEILCA, la unidad especial de la FGR para el caso Ayotzinapa, obtuvo en 2020 una orden de aprehensión contra Vega por delincuencia organizada, en el marco de la acusación que consignó al juez, donde señalaba igualmente a los cuatro hermanos Casarrubias, acusados estos también de desaparición forzada de personas, vinculados directamente al ataque contra los estudiantes.

En su día, una fuente de la Fiscalía señaló a este diario que la dependencia había iniciado una petición formal para la extradición de Vega. La petición habría salido de la UEILCA y debería haber llegado a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, que debería haberse puesto en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). EL PAÍS se ha puesto en contacto con voceros de la FGR y de la SRE para preguntar por el estado de la solicitud, pero de momento no ha tenido respuesta.

Para las familias de los 43, sus abogados y el grupo de investigadores independientes que comisionó la CIDH a México para investigar el caso, el GIEI, interrogar a Vega era muy importante. Lo sigue siendo. En su primera etapa, con el fiscal Omar Gómez al frente, la UEILCA trató de acercarse a Vega, de convencerle para que declarara desde la cárcel, en Illinois. Pero siempre se negó, según fuentes conocedoras de las investigaciones. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con su sucesor, Rosendo Gómez, al frente de la UEILCA desde octubre de 2022, para preguntarle si en este año y medio ha insistido en este asunto, pero no ha obtenido respuesta.