El gobierno de la 4T ha creado muchos multimillonarios, quienes se han beneficiado del “manto protector” que, consciente o inconscientemente, les ha otorgado el presidente Andrés Manuel López Obrador al “decretar” que en su gobierno ya no hay corrupción. Los nuevos ricos también han aprovechado el desplazamiento de empresas proveedoras de gobierno, ya sea porque han sido tachadas de corruptas o simplemente porque al llegar los funcionarios de la 4T se crearon nuevas redes de “empresarios” amigos –o como les llama el presidente, “traficantes de influencias”–, para hacer negocios, algunos de miles o decenas de miles de millones de pesos.

El modus operandi que ha sido revelado en este espacio y por otros medios de comunicación es la creación de empresas fachada para obtener contratos, simular participación entre estas y que el negocio quede en manos de familiares, amigos o parientes de funcionarios en activo o cercanos a quienes ejercen el poder dentro de la 4T, la mayoría con lazos en Palacio Nacional, donde despacha el presidente.

La constante es que estas empresas están ligadas casi siempre a un funcionario de Morena o de la 4T, aunque también hay algunos emanados de las administraciones pasadas.

En esta columna se dio a conocer a finales del año pasado el caso de los contratos para otorgar servicios de atención médica integral a los empleados de Nacional Financiera y del Bancomext: más de 2 mil millones de pesos que se entregaron a la polémica empresa Atlantis Operadora de Servicios de Salud y que tras los señalamientos sobre irregularidades decidieron retirarle. Luego de la rescisión de esos contratos, los organismos que encabeza en conjunto Luis Antonio Ramírez Pineda adjudicaron de manera directa los mismos a una firma ligada a un exfuncionario de los gobiernos panistas.

Se trata de la razón social Proveedora de Servicios Empresariales y Soluciones Óptimas SA de CV, mejor conocida como Proseso, vinculada con el exjefe de Servicios Informáticos del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE, Javier Baca Meza en tiempos de Felipe Calderón. En su historial se le identifica también haber sido el encargado del proceso de pago de nómina para todos los trabajadores del mismo instituto de salud. Previamente fue programador en Financiera Rural y desde el 2008 se le perdió la pista en la función pública. En dicho año Proseso obtuvo su primer contrato público con la Secretaría de Salud por 41 mil pesos. Es el único que se tiene registrado en aquellos tiempos.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto le fue mejor, aunque no para declararse millonario. De 2013 a 2018 Proseso obtuvo contratos con el gobierno federal por 9.2 millones de pesos; le vendió zapatos, vestuario y equipo de cómputo a organismos como el Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El contrato más elevado que recibió en el gobierno pasado se lo otorgó en abril de 2018 la Secretaría de Cultura, que compró “prendas de protección” por 1.5 millones de pesos.

La verdadera suerte de este exfuncionario, quien es representante legal y director de Proseso, vino con la 4T: desde los poco más de 9 millones que obtuvo del sector público en el sexenio pasado, pasó a vender 5 mil 300 millones de pesos, todo en servicios de atención médica integral para los empleados de Nafin y Bancomext, además de los de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del Banco del Bienestar y del Banjercito. Los primeros tres organismos hicieron a Proseso su proveedor desde el 2020, en una licitación en la que la empresa que se inauguró en el mercado de seguros de atención médica venció al gigante francés AXA Assistance México. En aquel entonces se llevó 2 mil 650 millones de pesos.

En 2021 consiguió contratos con Banjercito y Banco del Bienestar por un monto total de 520 millones de pesos, para luego coronar su bonanza con la 4T en 2023 con la adjudicación directa de 2 mil 130 millones de pesos con Nafin y el Bancomext.

Posdata 1

Como se anticipó, Ernestina Godoy no fue ratificada por el Congreso de la Ciudad de México para quedarse al frente de la Fiscalía capitalina por cuatro años más, aunque se quedó a sólo dos votos de lograrlo, pues dos diputadas priistas cambiaron de opinión en el último momento y votaron a favor de su ratificación. Ambas van a ser desafiliadas del partido, según informó ayer el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Falló la operación política de la 4T capitalina, quien echó a andar todo el aparato del gobierno para intentar la ratificación. Los morenistas no ven esto como una derrota, pero sí lo es. La oposición se impuso como se ha impuesto en el Congreso federal para evitar que se aprueben las reformas constitucionales promovidas desde el Ejecutivo.

Sin embargo, en la práctica, lo más seguro es que la Fiscalía de la CDMX se mantenga tal y como está: dando tumbos en sus investigaciones, persiguiendo solamente a opositores y haciéndose de la vista gorda con los escándalos que han implosionado en Morena. Lo más probable es que el encargado de despacho que sustituirá a Ernestina Godoy, Oliver Pilares, quien se venía desempeñando como coordinador de Fiscalías Territoriales, se mantenga en el cargo hasta la llegada de un nuevo jefe o jefa de Gobierno y una vez instalada la nueva Legislatura emanada de las elecciones del 2 de junio.

Mientras tanto, desde donde esté Ernestina Godoy seguirá moviendo los hilos de la Fiscalía. Este lunes Ricardo Monreal la destapó para el Senado de la República. Ayer expusimos que el deseo de la precandidata Clara Brugada era que se lanzara como candidata a la alcaldía Iztapalapa, pero al parecer ese lugar ya está ocupado por Aleida Alavez, y aunque no se descarta por completo, todo indica que no es donde le gustaría estar a la hasta hoy fiscal.

Posdata 2

Vaya que generaron reacciones las reformas anunciadas el fin de semana por el presidente López Obrador. La primera, referente al salario mínimo, y la segunda al sistema de pensiones. Al más puro estilo obradorista, logró alborotar a la opinión pública, mientras el país se hunde cada vez más en la inseguridad y la violencia.

A reserva de analizar a detalle las iniciativas una vez que se presenten, la que tiene que ver con el salario mínimo, que crecerá 182% en el sexenio y 110% descontando la inflación, parece no tener mucho sentido. Lo que quiere el presidente es que todos los años se incremente el salario mínimo por arriba de la inflación, aunque mantenerlo así, constitucionalmente, generaría… más inflación.

Y sobre las pensiones, si bien se alertó sobre un intento por echar mano de los recursos que tienen las Afores de los trabajadores (más de 5.5 billones de pesos), la realidad es que la reforma que se hizo en 2020 ya hace posible aumentar en promedio de tasa de reemplazo a 70%, que es lo que busca el presidente López Obrador.

Posdata 3

El escenario político en Yucatán se comenzó a mover una vez que terminaron las precampañas y están listos los primeros sondeos de preferencias electorales, por lo que se empiezan a tomar bandos de cara a los comicios de junio próximo.

Los morenistas no aceptan la llegada de expriistas y expanistas al movimiento, como Jorge Carlos Ramírez y Rommel Pacheco, por lo que se han empezado a bajar del barco de la 4T para pasarse del lado del frente.

El más reciente ejemplo es el del diputado federal Mario Peraza Ramírez, que dejó al movimiento de la 4T para hacer campaña en la costa por el panista Renán Barrera, luego de acusar que los morenistas han sido relegados para dar paso a perfiles provenientes de otros partidos.