La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dispone a invalidar reformas estratégicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, entre otras cosas, arrebatan a la Secretaría de la Defensa Nacional el control del Tren Maya.

De aprobarse los proyectos enlistados para sesionar en plenos programados entre el 9 y 11 de abril, y de prevalecer la lógica jurídica observada en el supremo tribunal, se abrirá también el camino para acabar con el sueño presidencial de una Mexicana de Aviación militar y con el control del Ejército sobre los aeropuertos.

Están listos en el máximo órgano de justicia cuatro proyectos de resolución para acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores y diputados de oposición contra decretos aprobados por la mayoría legislativa de Morena en la sesión del 28 de abril de 2023, conocida ésta como el “viernes negro”. En los cuatro casos, correspondientes a las modificaciones a las leyes del Servicio Ferroviario y de Vías Generales de Comunicación, a la Ley para el Control de Precursores Químicos, a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley del ISSSTE, la propuesta de los ministros es la misma: se invalida el decreto por violaciones al proceso legislativo.

El ministro Alberto Pérez Dayán, identificado por la 4T como parte del “grupo opositor”, es el encargado del expediente 112/2023, relacionado con el decreto por el que el gobierno sostiene para la Sedena el control operativo del Tren Maya. En su proyecto de resolución para la acción de inconstitucionalidad, confirma que hubo una “indebida dispensa de trámites en la Cámara de Diputados”, que no se realizaron los trámites para la “modificación temporal respecto del lugar donde sesiona el Pleno del Senado” y que “no se verificó el quórum para reanudar la sesión del Senado”.

Juan Luis González Alcántara, ministro propuesto e impulsado por AMLO, pero incorporado al ala que asegura defender la independencia del Poder Judicial, tiene en sus manos la acción de inconstitucionalidad 115/2023, referente al decreto por el que se busca hacer más rígido el control del fentanilo. En su proyecto recoge varios argumentos de los ya mencionados, aunque añade también de manera muy precisa que hubo una “violación al procedimiento legislativo, puesto que el Dictamen votado no fue publicado con 24 horas de anticipación, no se realizó la primera lectura y se dispensó la segunda lectura”.

Las acciones de inconstitucionalidad 120/2023 y 127/2023 se encuentran, respectivamente ,en las ponencias de la ministra Margarita Ríos Farjat y del ministro Jorge Pardo Rebolledo, ambos también confrontados con Palacio Nacional; el primer expediente está relacionado con los cambios a la Ley General de Bienes Nacionales o el decreto de la Ley Minera, y el segundo con las reformas en materia de créditos de vivienda para los burócratas. Los argumentos coinciden y se añaden elementos como la detección de un “diferendo en el registro de asistencia para cómputo del quórum al inicio de la sesión”.

Se espera que se sumen a estos criterios los otros cuatro ministros con los que estos mismos han hecho grupo –la presidenta Norma Piña, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez y Javier Laynez–, por lo que la vigencia de estas reformas legales está prácticamente sentenciada. Es muy probable que las mismas regresen al Congreso para que las bancadas de la 4T intenten aprobarlas una vez más, y para que finalmente pueda discutirse la legalidad de su fondo.

Mientras eso sucede, los ojos estarán puestos sobre la ministra Loretta Ortiz, puesto que, tomando en cuenta las violaciones al proceso legislativo que argumentan sus compañeros ministros, no parece haber margen para que en los proyectos que le corresponden declare una eventual validez. A ella le toca echar atrás la participación del Ejército en el sector aeronáutico y el nacimiento del IMSS Bienestar. También se verá lo enérgico de las participaciones y opiniones pro4T de la nueva ministra Lenia Bátres. Se anticipan airadas discusiones de los bloques denominados hoy “oficialistas” y “no oficialistas”.

Y por si no fuera suficiente la declaración de inconstitucionalidad de reformas que dejarán al Ejército sin muchas atribuciones en el sector aéreo del país, ni los vuelos de Mexicana de Aviación con ¡un solo pasajero!, como el del jueves pasado de Acapulco al AIFA, los cambios de políticas en el sector amenazan con dejar a la principal aerolínea del país, Aeroméxico, sin su alianza con Delta, mediante la cual tienen un acuerdo de código compartido.

Estados Unidos informó que planea no renovar la inmunidad antimonopolio bajo la cual opera la alianza Delta-Aeroméxico, luego de que el gobierno mexicano hiciera cambios “radicales” en la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como enviar, por decreto, toda la carga al Aeropuerto Felipe Ángeles y reducir, a partir de enero, de 52 a 43 el número de operaciones por hora en el aeropuerto capitalino.

Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, estas medidas van en detrimento de los transportistas y de los posibles nuevos participantes de la industria. Las aerolíneas involucradas tienen hasta el 26 de octubre para cerrar su empresa conjunta o exponer sus argumentos, previo a que se tome la decisión final de la autoridad estadounidense.

Apenas en septiembre del año pasado, la Administración Federal de Aviación devolvió a México la categoría 1 de seguridad aérea, tras dos años de haberla perdido por varias irregularidades detectadas en los trabajos de la Agencia Federal de Aviación Civil del país.

A todo esto se suman las dos aerolíneas que dejaron de operar en México, Interjet y Aeromar. Un sexenio para el olvido.

Se agitaron las aguas este fin de semana con las declaraciones del presidente Joe Biden sobre un plan para “cerrar” la frontera con México en caso de “emergencia”.

Si bien ya existe un proyecto que está siendo negociado entre un grupo de congresistas conservadores y funcionarios del gobierno de Biden, desde hace dos meses, este sábado el presidente demócrata se “trumperizó” con sus declaraciones en Carolina del Sur.

No obstante, Donald Trump no tardó en responderle y expresar su oposición al plan de Biden, pero porque lo quiere echar a andar él mismo, y más radical, no por otra cosa.

Lo que es cierto es que las campañas a la presidencia de Estados Unidos estarán marcadas por dos agendas principales que le atañen y le perjudican a México: la migración y el combate a las drogas, particularmente al fentanilo.

No pinta nada bien para México y su relación con Estados Unidos. De ahí que Marcelo Ebrad, como expuse aquí la semana pasada, va a tener un rol central en la próxima administración –gane quien gane– con la difícil tarea de intentar atajar las bolas rápidas y con lumbre de nuestros vecinos del norte.