El presidente López Obrador tiene muy claro que las iniciativas de reformas a la Constitución que dará a conocer el próximo 5 de febrero serán desechadas por el Congreso de la Unión.

El bloque oficialista, que conforman Morena, PT y PVEM, no tiene la mayoría calificada (dos tercios de los legisladores presentes) que se requiere para modificar la Carta Magna, en ninguna de las dos cámaras. Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con elevar, a nivel constitucional, los aumentos anuales al salario mínimo por encima de la inflación –lo que ya está en la ley–; y jubilaciones con salario completo.

Esto último suena padre, pero no es viable. El Universal lo resumió atinadamente en su primera plana de ayer: “Las pensiones al 100% no las tiene ni Dinamarca”.

El paquete de AMLO incluye también la reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos en las unas; y una reforma electoral diseñada para debilitar al INE y al TEPJF, a fin de reemplazarlos por órganos electorales a modo. Desde ya la oposición descalificó el paquete, que se conoce como “plan C”.

Marko Cortés, jefe nacional del PAN: “El plan C de López Obrador pretende someter y controlar al Poder Judicial. No lo vamos a permitir. Vamos a defender con todo la autonomía de la SCJN y la división de Poderes”.

Manuel Añorve, coordinador de la bancada del PRI en el Senado: “El plan C que pretende el Ejecutivo federal para el Poder Judicial es un no rotundo de los senadores del PRI. Han insistido en poner de rodillas al Poder Judicial y no lo vamos a permitir”.

No se necesita un sesudo análisis para hacer ver que detrás de esas iniciativas, que no tienen ninguna oportunidad de ser aprobadas en esta legislatura, hay intenciones electoreras.

López Obrador no da paso sin huarache. Como buen demagogo –de eso no hay duda–, ya lo veo culpando a la oposición de estar en contra del bienestar del pueblo y a favor de los privilegios. Lo veo también haciendo ilegales llamados a los ciudadanos a votar por el oficialismo a la hora de elegir a diputados y senadores, para que el oficialismo alcance la anhelada mayoría calificada, algo que parece fuera de su alcance, digan lo que digan las encuestas.

* Otro anuncio que hizo AMLO ayer es que el 5 de febrero no va a ir a Querétaro a la ceremonia para conmemorar el 107 aniversario de la Carta Magna. En su representación asistirá la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

“Vamos a conmemorar ese día aquí, en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857, y voy a presentar todas las iniciativas de reforma a la Constitución aquí”, justificó.

El anuncio me trajo a la memoria la ceremonia de hace un año en el Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro.

Al Presidente no le gustó que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, no se pusiera de pie y le aplaudiera cuando pronunciaba su discurso. “Se notó que estaba cansada o no quiso pararse”, dijo, mordaz, en la mañanera del día siguiente. Añadió: “me dio muchísimo gusto, porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del Presidente”.

Parole, parole, parole… desde ese día, la ministra Piña ha sido tratada como la enemiga número uno de López Obrador.

No sólo se convirtió en cliente frecuente de la mañanera, sino que durante meses fue insultada, vilipendiada, acosada por los obradoristas, que organizaron un plantón a las puertas de la SCJN, financiado por quién sabe quién.

El Presidente informó que en unos diez días va a llevar a cabo la reunión del gabinete de seguridad y la mañanera en la Ciudad de Querétaro, “para que no sientan que no voy a estar”.

Como si los habitantes de ese industrioso estado, gobernado por Acción Nacional, estuvieran con el pendiente.

* En Zacatecas, que atraviesa por su peor crisis de violencia, las cosas no pintan bien para el oficialismo.

La coalición Sigamos Haciendo Historia se partió en dos a nivel local. Por un lado, irán Morena y el PVEM y, por el otro, el PT y el PES. A nivel federal, sin embargo, los cuatro partidos mantienen su apoyo a Claudia Sheinbaum.

Raúl Flores, presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, culpó al PT de la fractura local.

“A diferencia de los compañeros del Verde, que han sido aliados y han acompañado a David Monreal, el PT ha sido opositor a los principios de la 4T”, dijo en rueda de prensa.

La división abre una ventana de oportunidad a la coalición PAN-PRI-PRD de recuperar la mayoría de los 58 municipios en disputa. Pero, otra vez, la intención del PAN de imponer candidatos, podría complicar las cosas.

En la capital del estado, por ejemplo, Raymundo Moreno, con el apoyo del PRD y el PRI, se presenta como una alternativa que viene de la sociedad civil y, a decir de sus dirigentes, tiene buenos números en las encuestas. “Pero el PAN busca poner a un aspirante que lleva unos meses radicando en el municipio (Miguel Ángel Varela) y cuenta con el apoyo del vecino estado de Aguascalientes”, puntualizan.