México se aproxima a un punto de inflexión en su historia política con las próximas elecciones del 2 de junio de 2024, pero este proceso democrático podría estar manchado por la amenaza de una escalada en la violencia vinculada al narcotráfico, que alista un reacomodo de su mapa ante los cambios que se avecinan.

En el próximo contexto electoral no sólo se elegirá la Presidencia de México, sino también la renovación del Congreso, así como importantes puestos locales y estatales.

Según el informe “Perspectivas del País de México para 2024″ del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, el escenario es complejo: mientras que los votantes ejercen su derecho democrático eligiendo nuevos líderes, los grupos criminales buscan preservar o expandir su influencia y proteger sus operaciones ilícitas. Las organizaciones delictivas han demostrado históricamente su capacidad para ejercer violencia selectiva con el fin de acumular capital político.

“La violencia será mayor donde los candidatos en ejercicio sean más débiles y probablemente sean derrocados, ya que los cambios en el poder de los partidos políticos interrumpen los acuerdos político-criminales existentes”, advierte el informe del Instituto Baker.

La preocupación se intensifica ante la posibilidad de que los grupos busquen influir en el proceso electoral mediante asesinatos y amenazas a candidatos. Apenas en el periodo de precampañas ya se han registrado los primeros asesinatos de aspirantes.

Los últimos movimientos en la lucha contra el narcotráfico también podrían precipitar una disputa violenta por el control territorial y las rutas de tráfico. Tras los arrestos de Ovidio Guzmán y otros líderes claves del Cártel de Sinaloa, así como de miembros importantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se prevé que la competencia entre facciones podrá aprovecharse de la vulnerabilidad percibida de estos grupos para intentar apoderarse de sus operaciones.

A pesar de los golpes recibidos, se espera que el Cártel de Sinaloa y el CJNG sigan dominando el panorama criminal. Los ingresos provenientes del tráfico de drogas sintéticas y los flujos migratorios alimentan la violencia y otorgan estabilidad financiera a estos grupos, señala el estudio.

La complejidad del crimen organizado en México se ha incrementado, evolucionando de estructuras jerárquicas a redes más integradas horizontalmente, administrando células que operan a lo largo del país y están involucradas en una amplia gama de ilícitos.

De acuerdo con InSight Crime, tradicionalmente los cambios de poder político vienen acompañados de violencia cuando se negocian nuevos arreglos entre los criminales y los funcionarios electos. La situación actual del país indica que la reconfiguración del crimen organizado podría ser excepcionalmente brutal en 2024.

Tony Payán, del Centro para Estados Unidos y México en el Instituto Baker, señaló que la nueva estructura y la multiplicidad de actividades criminales hacen que sea más probable la violencia política grave con un alto grado de impunidad.

La violencia política no es un fenómeno nuevo en México. Entre 2018 y 2022, más de mil incidentes violentos contra funcionarios del gobierno local fueron registrados. Ya en 2024, la muerte de varios candidatos pone en evidencia la peligrosidad de este ciclo electoral. Esto es particularmente alarmante en un año de elecciones históricas en el que por primera vez los legisladores podrán optar por la reelección en futuras contiendas.

La administración saliente de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) marcó su sexenio con la detención de prominentes líderes del narco pese a su política de “abrazos, no balazos” y su negativa a atrapar a “peces gordos”. Sin embargo, estas acciones también pueden haber creado un vacío de poder que los grupos emergentes o rivales busquen llenar.

Por otro lado, la corrupción gubernamental permanece como un componente clave en la perpetuación de delitos como la extorsión, el robo de combustible y los secuestros, todos importantes fuentes de ingresos para los grupos criminales. Asegurarse la complicidad oficial es, según Payán, esencial para que estos grupos puedan operar sin obstáculos.