Narcotráfico: Los cárteles contra el pueblo

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Ricardo Ravelo

Además de sus negocios –tráfico de drogas, cobro de piso, huachicoleo, secuestros, entre otros, los cárteles han desatado una guerra sin tregua en contra del pueblo mexicano. Y ante la ausencia del Estado, que ha generado vacío de poder, la población ha salido a defender su patrimonio. El caso de Texcaltitlán, en el estado de México, es un ejemplo de ello. Después de la masacre de sicarios de La Familia Michoacana, el cártel que encebazan los hermanos Jhonny y José Alfredo Hurtado Olasqueaga –conocidos como “El Pez” y “La Fresa”, respectivamente –ordenaron el secuestro de diez personas cuyo paradero se desconoce. Todo indica que fue una venganza del cártel michoacano. Y en Salvatierra, Guanajuato, un grupo armado hasta ahora no identificado acribilló a doce jóvenes que festejaban en una posada. ¿El pueblo contra el crimen y el crimen contra el pueblo? Así parece. Se empieza a tejer una guerra más ante el vacío de Estado y la fallida política de “abrazos y no balazos”.  

Imborrables aún los hechos de violencia que derivaron en la matanza de Texcaltitlán, Estado de México –fueron asesinadas catorce personas, la mayoría miembros del cártel de La Familia Michoacana, a manos de campesinos que se opusieron a pagar el derecho de piso –y ahora otro hecho de brutalidad sacude a todo México: la masacre de Salvatierra, Guanajuato, donde doce jóvenes murieron masacrados, en el festejo de una posada, por un grupo armado que, hasta ahora, no ha sido identificado por las autoridades.

En el caso de Texcaltitlán las cosas empeoraron después de la masacre de miembros de la Familia Michoacana – en el enfrentamiento fue asesinado a machetazos Rogoberto de la Sancha Santillán, “El Payaso”, jefe del grupo criminal –pero el cártel michoacano arremetió contra el grupo de comuneros y secuestraron a diez personas, entre otros, a varios menores de edad.

Las autoridades mexiquenses aseguran que investigan estos hechos, incluida la desaparición de las diez personas, pero existen fuertes barreras que posiblemente impidan llegar al fondo del caso, entre otras, la corrupción atroz que heredó el exgobernador Alfredo del Mazo.

La actual gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, todavía no lleva a cabo la purga en la policía estatal, una de las más corruptas de América Latina. Sus mandos altos y medios, por decir lo menos, están al servicio del crimen organizado. Incluso, altos funcionarios de la Fiscalía cobraban, en tiempos del PRI, hasta cinco millones de pesos por integrar una carpeta de investigación sin garantizar que ésta derivara en una orden de aprehensión.

Esta suma, por ejemplo, le pretendían cobrar al empresario ganadero Jhovani Aguirre Benítez –acusado falsamente de secuestro, posesión de drogas de un arma –cuando quiso denunciar al capo Álvaro Sánchez Sánchez, “El Tartamudo”, quien pagó al entonces fiscal mexiquense para que lo acusara de los delitos mencionados. Sánchez Sánchez, cabeza de una célula criminal conocida como “Los Hermanos Sánchez” fue ejecutado en Querétaro en abril de este año; en su haber criminal existen datos que dan cuenta que introducía hasta una tonelada semanal de cocaína a Estados Unidos en tractocamiones.

Álvaro Sánchez era uno de los capos muy bien identificados en la Fiscalía del Estado de México. También su hermano, Lorenzo Sánchez, “El Señor de los Caballos, quien se quedó al frente del cártel.

La Fiscalía mexiquense es una de las más corruptas del país. Esa es una razón poderosa por la que los hechos de violencia, como lo ocurrido en Texcaltitlán, difícilmente se podrá aclarar y menos castigar a los responsables del cobro de piso que, dicho sea de paso, es una práctica criminal que opera en todo el estado y en buena parte del país. Los cabecillas de La Familia Michoacana –Jhonny Hurtado, “El Pez”, así como su hermano, José Alberto, “El Fresa”, siguen libres debido a la protección policiaca de la que disponen en el Estado de México, Guerrero y Michoacán, sus principales zonas de operación.

En el estado de México –donde ha reinado la corrupción durante décadas de gobiernos priistas, hay regiones donde las autoridades no pueden entrar. Si pretenden ingresar a Texcaltitlán, por ejemplo, le deben pedir permiso al crimen organizado; lo mismo ocurre en Luvianos, otro territorio donde las autoridades locales no existen: sólo impera una ley: la de los mafiosos. Y la misma realidad perturbadora impera en la mayoría de las demarcaciones.

LA MATANZA DE SALVATIERRA

El domingo 17, cuando un grupo de jóvenes festejaban en una posada, un grupo armado, hasta ahora no identificado, abrió fuego contra la multitud y asesinó a doce de ellos; las armas de alto poder fueron activadas por los criminales presuntamente porque no les permitieron el ingreso a la fiesta. Esta versión circuló ante la ausencia de una explicación por parte del gobierno que encabeza Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, quien se limitó a decir que el caso se investigaría.

Pero ocurre que el fiscal de Guanajuato –Carlos Zamarripa Aguirre –quien lleva trece años en el cargo, es uno de los personajes más oscuros que tiene esa entidad; se le relaciona con la protección de grupos criminales y para el presidente Andrés Manuel López Obrador es una pieza clave que explica el elevado grado de descomposición que enfrenta esa entidad. Por ello, pidió que lo removieran, pero los intereses que lo sostienen en el cargo no sólo son políticos sino criminales.

Hasta ahora, las autoridades investigadoras encabezadas por el presunto narcofiscal no han informado qué grupo criminal asesinó a las doce personas; tampoco existe un móvil definido. Todo indica que se trató de un acto que bien podía considerarse como narcoterrorismo, al más puro estilo de las mafias de Colombia cuando ese país atravesó por una cruenta etapa de violencia debido a la guerra entre el cártel de Cali y el de Medellín.

Para el gobierno de Estados Unidos, incluida su agencia antidrogas, la DEA, los cárteles mexicanos son grupos terroristas. Hace un año las autoridades norteamericana enlistaron a varios cárteles en esa clasificación, entre otros, al de Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, cártel del Noreste, Golfo, Familia Michoacana y otros más. Le exigieron al gobierno de México que los declarara como grupos que actúan como terroristas.

Sin embargo, el gobierno de López Obrador se negó a reconocerlos como tales y pidió a Estados Unidos respetar la soberanía del país. La inconformidad de Estados Unidos es muy elevada, pues en cinco años de gobierno no se ha podido pacificar el territorio mexicano a pesar de la escandalosa militarización que ordenó el presidente. No hay que olvidar que la pacificación del país fue la promesa de campaña más importante de López Obrador y no ha cumplido.

En Guanajuato, donde la vida no vale nada, como dice la canción del charro José Alfredo Jiménez, operan cuatro grupos criminales: el cártel de Jalisco, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”; el cártel Santa Rosa de Lima y dos bloques del cártel del Golfo. Cualquiera de estos cárteles pudo perpetrar la matanza del domingo 17 en la comunidad de Salvatierra.

Los negocios ilegales con los que operan estos cárteles son variados: cobran piso al comercio en general e incluso les exigen que suban los precios de los productos –lo que genera más inflación –para que puedan cubrir la cuota fija; regentean giros negros, controlan la prostitución, la piratería, el tráfico humano, la venta de droga en cantinas, bares y burdeles; ordeñan ductos de la refinería de Salamanca para vender combustible a las gasolineras, trafican con fentanilo y con la complicidad de la fiscalía del estado asesinan y secuestran a personas. Como la autoridad es parte de estos negocios, nada se investiga y, así, la impunidad se robustece. Si Guanajuato fuera parte de El Salvador no existiría ninguna duda de que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ya lo habría declarado como estado de excepción y la criminalidad estaría resuelta. Incluso, el fiscal Carlos Zamarripa  sería el primero en ir a prisión.

Todo este desastre no es privativo de Guanajuato. Es una realidad perturbadora que abraza a todo el territorio mexicano. Es la consecuencia de una fallida política antidrogas si es que se le puede llamar política a la estrategia de “abrazos y no balazos”; es el resultado de no haber estructurado un proyecto para desmantelar el patrimonio criminal empezando por la clase política en el poder, pieza clave de este desgobierno que parece no tener solución.

Así como los campesinos de Texcaltitlán afilaron sus machetes para hacer justicia por su propia mano, de igual manera en muchas comunidades, incluida las indígenas, será el pueblo el que salga a defender su patrimonio y el de la nación. Se ve venir otra guerra: el pueblo contra el crimen organizado ante la ausencia del Estado y el atroz vacío de poder.

APUNTES DEL SUBSUELO

Varios trabajadores de Segalmex del área de fertilizantes que laboraron al menos un semestre durante este 2023 siguen sin recibir su parte proporcional de aguinaldo que por ley les corresponde Todo indica que en esa dependencia, una de las más corruptas del sexenio, los directivos altos y medios se embolsan los recursos presuntamente falsificando firmas de los empleados, pues a quienes reclaman su pago les dicen que no tienen derecho por el esquema de contratación y a otros simplemente no les contestan las llamadas telefónicas, correos ni WhatsApp.

Así como en las altas esferas de Segalmex se desvían millones de pesos en compras fantasmas –casos que siguen impunes –en los niveles inferiores también existen prácticas corruptas que afectan a los trabajadores, quienes por temor a perder su trabajo ni siquiera reclaman sus derechos. Los mayores reclamos están ocurriendo en la Unidad Operativa Puebla-Morelos, donde los funcionarios responsables guardan silencio ante el reclamo de los empleados. ¿A dónde irán a parar esos aguinaldos que no se pagan? Nadie sabe. Una hipótesis: A los bolsillos de esta cauda de corruptos.

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