En su quinto año de Gobierno, la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador continúa sin resultados en materia de seguridad: los cárteles de la droga siguen desatados, sin ser combatidos y cada vez se entronizan con mayor fuerza y poder en decenas de municipios y comunidades. Salvo que se lo pida el Gobierno de Estados Unidos las detenciones ocurren, como fue el caso de Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, jefe de sicarios del grupo crimina “Los Chapitos” y el de Juan Carlos Pizano Ornelas, “El CR”, presunto jefe de plaza del Cártel de Jalisco en Tapalpa, Jalisco.

Fuera de estos personajes, los dieciséis cárteles que operan en el país siguen impunes y operando a lo largo y ancho del país sin ser molestados.

Ahí sigue, libre, Ismael “El Mayo” Zambada, por cuya cabeza el Gobierno de Estados Unidos ofrece quince millones de dólares; también Nemesio Oseguera Cervantes, con una suma similar; los hermanos Iván Archivaldo y Alfredo –hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien purga una cadena perpetua en Estados Unidos –quienes encabezan uno de los bloques más poderosos del Cártel de Sinaloa.

La misma impunidad goza Enedina Arellano Félix, conocida en el mundo del hampa como “La Jefa”, presunta cabeza del Cártel de Tijuana, de acuerdo con informes de la DEA, y Gil Caro Quintero, “El Pelos Chino”, jefe del Cártel de Caborca –fundado por su tío Rafael Caro Quintero –quien opera en Sonora, Veracruz y Quintana Roo. En esta última entidad es muy famoso porque, se asegura, es el responsable de la mayor parte de los llamados “narcovuelos” que provienen de centro y Sudamérica repletos de drogas.

Recientemente, Gil Caro Quintero fue detenido en Tulum, Quintana Roo, cuando comía en un restaurante acompañado de una mujer cuya identidad no se reveló; ahí le cayeron varios agentes y lo aprehendieron. Pero el presunto narcotraficante fue liberado. Las investigaciones respecto de este caso aseguran que el jefe del Cártel de Caborca pagó quince millones de pesos a los policías y lo dejaron libre.

El paraíso de la 4T

Nada detiene al crimen. Pero en Palacio Nacional la realidad perturbadora del país no se acepta. Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador –quien ya cayó en una suerte de cinismo al igual que muchos de sus seguidores y aplaudidores –el país está en jauja; presume que ya no hay criminales ni violencia y habla igual que lo hacía Carlos Salinas al final de su Gobierno al referirse a un país sólido, boyante y feliz; presume a boca llena que su Gobierno no tiene acuerdos con el crimen. Pero lo cierto es que no los combate y los criminales no sólo disputan el poder político en municipios y estados sino que también pelean por apropiarse de los recursos naturales. Son el brazo armado de grupos oligárquicos que gozan de total impunidad.

La realidad es elocuente: Las masacres se multiplican por todas partes, ya en Zacatecas, Michoacán, Guanajuato o Tamaulipas y el Estado de México, donde se han suscitado enfrentamientos armados entre agentes ministeriales y miembros de La Familia Michoacana, el cártel que domina en esa entidad.

A esto se suma el robo de decenas de contenedores en los puertos, como ocurrió en Lázaro Cárdenas cuando presuntos criminales se apropiaron de varias cajas metalicas que contenían metales preciosos, entre otros, oro. El robo se efectuó un fin de semana. Duró entre ocho y diez horas y ninguna autoridad se dio cuenta. Eso dicen. Por los puertos también se trafica con fentanilo. Todo esto ocurre pese a que desde hace un año las terminales portuarias están en manos del Ejército Mexicano.

Si bien el Gobierno federal echó mano de las Fuerzas Armadas para apagar el fuego de la violencia en Zacatecas –uno de los estados disputados por los cárteles de Sinaloa, Cártel de Jalisco, Golfo y Noreste –y otras entidades en crisis, como Michoacán y Guerrero, lo cierto es que los militares tienen prohibido ejercer la fuerza y disparar a los narcotraficantes que tienen tomadas las entidades y municipios.

Así, sin estrategia, la tranquilidad parece pasajera, pues en el momento en que los elementos del Ejército y la Guardia Nacional se retiren la violencia vuelve a azotar los territorios; los cárteles siembran terror entre la población que se ha desplazado de sus lugares de origen debido al miedo de ser asesinados.

La guerra en Zacatecas, Aguascalientes, Guerrero y Michoacán se centra en los cárteles de Sinaloa y Jalisco; ambos grupos se enfrentan por el control territorial y por la explotación de la minería, el negocio del aguacate –el oro verde, como la llaman –y mantienen a raya a los agricultores, pues los obligan a pagar derecho de piso igual que a los productores de nuez, otro de los productos más caros que se exporta a Europa y Asia.

Actualmente, la guerra no sólo ocurre por el control territorial y el mercado de las drogas: ahora es por el control de grandes extensiones de tierras, la ganadería, agricultura,  producción de leche a gran escala y la pesca, pues hasta en el mar operan los cárteles al explotar una especia conocida como Totoaba, la cual se comercializa en el mercado asiático y es más cara que la cocaína y la heroína, pues se utiliza como afrodisiaco.

Diseminados por todas partes, impunes y con amplios dominios territoriales, las organizaciones criminales de México extienden su poder a lo largo y ancho del territorio sembrando violencia e ingobernabilidad, problemas que ya causaron preocupación y encendieron las alertas en el Gobierno de Estados Unidos.

Después de varios años de fallidos proyectos para enfrentar la inseguridad, el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación optó por no enfrentar a los cárteles de la droga porque, según el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “la violencia genera más violencia”.

Sin embargo, cuando el actual Gobierno avanza hacia su fase final  en materia de seguridad el Gobierno de López Obrador sigue sin ofrecer resultados; por ello, los cárteles de la droga mantienen sus férreos dominios en todo el territorio y, sin que ninguna autoridad lo impida, asesinan, secuestran, desaparecen, cobran piso y hasta se apropian de grandes extensiones territoriales ricos en recursos naturales, lo que puso en evidencia que las batallas entre los cárteles en buena medida también tienen que ver con la explotación de la riqueza del país. Y no se descarta que detrás de estos grupos criminales estén los grandes mafiosos de cuello blanco, la oligarquía amparada por el Estado.

El diagnóstico en Estados Unidos sobre la criminalidad en México es preocupante. Sus órganos de inteligencia plantean que entre el 30 y el 35 por ciento del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. Esto quiere decir que el Gobierno de López Obrador no tiene el control total del territorio y que en buena parte del país el crimen cogobierna con la Cuarta Transformación.

Los análisis de la DEA y del Ejército estadunidense ahondan en mayores detalles. Una fuente de la DEA consultada al respecto expresó:

“Es un síntoma de un problema más amplio…No voy a involucrarme en política ni en llamar crisis o no a la situación, lo cierto es que necesitamos una frontera segura y saber quiénes vienen”.

Desde la perspectiva marcial del general de la Fuerza Aérea, el peregrinaje de las personas hacia el norte que buscan llegar a Estados Unidos lo impulsan los desastres naturales, el covid-19 (cuando era pandemia) y la inestabilidad, según los informes de inteligencia.

Cárteles imbatibles

Lejos de ser combatido, el crimen organizado en el país se posiciona con mayor fuerza, pues el régimen de Andrés Manuel López Obrador carece de una política criminal, lo que ha recrudecido la violencia a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, como ocurrió hace un año con la matanza de trece agentes policiacos en el Estado de México, quienes fueron masacrados por el crimen. Este hecho se le atribuyó a La Familia Michoacana, pero ninguna autoridad ha esclarecido el hecho.

El Gobierno de López Obrador niega que el crimen controle el 35 por ciento del territorio nacional y aduce que tiene “otros datos” para explicar la narcoviolencia en lo que va de su Gobierno, la cual ha dejado  más de 100 mil muertos, de acuerdo con datos oficiales.

Según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, actualmente los estados con mayor índice de violencia son Michoacán, Baja California, Tamaulipas, Sonora, Guerrero, Baja California y Zacatecas.

Las afirmaciones del jefe del Comando Norte del Pentágono, Glen VanHerk, expresadas hace algunos meses sobre el control territorial del crimen organizado no se refieren a un fenómeno nuevo.

En los últimos diez años, la dinámica de los cárteles de la droga ha cambiado y se han convertido en verdaderas empresas del crimen con una veintena de actividades criminales –independientes del tráfico de enervantes –y su estructura también presenta modificaciones: ahora los cárteles se han fraccionado en células poderosas y violentas cuyos ramajes están enlazados con otros grupos criminales activos en todo el continente.

Desde el Gobierno de Felipe Calderón, quien le declaró la guerra al narcotráfico sin ningún resultado, el Gobierno estadunidense alertó sobre el fenómeno de la penetración y control del crimen organizado en los municipios del país.

En aquel entonces –sexenio 2006-2012 –la preocupación se centraba en el hecho de que el narcotráfico, por citar sólo una modalidad del crimen organizado, estaba controlando municipios completos y este problema se percibía aún más complicado por el control político que los criminales ejercían, a grado tal, que imponían a sus aliados como candidatos a puestos de elección popular, ya como alcaldes, diputados o gobernadores.

En ese tiempo, la DEA dio cuenta de que el narcotráfico de México controlaba más de 60 por ciento del territorio. En 2010, el  Senado de la República, al realizar un estudio en los municipios, expuso que más del 70 por ciento de las demarcaciones del país eran gobernadas por personajes ligados directa o indirectamente con alguna actividad criminal.

De acuerdo con informes de la DEA y de la Fiscalía General de la República (PGR), más de la mitad del territorio nacional está controlado por dieciséis cárteles que están relacionados con altos mandos de las policías estatales y municipales –las más corruptas del país –y cuyos efectivos fungen como sicarios, halcones o protectores de redes de secuestradores o narcomenudistas.

Los mismos reportes establecen que en Tamaulipas existen amplias redes criminales que trastocan la gobernabilidad. Francisco Cabeza de Vaca dejó un desastre en Tamaulipas. Por ello enfrentó un proceso de desafuero –fallido, por cierto — por sus ligas con el crimen.  Ahora con Américo Villarreal, esa entidad sigue reportando elevados índices de violencia y sus causas tienen que ver con la corrupción institucional y los desatinos de una política criminal insuficiente.

Tamaulipas está inundado de grupos criminales que operan con absoluta impunidad, entre otros, Grupo Operación Zeta, Fuerza Especial Zeta, Metros, Rojos, Dragones, Ciclones, Fresitas, Pelones, y Talibanes que han arrebatado el monopolio de la violencia a los cárteles hegemónicos — Los Zetas y al Cártel del Golfo –cuyas redes se extendieron por años en toda la entidad y aún operan en el corredor Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila, uno de los más conflictivos.

Tanto de día como de noche –y este es un verdadero escenario de guerra –la metralla no cesa en diversos municipios, los más sangrientos, los que se ubican en el límite fronterizo con Estados Unidos: Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Mier, entre otros, donde las balaceras ya son parte de la realidad cotidiana.

Los informes oficiales señalan también a Chihuahua y Guerrero, con seis bandas locales cada uno. Sin embargo, un informe de la DEA sostiene que en Guerrero operan unas 250 organizaciones criminales y cuyos líderes son personajes que tenían (o tienen) líneas de parentesco con autoridades estatales y municipales.

El informe señala que la crisis  se inseguridad se agudizó por las disputas y enfrentamientos armados entre los cárteles del Golfo, Pacífico, La Familia Michoacana, Los Zetas y la Organización Beltrán Leyva.

Poco después, los decibeles de la guerra aumentaron cuando a la confrontación por el territorio se sumaron dos de los cárteles más violentos: Guerreros Unidos y Los Rojos, que convirtieron al estado de Guerrero en un territorio plagado de violencia

El informe de la DEA señala que en la región centro de Guerrero, particularmente en los municipios de Chilpancingo y Chilapa de Álvarez, opera el Cártel de la Sierra y lo encabezan José Nava Romero y Natividad Figueroa Ávila. Las autoridades los relacionan con los hermanos Beltrán Leyva, quienes los habrían metido al negocio del narcotráfico. A pesar de que esta realidad se conoce ampliamente, el Gobierno estatal nada hace por combatirlos. Y la Federación evade el problema.

En la ciudad de Chilapa, de acuerdo con el informe referido, opera Zenen Nava Sánchez, conocido en el mundo del hampa como El Chaparro, quien tiene el control de buena parte del tráfico de drogas en esa zona y vive al amparo del poder político. Tiene el monopolio de la violencia, pues se le atribuye la ola de ejecuciones y desapariciones ocurridas en los últimos cinco años.

No es todo: En el municipio de Quechualtenango están afincados Los Ardillos, otro de los cárteles violentos del país. Este cártel lo lideró hasta su muerte Celso Ortega. Después tomó el mando Bernardo Ortega –su hijo –quien fue diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Los Ardillos controlan una veintena de municipios y nadie los persigue.

Después de la guerra fallida de Felipe Calderón y los desatinos en materia de seguridad evidentes en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, los cárteles mexicanos se han fortalecido y hasta han tenido tiempo de reorganizarse.

A pesar de que el Presidente López Obrador aceleró la puesta en marcha de los programas sociales, y echó a andar a la Guardia Nacional, el crimen organizado sigue en ascenso, generando violencia e inestabilidad en todo el territorio, por lo que la Cuarta Transformación no tiene el control territorial, tal cual lo afirma Glen VanHerk, titular del Comando Norte de Estados Unidos, ya que lo que prevalece en México es un verdadero cogobierno entre la Cuarta Transformación y el narcotráfico en buena parte del país.

En el año 2018, tras asumir la Presidencia de la República, el Presidente Andrés Manuel López Obrador heredó un escenario nacional plagado de criminalidad. Se trataba de la violencia desatada por unas quince organizaciones criminales, todas ellas con amplios ramajes en todo el país y en el continente Latinoamericano.

De acuerdo con los informes tanto de la DEA como de la PGR, dichas organizaciones criminales son las siguientes: los cárteles del “Golfo” y “Zetas”; “Tijuana”, “Juárez”, “Sinaloa”, “Cártel de Jalisco Nueva Generación”, Cártel de “Los Rojos”, “Guerreros Unidos”, “Los Ardillos” y “El Cártel de la Sierra”; organización “Beltrán Leyva”, familia “Díaz Parada” (traficantes de marihuana en Oaxaca), Los hermanos “Valencia”, “La Familia Michoacana”, “Los Caballeros Templarios”.

Estos cárteles ya no operan únicamente el tráfico de drogas, pues han diversificado sus actividades y las autoridades estadunidenses las describen como “más violentas y sanguinarias”, lo que explica el alto nivel de asesinatos, desapariciones y descuartizamientos que ocurren por todas partes.

Su poder se extiende a todo el territorio nacional, pero ahora tienen alianzas, al parecer bastante sólidas, con organizaciones de Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala. También cuentan con aliados en Europa y Asia.

Tras ser cuestionado sobre las declaraciones del jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el Presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera que las declaraciones de VanHerk carecen de veracidad, pero no aludió a su famosa frase “yo tengo otros datos”, pues ni siquiera se tomó el tiempo de explicar cuál es la información sobre la expansión del crimen organizado que él dispone.

La evasión del Presidente fue más que obvia, y quedó claro que si se trata de narcopolítica y de cárteles empoderados en los municipios del país, el Presidente simplemente niega los hechos pero no aporta argumentos.

Pese a esa postura evasiva, la realidad es contundente: la violencia sigue porque el crimen organizado cogobierna con la Cuarta Transformación.

Y, en muchos municipios y estados del país hay un escenario todavía peor: como el Jalisco u otros estados, el crimen organizado es el propio Gobierno.