El Presidente anunció que en el próximo periodo de sesiones del Congreso, en febrero, presentará las iniciativas para destruir al árbitro electoral y al árbitro constitucional.

Desaparecer al INE y elegir a ministros de la Corte y jueces por voto popular es lo que sigue en la agenda de la destrucción institucional que encabeza López Obrador, la que no termina ahí, sino que seguirá su marcha de acuerdo con el proyecto transexenal establecido por él.

Ya no hay posibilidad de hacer reformas electorales hasta después de los comicios de junio, según la ley. Pero la intención está latente.

Hemos visto mucho y veremos más, a medida que se doblegan algunos valladares contra la embestida a los pilares de la vida democrática en el país. Me refiero a partidos políticos (Movimiento Ciudadano) y las cúpulas empresariales. Cuando vayan por ellos será demasiado tarde para reaccionar, porque no habrá nadie que hable para defenderlos, como diría el pastor Martin Niemöller en los albores de la tiranía en su patria, Alemania.

En Celaya fueron asesinados cinco estudiantes de medicina, a lo que el Presidente comentó que fue por “el consumo de drogas”, pues los jóvenes fueron a comprar el estupefaciente “a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda”.

Si sabe cuáles son los territorios de las bandas del crimen organizado, al grado de conocer la filiación de los vendedores de droga, ¿por qué no actúa y los manda detener antes de que maten a alguien? ¿No es él la persona responsable de frenar a las asociaciones delictivas?

Entonces la culpa fue de los estudiantes por comprar droga en la ventanilla equivocada. ¿Cómo supo, tan rápido, que ese fue el móvil del crimen de los estudiantes de medicina?

Si hubieran sido cinco médicos cubanos los asesinados, ¿habría reaccionado igual? ¿O antes de adelantar hipótesis y culparlos, habría ordenado una investigación?

Del desastre educativo en el país dijo que no creía en eso porque las pruebas PISA eran un instrumento del neoliberalismo para desaparecer la educación pública.

Y se burló de criterios como “excelencia” y “calidad educativa”, porque él le devolvió a los sindicatos (SNTE y CNTE) la rectoría de la educación en el país, a cambio de votos y movilización política si fuera necesario.

En el actual gobierno se cayó la matrícula educativa por primera vez desde la Revolución. Un millón 570 mil alumnos abandonaron las aulas de enseñanza básica y media superior en este sexenio. A la milpa, al narcomenudeo o de braceros a Estados Unidos. Hay medio millón de niños menos en preescolar que los que había en 2018.

¿Qué van a hacer en el futuro esos niños y adolescentes en la era de la inteligencia artificial? ¿Marchar contra el neoliberalismo? ¿Cargar bultos con camisetas con el rostro de los héroes que la cuatroté les puso en los libros de texto obligatorios… secuestradores y criminales?

Pobres los quieren, para controlarlos políticamente a través de los subsidios. Lo han hecho con indolencia y a sangre fría.

Indolencia y sangre fría hubo con las personas durante la pandemia, pues decía el Presidente que el covid sólo se contagiaba entre corruptos.

Indolencia y sangre fría hubo con las empresas durante la pandemia, cero apoyos: “Si van a quebrar, que quiebren”, dijo el Presidente.

Indolencia y sangre fría ha habido con los damnificados de Acapulco, con el puerto y la infraestructura turística. Algunos, tal vez ilusos, esperan “reconstrucción”. Los naranjos no dan duraznos. Un destructor no reconstruye.

Es así como llegamos a la recta final del sexenio: con el anuncio de iniciativas de reformas para destruir al árbitro de las elecciones y al protector de la Constitución.