El hijo del director general de la CFE, León Manuel Bartlett Álvarez, pasará una muy feliz Navidad y Año Nuevo, pues contra todos los señalamientos, investigaciones y amenazas de inhabilitaciones de su empresa Cyber Robotic Solutions, este año logró cerrar otro periodo de onerosos contratos, para acumular en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador una cifra de negocios con el sector público de casi 500 millones de pesos.

Solo este año fue el tercer mejor ejercicio para su compañía en los tiempos de la 4T: colocó equipos y servicios en los organismos de salud por casi 87 millones de pesos, manteniendo al IMSS, de Zoé Robledo, como su principal cliente y sumando ahora al Gobierno del Estado de México a los contratos millonarios, a pocos días de que Morena ganara la elección para gobernador en esa entidad.

Mientras Delfina Gómez proclamaba su victoria el domingo 4 de junio, cuatro días después, el 8 de junio de 2023, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mejor conocido como ISSEMyM, entregó a la empresa de Bartlett Álvarez el contrato para la adquisición de simuladores de entrenamiento quirúrgico para el Centro de Destrezas Médicas y Quirúrgicas del organismo. El monto de lo adquirido fue de 15.2 millones de pesos.

Todo esto a la callada, pues el contrato permaneció invisible para las plataformas de transparencia. El Seguro Social le adjudicó el Servicio Integral de Asistencia Técnica para Cirugía por Robot el 3 de abril de este año, para comprometer un monto máximo de adjudicación de 31.9 millones de pesos. En tanto, el IMSS le había otorgado en este periodo otro par de contratos por 12 millones de pesos, ambos ya reportados de manera previa en esta columna.

La Secretaría de Salud y sus hospitales se encargaron también de abonar recursos a lo que ya parece una cuota para el hijo de Manuel Bartlett Díaz. A detalle, el 16 de junio 2023, el Hospital Juárez de México le adjudicó de manera directa, por 13.9 millones de pesos, el Servicio de Mantenimiento Preventivo al Acelerador Lineal Radixact X9. Por similares servicios de mantenimiento de equipo, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío le asignó 12.2 millones de pesos y el Hospital Dr. Manuel Gea González 1.6 millones.

La cosecha total para Cyber Robotic Solutions, durante los cinco años que lleva la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, es de 36 contratos en organismos públicos y dependencias como el IMSS, el ISSSTE, la Sedena y la Semar. El monto acumulado de estas contrataciones es de 481.9 millones de pesos, nada mal para una compañía que en el 2017 apenas tenía un contrato por la cantidad de 10 millones de pesos con los Servicios de Salud de Zacatecas.

Si bien la firma y el personaje no tienen en realidad un impedimento jurídico para participar en este tipo de contrataciones, resulta muy extraña la forma en que creció el negocio de León Bartlett con el gobierno actual. Además, la razón social fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en 2020 por vender a sobreprecio ventiladores respiratorios al IMSS en Hidalgo para atender la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19; en aquel caso, obtuvo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa una extraña suspensión para seguir vendiendo.

Más aun, en las propias palabras de López Obrador, no es moral otorgarle casi 500 millones de pesos en contratos al hijo de un funcionario sobre el que también pesan señalamientos de corrupción, basados en una riqueza inmobiliaria. Manuel Bartlett es el intocable y consentido de este gobierno, tanto que cabildea ya con AMLO y con Claudia Sheinbaum el permanecer en su mismo puesto para ayudar a construir el “segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Posdata 1

Sobre la columna de ayer, un vocero de la magistrada Mónica Soto puntualizó que, si bien su hija Ana Ximena Díaz Soto fue colaboradora de la consejera de la Judicatura Federal, Eva Verónica de Gyvés, muy cercana a Morena y a la 4T, renunció al cargo el día que su madre fue electa como nueva presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Posdata 2

En el caso del consorcio de parques industriales Desarrollo Logistik, que señalamos en este espacio como un intento del exprocurador de Nuevo León, Adrián de la Garza, para hacerse de un negocio de 3 mil millones de pesos, se preparan en el norte del país los procedimientos administrativos contra los jueces que validaron las denuncias por presuntos fraudes y que, en 24 horas, liberaron las órdenes de aprehensión contra la pareja de Fernando Pablo Villarreal Cantú y Blanca Guadalupe Ballesteros Almaguer, ambos accionistas mayoritarios de la compañía.

Los personajes que están en la mira del Consejo de la Judicatura y de las autoridades de justicia son los jueces de Control y de Juicio Oral Penal Armando Barajas García y Marco Antonio Lerma Hernández, ambos cercanos al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Arturo Salinas Garza, a quien quisieron imponer como gobernador interino del estado, cuando Samuel García reveló que aspiraría a competir por la Presidencia del país.