La aventura golpista de Samuel García en Nuevo León, auspiciada por el gobierno federal, es el más serio anuncio de que el país se juega el destino democrático en junio próximo.

Nada de lo que nos asombra de la crisis en Nuevo León en estos días de precampañas es obra de la casualidad. Hay diseño. Y ya estamos grandecitos para no entender de qué se trata: evitar la derrota de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales.

Dado lo que ocurre en Nuevo León, un asalto a la Constitución y al sistema democrático, México no puede ir a una elección presidencial sin castigo ejemplar a los que tomaron de manera violenta el Congreso de Nuevo León el 29 de noviembre.

Fueron con la intención expresa de impedir que el Poder Legislativo estatal cumpliera con el mandato constitucional de elegir gobernador interino.

Para Morena es crucial que surja una tercera candidatura a la presidencial que divida el voto opositor. Hasta ahí es válido que aliente a un patiño, Movimiento Ciudadano, a lanzar un candidato que le quite la presión a Sheinbaum y evitar un cara a cara con Xóchitl Gálvez en la boleta.

Lo que no es legal, sino golpismo, es que una turba de violentos asalte el Congreso de un estado para impedir el cumplimiento de la Constitución. De haber doblegado a los legisladores presentes, los violentos habrían logrado imponer a un gobernador de facto, por la fuerza.

Eso se llama golpe de Estado.

Dentro de la crisis hay una refrescante brisa alentadora: funcionan, y bien, las instituciones encargadas de proteger la democracia y el Estado de derecho, ante el embate golpista de aspirantes a hacer del gobierno una tiranía.

Han funcionado, y resistido, el Congreso de Nuevo León, la Suprema Corte de Justicia de Nuevo León y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La opinión pública, en medios de comunicación y redes sociales, ha dado una respuesta vigorosa.

El golpismo de Samuel no debe quedar impune, porque sería dar carta blanca al golpe de Estado en toda la línea que van a perpetrar el próximo año si la candidata oficial pierde la elección.

Aquí vimos la insólita frescura con que un gobernador con licencia alentó el golpe en el Congreso para impedir que se nombrara al interino, y al fracasar la maniobra se regresó al cargo como si nada hubiera pasado.

¿Qué es eso? Golpismo impune.

Hay que amarrar los demonios, porque de lo contrario 2024 será un infierno.

Estados Unidos lo vivió en enero de 2021 cuando un grupo de exaltados entró al Capitolio con la finalidad de impedir que el Poder Legislativo cumpliera su deber constitucional de certificar el triunfo de Joe Biden en la elección presidencial.

Hay más de mil detenidos, procesados y sentenciados por delitos federales. El incitador a la violencia fue el entonces presidente de ese país, Donald Trump, quien está siendo procesado por cargos de conspiración.

Así se defiende la democracia y el Estado de derecho.

Hay con qué castigar a los violentos y a su incitador. El artículo 150 del Código Penal de Nuevo León dice que: “Cometen delito de rebelión los que se alcen en armas contra el gobierno del estado, para:

I.- Impedir la elección o renovación de alguno de los poderes, la reunión del Congreso o del Tribunal Superior de Justicia, o de algún ayuntamiento o consejo municipal; o para coartar la libertad de alguno de estos cuerpos en sus deliberaciones o resoluciones”.

El castigo establecido va de dos a 14 años de cárcel.

Tiene que aplicarse la ley. No es un juego, pues la estabilidad del país está de por medio. O ley o barbarie.

¿No iban armados los que asaltaron el Congreso? ¿La bomba de humo que lanzaron mientras un grupo de camisas naranjas tomaba la tribuna, no es un arma?

Entonces aplíquese el artículo 158 del Código Penal:

“Cometen delito de sedición los que reunidos en número de 10 o más personas, pero sin armas, impidan el libre ejercicio de sus funciones, resistan a la autoridad o la ataquen…”.

El castigo lo estipula el artículo 159, con seis meses a cinco años de prisión.

Una operación de Estado fue el alquiler de un gánster de la sedición, que mandó echar bombas al Congreso de Nuevo León para que no hiciera lo que ordena la Constitución estatal cuando el gobernador pide licencia.

A Samuel no lo compraron, como a otros, sino que lo alquilaron por seis meses para hacerlo candidato presidencial y quitarle votos a Xóchitl. No les funcionó y como era alquilado lo devolvieron. Ya sacarán a otro.

Estamos en terreno peligroso. Fracasó el golpe de Estado en Nuevo León. Es decir, fracasó este golpe. Si no hay consecuencias, esperemos el siguiente.