Monterrey, México.- Con la suspensión otorgada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado ante una controversia de inconstitucionalidad promovida por el Legislativo, queda establecido que mientras Luis Enrique Orozco no asuma materialmente como Gobernador Interino, la licencia otorgada a Samuel García no aplicará, aseguró el Congreso local.
En un comunicado se establece que la controversia se promovió para garantizar el respeto a la designación del Interino -que deberá entrar en funciones al primer minuto de este sábado- ante los actos emprendidos por García para desconocerlo e impedirle el ejercicio del cargo.
“El Congreso del Estado promovió una controversia de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado con el fin de garantizar el respeto a la designación del Gobernador Interino que suplirá la ausencia del Gobernador Samuel García ante su ausencia por seis meses para participar en un proceso electoral”, se establece en el comunicado.
“La anterior acción se realiza ante la reiterada emisión de actos por parte del Ejecutivo Estatal orientados a desconocer la designación del Gobernador Interino y a impedir el ejercicio de su cargo. Es importante destacar que el nombramiento que otorgó el Poder Legislativo a Luis Enrique Orozco Suárez como Gobernador Interino se hizo en estricto apego a la ley y, sobre todo, en cumplimiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en observancia de dos suspensiones de la Suprema Corte.
“(Con la suspensión) ha quedado determinado que mientras Luis Enrique Orozco Suárez, en su calidad de Gobernador Interino designado por el Congreso del Estado, no asuma materialmente el acto, es decir que esté en posibilidad física y jurídica de ejercer todas las atribuciones inherentes al cargo, no surtirá efectos la licencia temporal autorizada al Gobernador Samuel García”.
En el comunicado se establece que el Congreso dará seguimiento a esta y otras acciones legales que se encuentran en trámite con el fin de restablecer el orden constitucional y legal, así como la gobernabilidad en el Estado.
