Desde hace meses, pero sobre todo después del incendio en Ciudad Juárez que ocasionó la muerte de 40 migrantes en esa ciudad en marzo pasado, los albergues para migrantes del sector público se han ido cerrando progresivamente, y los hombres, mujeres y niños que arriban por cientos de miles a nuestro país tratando de llegar a Estados Unidos terminan, la mayoría de las veces, en una suerte de trampa de la que es imposible salir, porque no pueden ingresar a Estados Unidos y quedan inmovilizados en México, sin recursos, muchas veces sin amparo legal alguno, casi siempre explotados por criminales porque ese tráfico de personas está en manos de los grupos del crimen organizado, desde el sur al norte del país, y no sólo cobran por el traslado, sino que también secuestran, violan, abusan de mujeres y niños, y piden rescate a sus familiares y amigos.

Tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades del país los albergues privados, de iglesias de distintas confesiones o de organizaciones humanitarias, están rebasados, los migrantes están durmiendo en calles o parques donde no tienen ni siquiera condiciones mínimas de higiene y salud. Se repiten las protestas de vecinos porque sus colonias están rebasadas por migrantes y la respuesta de las autoridades es literalmente nula.

En el mejor de los casos, dicen que es un problema compartido o que es responsabilidad de las autoridades federales y no locales, y que no pueden hacer nada. Las autoridades federales y el Instituto Nacional de Migración ya prácticamente no manejan albergues ni ayudas y unos dos millones 200 mil personas que entran al país en forma ilegal cada año se quedan sin apoyo alguno.

Pero es peor. Hay situaciones que son sencillamente intransitables, inaceptables desde cualquier punto de vista en el trato que sufren los migrantes. Esta semana, tras un operativo coordinado entre la Agencia de Investigación Criminal (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional, la noche del lunes 13 de noviembre de 2023, en la colonia Zacatenco de la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, fue detenida a una célula dedicada al secuestro de migrantes.

En toda esa alcaldía son recurrentes las protestas de los vecinos por la situación en que están los migrantes que se establecen en la zona. Esta misma semana, los vecinos bloquearon por esa razón el Circuito Interior y, cubriendo esas protestas, una reportera de adn40 y Televisión Azteca, junto con su camarógrafo, fueron agredidos por los delincuentes que explotan a los migrantes.

En el operativo de la Sedena se detuvo a una banda de secuestradores compuesta por ocho personas, que durante mucho tiempo operó con total impunidad en la Gustavo A. Madero, aparentemente (no puede ser de otra forma) con protección de las autoridades. Los vecinos denunciaron que ya habían reclamado por las irregularidades que se presentaban en el inmueble que servía como casa de seguridad, pero la policía local no les hacía caso. En dicho inmueble se escuchaban gritos de personas y se veía entrar y salir a mucha gente de distintas nacionalidades.

A partir de trabajos inteligencia e investigación y luego de una orden de cateo otorgada por un juez federal, integrantes del Ejército mexicano, en apoyo a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS-FGR), ubicaron la casa de seguridad y rescataron a ocho migrantes secuestrados de nacionalidad haitiana. Estaban en condiciones deplorables: encadenados al piso y con signos de tortura en sus cuerpos. Entre los secuestrados había cuatro mujeres, incluyendo una niña de diez años de edad.

Los secuestradores abusaban de sus víctimas y utilizaban a las mujeres en actos forzados de prostitución, sobre todo a menores de edad, a las que drogaban y vendían a sus clientes.

Según las informaciones de inteligencia, los secuestradores pedían a los familiares de las víctimas entre ocho y nueve mil dólares, amenazaban con matarlos o mutilarlos. Una vez que era pagado el rescate, sólo en algunas ocasiones liberaban a los hombres, pero a las mujeres las seguían reteniendo para prostituirlas.

Según las autoridades federales, el tráfico y la extorsión a migrantes les deja ganancias a las bandas del crimen organizado de cerca de 100 millones de dólares mensuales, sin que tengan que invertir dinero y con menos riesgos que las drogas, por esa razón el tráfico y extorsión de personas ha desplazado en muchas regiones del país al narcomenudeo, pues les dejan mayores beneficios económicos.

Los migrantes haitianos rescatados se encontraban en pésima situación de salud, sin comer ni bañarse, encadenados y golpeados, y fueron puestos bajo el cuidado y protección de la FGR.

También los ocho detenidos están a disposición de las autoridades federales. Estaban encabezados por Gustavo “N”, de 31 años de edad y originario de la Ciudad de México. Los otros integrantes eran Víctor Efrén “N”, de 47 años; Luis Antonio “N”, de 37; Edwin Israel “N”, de 34; Erick Fabián “N”, de 27 años; Juan “N”, de 25 años; Zaid “N”, de 19, y Alberto “N”, de 18 años de edad. Esta banda fue desarticulada, pero la pregunta es cuántas células como ésta operan en todo el país, bajo el mando de los principales grupos criminales y con protección de autoridades locales.