Revés a empresas relacionadas con alto mando de la 4T

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Mario Maldonado

Dos empresas relacionadas con un alto mando del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recibieron reveses en los últimos días. De la primera dimos cuenta la semana pasada: la recién creada Atlantis Operadora de Servicios de Salud a la que le revocaron un contrato por 2 mil millones de pesos con Nafin y Bancomext por diversas irregularidades; y ahora también se sabe de la inhabilitación de una compañía integradora de tecnología denominada Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, mejor conocida como Theos.

Atlantis es una empresa que forma parte del nuevo “cartel de salud”, pues junto con Corporativo Médico Community Doctors, Challenge Consulting SC y Distribuidora Médica Daport –las cuales fueron constituidas el mismo mes en que tomó posesión de la Presidencia López Obrador– lograron hacerse de contratos por más de 5 mil millones de pesos con el gobierno de la 4T.

En lo que respecta a Theos, el oficio de inhabilitación se publicó el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación y le impone a la empresa una sanción que le impide contratarse con el sector público por los próximos 15 meses, es decir hasta febrero del año 2025. A la compañía propiedad de Raúl Pinto Hernández se le acusa de cometer irregularidades en el ISSSTE, de Pedro Zenteno, específicamente en un contrato de arrendamiento de equipos de cómputo por alrededor de 2 mil 300 millones de pesos.

La historia de irregularidades detectadas data del 2015. El instituto que entonces llevaba José Reyes Baeza adjudicó de manera directa a Theos los servicios administrados de cómputo personal, el contrato más oneroso de aquella administración (2 mil 294 millones de pesos), para incorporar a la totalidad de sus módulos de atención y de administración en todo el país aproximadamente 33 mil computadoras e impresoras. La vigencia de los servicios abarcaba de marzo de 2015 hasta el 30 de julio de 2018.

Desde finales de la administración anterior y ya entrada la gestión de la 4T, el servicio se ha extendido hasta en siete ocasiones, agregándole a los pagos por lo menos otros 2 mil millones de pesos hasta julio del presente año. Por esta causa el ISSSTE ha operado en los últimos ocho años con las mismas computadoras.

Las cosas al parecer se llevaron al extremo, pues existen documentos en las plataformas de transparencia que reportan concursos licitatorios en el ISSSTE para sustituir estos equipos de cómputo y el ganador de esos procedimientos fue nuevamente Theos; sin embargo, cuando fue citada por el área correspondiente para hacer la firma del contrato, sus directivos no se presentaron, lo que obligó a dejar vigente el antiguo convenio, muy conveniente pues habría tenido que realizar la inversión en equipos de cómputo nuevos.

El funcionario de alto nivel del que hablamos es el general Audomaro Martínez, titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), paisano del presidente López Obrador y quien, según fuentes de alto nivel del gobierno, está peleado con los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, empezando por su titular, Luis Cresencio Sandoval; esta es una de la hipótesis de los reveses a las empresas con las que tiene vinculación de alguna manera, ya se a través de familiares o con el famoso “padrinazgo”.

Aquí hemos reportado una empresa distribuidora de combustibles ligada al general en retiro que ha obtenido más de 500 millones de pesos en contratos con el sector público en los primeros cinco años de la actual administración. Asimismo, con la poderosa Atlantis, que hasta el último año del gobierno le pudieron revocar un contrato. Y ahora Theos, de Raúl Pinto Hernández, cuyo hijo, David Pinto Quintero, es socio del hijo del general, Oscar Audomaro Martínez Hernández, en la empresa de seguridad privada Sedegral.

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Tómelo con reservas, pero existe una investigación en contra del empresario Enrique Ruiz Hernández y a la empresa Cloud Enterprise Services, ya que, de acuerdo con fuentes gubernamentales, han conseguido contratos en varias dependencias del gobierno federal con diversos incumplimientos y anomalías, lo que ocasionó un daño para las finanzas públicas.

Además, la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Roberto Salcedo, recibió información sobre Enrique Ruiz, vinculado con dos empresas con las que participa en las licitaciones federales: Cloud Enterprise Services y TEC Pluss, mismas funcionan con un presunto esquema de simulación para que cuando una de ellas sea descalificada la otra tome su lugar, además de que comparten trabajadores, como el caso de Juan Antonio Reyes Mercado, director de Operaciones de Tec Pluss y quien al mismo tiempo ocupa la Gerencia de Servicios de Cloud Enterprise Services; mientras que Marie Araceli Morgado Genes ocupó la posición de Project Manager en ambas organizaciones.

Cloud Enterprise Services tiene clientes como la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares; el ISSSTE, de Pedro Zenteno; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de Graciela Márquez, y el Instituto Nacional de las Mujeres, que lleva Nadine Gasman Zylbermann.

Este fin de semana, la UIF, de Pablo Gómez; Hacienda, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, y la FGR, que conduce Alejandro Gertz Manero, recibieron una denuncia para que se indague si existieron prácticas de lavado de dinero y/o anomalías en las empresas relacionadas con Ruiz Hernández.

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Este domingo el presidente López Obrador canceló su asistencia a la inauguración del Teletón de Tlapa, en Guerrero. Un grupo de maestros se presentó en las instalaciones con la intención de entregar un pliego petitorio al mandatario; sin embargo, las protestas se tornaron violentas, poniendo en riesgo la vida de niñas y niños con discapacidades, quienes salieron del lugar con la ayuda de sus familiares.

La protesta fue organizada por Héctor Torres Solano, secretario general de la CETEG, quien ha sido investigado por la Fiscalía General de la República debido a este tipo de protestas violentas; por ejemplo, la del 27 de junio del año pasado en el Parador de Marqués.

Aunque canceló su visita al Teletón, López Obrador sí se reunió con los presidentes municipales de La Montaña y dijo que supervisó algunas obras.

Todo apunta a que la mano del priismo estuvo detrás del portazo al CRIT Teletón. El alcalde Gilberto Solano es muy cercano operador del exgobernador del PRI, Héctor Astudillo, de quien fue secretario de Asuntos Indígenas. Y resulta que fue el único que no estuvo presente en la reunión de presidentes municipales de la región de la montaña que se realizaba en ese momento.

El gobierno federal, por cierto, abrió una investigación por desvío de más de 900 millones de pesos en el DIF de Guerrero, durante la administración de la esposa de Astudillo. Quizá por eso las declaraciones del exgobernador señalando «falta de contundencia» para atender las afectaciones que dejó el huracán Otis en Acapulco.

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Desde el Estado de México, el Frente opositor propuso blindar el presupuesto del Poder Judicial.

Reunidos en el segundo informe de actividades del diputado panista Anuar Azar Figueroa, los dirigentes del PAN, Marko Cortés; del PRD, Jesús Zambrano, y otros representantes de esa alianza, como la excandidata a la gubernatura Alejandra del Moral, el diputado Jorge Romero y Santiago Creel advirtieron que en el Congreso vendrá una batalla intestina para tratar de proteger constitucionalmente los recursos de los órganos autónomos que se han recortado durante la presente administración.

La propuesta se dio en medio de una discusión por la extinción de los fideicomisos que comprenden 15 mil millones de pesos de los trabajadores del Poder Judicial.

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