¿Obra pública o arma electoral? El polémico fondo de 7.000 millones de pesos en los presupuestos que despierta las sospechas de la oposición
Por Redacción
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, culminará su sexenio con una fuerte inversión en obras públicas. La Cámara de Diputados ha aprobado una ampliación de 7.189 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Este fondo no estaba contemplado en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el próximo año enviado por el Ejecutivo al Congreso, sino que se trató de reasignaciones hechas por los diputados a partir de recortes en otros rubros de gasto. No cuenta con reglas de operación, ni cartera de proyectos. La dependencia podrá ejercer los recursos en las obras de infraestructura que considere necesarias, principalmente carreteras, señalaron legisladores de Morena. Las fracciones parlamentarias de oposición prendieron las alarmas y advirtieron de que, por tratarse de recursos de libre disposición, se trata de una “partida” con fines electorales, de cara a los comicios federales de 2024. No obstante, la SICT ha asegurado a este periódico que los recursos extraordinarios serán invertidos en el mejoramiento de la red ferroviaria y de telecomunicaciones en los Estados, así como en caminos y carreteras, lo que muestra que López Obrador echará toda la leña al fuego en su último año para intentar concluir sus obras pendientes.
Originalmente, el proyecto de presupuesto anual para la SICT era de 78.499 millones de pesos, pero el Congreso autorizó finalmente un gasto de 85.688 millones. El proyecto aprobado especifica que la ampliación se dio en el rubro presupuestal de “Fortalecimiento para el desarrollo de la infraestructura estatal”. “Con la asignación, la SICT se encargará de dar continuidad a las acciones encaminadas al fortalecimiento de la red ferroviaria, la construcción y modernización de caminos rurales, la expansión de la cobertura de telecomunicaciones y la modernización de la red carretera, con el objetivo de mejorar las condiciones de la población mexicana. Para el ejercicio fiscal 2024, más del 70% del presupuesto estará destinado a inversión […] por lo que se estima para el siguiente año un apoyo sustancial para la obra pública en el país”, ha indicado la dependencia en un posicionamiento enviado a este diario.
El coordinador de finanzas públicas de la bancada morenista, Daniel Gutiérrez, explicó que con este fondo se busca que las entidades ejerzan efectivamente estos recursos en vías carreteras, aunque sea a criterio de la SICT. Durante la discusión de las más de 3.500 propuestas de modificación al dictamen, se enlistó una reserva para obligar a la dependencia a fijar reglas de operación. La propuesta no prosperó. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, no respondió a una consulta sobre el tema. Esta bolsa de 7.189 millones de pesos proviene de recortes a diversos fondos y transferencias federales, particularmente de las participaciones de los Estados (4.807 millones de pesos), aportaciones federales para las entidades y municipios (1.492 millones) y provisiones salariales y económicas (889 millones). Todos del apartado “gasto programable”.
El diputado Gutiérrez ha añadido que los fondos recortados en transferencias “regresarán” a los Estados con intermediación de la SICT, que decidirá a qué obras se destinarán conforme a los criterios que considere la dependencia. “Este fondo de más de 7.000 millones de pesos se va directamente a la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para poder compensar a los Estados y municipios, que van a perder recursos de las participaciones y aportaciones federales”, ha señalado. La bancada morenista y sus aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo han dejado que la dependencia federal maneje con libertad este fondo extra. “Ahorita no podemos saber qué caminos van a ser [financiados con la reasignación presupuestal], porque hay que recorrer, hay que hacer un estudio. Pero eso sí, para que no se preste a moches [sobornos], lo va a manejar la SICT con todas las reglas que establece la ley”. Plena confianza hay en la administración que haga la secretaría, sin reglas de operación.
López Obrador ha hecho una fuerte apuesta política al mejoramiento de las vías férreas y a recuperar su vocación de transporte de pasajeros. El mandatario ha prometido que cuando termine su Administración se habrán construido 3.000 kilómetros más de vías en México. Una de sus obras más importantes, el Tren Maya, encaja en ese proyecto. Pero quiere más. Esta semana, el presidente ha anunciado un decreto para que los trenes de carga de mercancías ofrezcan también el servicio de transporte de pasajeros; el Gobierno permitirá a las empresas concesionarias presentar propuestas para hacer la transición, pero ha advertido de que, si no lo hacen, será el Estado el que opere el servicio. Otro de los grandes proyectos de infraestructura de López Obrador es extender la red de internet gratuito en el país. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a cargo de este objetivo, ha asegurado que al término del año habrá 100.000 nuevos puntos de acceso a la red. El mandatario ha afirmado que, al concluir su sexenio, los más de 2.500 municipios de México contarán con cobertura de internet patrocinada por el Estado. El aumento presupuestal a la SICT parece ser el medio para llevar a buen puerto estos dos proyectos de infraestructura.
La reasignación millonaria de recursos despertó sospechas entre los partidos de oposición. Las bancadas opositoras han acusado la falta de transparencia de esta bolsa que califican como “el fondo de los moches”, toda vez que no cuenta con etiquetados ni reglas de operación, como reconocieron los mismos morenistas. “Este fondo fue creado de nada. En el Presupuesto de Egresos de la Federación no hay ningún transitorio que hable sobre reglas de operación, de transparencia, de cómo se ejecutarán estos recursos, de quiénes podrán acceder al mismo, si es participable también para Estados y municipios, sin reglas claras. Esto solo abre la puerta de la opacidad. Creemos que este es un fondo electorero, para campañas, para moches al que podrán acceder gobernadores, presidentes municipales y diputados de Morena, del PT y el Verde”, sostuvo el secretario de la Comisión de Presupuesto e integrante de la bancada del PAN, Héctor Saúl Téllez.
El País