No me puedo imaginar cómo se podrá operar desde el Gobierno de la Ciudad de México la ratificación en el cargo de Ernestina Godoy a la Fiscalía de la Ciudad de México. Pese a toda la operación política realizada en las últimas semanas, los números no se han movido en el Congreso capitalino y a la fiscal le siguen faltando, como mínimo, cuatro votos (otros aseguran que, en realidad, son seis), que tienen que salir de la oposición y que nadie parece dispuesto a otorgarle.

La ratificación de Godoy debe ser por mayoría calificada, eso implica el voto de 44 legisladores locales. Cuando se aprobó la ley que permitió la reelección de Ernestina, Morena tuvo 32 votos, mayoría simple. En esa votación dejaron el salón todos los legisladores de oposición. La candidatura de Godoy, más allá de su desempeño, con claroscuros, como suele ocurrir en estos cargos, enfrenta obstáculos internos y externos.

La Fiscalía capitalina ha sido parte de los éxitos que ha tenido la seguridad en la capital del país, pero eso ha sido opacado en los últimos meses por una serie de conflictos derivados, sobre todo, de la investigación contra destacados panistas en la Ciudad de México (lo que se dio en llamar el cártel del ladrillo), que implicó que se les abrieran carpetas de investigación e, incluso, órdenes de aprehensión a varios de los principales dirigentes opositores en la ciudad. Lo mismo ha ocurrido con colaboradores de Miguel Mancera de la anterior administración. Y con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, en un caso altamente controversial. O con la jueza que fue detenida en la Ciudad de México para llevarla a Veracruz en un caso eminentemente político (la jueza quedó en libertad porque el caso no tenía sustento alguno).

Pero, ahora, la divulgación del New York Times sobre el presunto espionaje al que sometió la Fiscalía capitalina a adversarios e, incluso, a dirigentes de Morena de otras fracciones internas, puede ser el desencadenante final del rechazo a la candidatura de la fiscal en el Congreso de la CDMX.

Según el NYT, la Fiscalía exigió a Telcel la información de llamadas y mensajes durante un periodo de dos años, de 2021 hasta hace unos meses, de personajes como Santiago Taboada (alcalde de la Benito Juárez y uno de los principales aspirantes del Frente Amplio a la candidatura de la ciudad), Lilly Téllez (senadora del PAN y, hasta hace unos meses, aspirante a la Presidencia), Alessandra Rojo de la Vega (legisladora, feminista, duramente enfrentada con el actual gobierno capitalino), Dolores Igareda (presidenta del Colegio de Secretarias y Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), Ricardo Amezcua (consejero de la Judicatura del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México) y también de dos notorios dirigentes de Morena en el Estado de México, en su momento opuestos a Delfina Gómez (que surgió de su grupo político) y que hoy forman parte central de su gabinete, Horacio Duarte (que entonces era director de Aduanas) y el senador Higinio Martínez Miranda.

Telcel reconoció que recibió las órdenes y entregó los registros, que abarcan desde 2021 hasta principios de este año. Lo más grave, según el expediente revisado por el NYT, es que las órdenes que recibió la empresa para entregar esa información se basaban en la presunta relación de esos personajes políticos, y de otros más, con investigaciones sobre secuestros y desapariciones forzadas, delitos en los que, evidentemente, no estaban involucrados.

La Fiscalía ha desmentido que haya realizado investigaciones de ese tipo y “negó categóricamente” exigir los registros telefónicos de esas personas. La Fiscalía, sostuvieron, “no espía a figuras políticas ni a ninguna persona e investiga exclusivamente con fines legales”. El NYT ratificó que revisó los expedientes y cuenta con ellos.

Si especulamos un poco, podemos pensar que esto es una parte más de la lucha interna en Morena y que difícilmente el NYT publicaría un tema de estas características sin haber consultado los citados expedientes y haberlo confirmado con Telcel. Ocurre algo así como con aquel mensaje de voz de Martí Batres, el jefe de Gobierno capitalino, dando órdenes para tratar de bajar a Omar García Harfuch y subir en las encuestas a Clara Brugada. Martí aseguró que era falso y era producido por inteligencia artificial, una afirmación que no todos, ni remotamente, suscribieron, dentro y fuera de Morena, sobre todo en el equipo de Claudia Sheinbaum.

Quizá no es casualidad que la fiscal Godoy haya trabajado y sea partidaria de Clara Brugada y del propio Martí, en una colisión con el equipo de Sheinbaum, que hoy hará eclosión con las designaciones de candidatos y candidatas a gobernador en los nueve estados en disputa. Lo cierto es que, si no sale adelante la reelección de Ernestina en el Congreso de la CDMX, en enero habrá que elegir un nuevo titular de la Fiscalía. Y para esa fecha, ya en campaña, me imagino que Sheinbaum tendrá un margen mayor que el actual, sobre todo si hoy termina de prosperar la candidatura de García Harfuch. Más allá del conflicto interno, ninguno de los legisladores del Frente Amplio apoyará la reelección. E incluso eso se extenderá a algunos colectivos feministas.

Para la fiscal Godoy tampoco se acabaría el mundo: vienen designaciones en el Poder Judicial, local y federal, cargos de elección popular (se habla de una senaduría) y reacomodos en la lucha interna de Morena. Pero me temo que la publicación del NYT es el punto final de un proceso que comenzó tan controvertido como, todo parece indicar, terminará.