EN EL PRIMER año del gobierno de la 4T, el proyecto de Enrique Peña Nieto, México Conectado, fue apagado y los 13 millones de mexicanos más pobres y en áreas rurales fueron desconectados.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), ésta que encabeza el condescendiente David Colmenares Páramo, señaló precisamente lo anterior en su primer año de evaluación, cuando era más crítica.
La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador rescató a Altán Redes y creó CFE Telecom para conectar, cuando menos, a 20 millones de mexicanos, incluidos los 13 millones que desconectó.
Capitalizó a Altán con 152 millones de dólares, vía la banca de desarrollo, léase Nafin-Bancomext, que comanda Luis Antonio Ramírez, y Banobras, que capitanea Jorge Mendoza Sánchez.
Paralelamente, los proveedores tecnológicos, Nokia, que preside Pekka Lundmark, y Huawei, de Ren Zhengfei, le metieron otros 163 millones de dólares, más otros 60 millones de los socios originales.
A la vuelta de un año, Altán, que ahora controla el gobierno, ya debe una cantidad igual, sin la capacidad de adquirir espectro nuevo en otras bandas, vital para ser competitiva en áreas urbanas.
El espectro que tiene es para áreas rurales y es absolutamente incompetente en zonas urbanas y rurales por falta de espectro que le dé capacidad. Y peor aún: es imposible que adquiera espectro para 5G.
CFE Telecom, que dirige David Pantoja, no ha podido desplegar las torres que ofreció y ha sido un dispendio de recursos económicos, lo cual contrasta con lo que ayer se presentó en la conferencia mañanera.
El mismo Presidente López Obrador ha dicho que alguien “lo engaño” con las metas que se planteó esa filial de la CFE, que dirige Manuel Bartlett, presente también ayer en Palacio Nacional.
La entrada de Starlink, de Elon Musk, como revelamos aquí la semana pasada, es una acción desesperada y la confesión de la incapacidad de Altán para conectar a los mexicanos más pobres.
Ante el rezago de Altán, que dirige Carlos Lerma, y CFE Telecom, quieren señalar que con el internet satelital ya cubrieron todo el territorio nacional, lo cual es un engaño y tiradero de dinero.
La Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, debió bajar los precios del espectro radioeléctrico que están devolviendo operadores como Telefónica-Movistar, de Camilo Aya, y AT&T, de Mónica Aspe.
Y a su vez el gobierno y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que lleva Javier Juárez Mojica, deberían estar generando obligaciones de cobertura para abatir la brecha digital, como lo hacen Chile y Brasil.
UNA DE LAS primeras encomiendas de la nueva Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, fue remover a todos los funcionarios de la dependencia vinculados con su antecesor, Adán Agusto López. Uno de los cargos que se relevó con una rapidez inusual fue la del Director General de Juegos y Sorteos, Manuel Marcué, quien era cercano y paisano del ex secretario.
La remoción de este funcionario en particular se dio en el contexto de que las empresas operadoras de casinos fueron de las principales fuentes de apoyos económicos en la búsqueda de la candidatura presidencial del tabasqueño.
Varias compañías fueron coaccionadas a dar recursos, pero otras, varias otras, lo hicieron gustosas en una aventura político-electoral que ya se vio resultó fallida. El nuevo titular que regula las apuestas y casinos en México es Leonardo Manuel Figueroa, un cercanísimo colaborador de Luisa desde la Secretaría del Trabajo.
Ahora ha lanzado un nuevo Reglamento para la industria que está en vísperas de ser publicado y prohibirá, a partir del vencimiento de los actuales permisos, toda máquina que sea de azar, con lo que 90% de estos dispositivos electrónicos que hoy se usan serán inviables, dañando a toda una industria y sus fuentes de empleo. Sin embargo el “golpe” no va ser parejo, pues en los permisos del Grupo Caliente, el de Jorge Hank, no hay fechas de vencimiento.
Es decir, son permanentes, así que esta prohibición no les aplicaría y la regulación para todo el sector sería dispareja. El prohibir nunca es lo acertado y en esa tesitura sólo crecerán las máquinas en establecimientos y ferias clandestinas. Pero sobre todo una regulación expedida a manera de revancha no es lo más adecuado.
EL QUE SURGIERA como una imitación del Black Friday de Estados Unidos, conocido en México desde hace 12 años como El Buen Fin, sigue siendo un reactivador importante para la economía nacional. Las proyecciones de este 2023 son positivas, pues la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que preside Héctor Tejada, espera una derrama de 141 mil millones de pesos. Estamos hablando de 7 mil millones más que en el ejercicio de 2022.
Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México y su Secretaría de Desarrollo Económico, que lleva Fadlala Akabani, estiman que de ese gran total la capital se quedará con alrededor de 37 mil millones de pesos, esto es 10.3% más que el año pasado.
La noticia es que 2013 será el primer año en que se elimine de los factores económicos el impacto de la pandemia por COVID-19, por lo que el llamado para las empresas comercializadoras es a incrementar su nivel de capitalización.
APENAS EL MARTES le adelantábamos que no perdiera de vista a Bertha Alcalde Luján, la todavía comisionada de Operación Sanitaria de la Cofepris, pues su nombre se barajaba para integrar la terna de aspirantes para ocupar la posición de ministra que ayer formalmente dejó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Pues bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador efectivamente la incluyó, junto con el de su Consejera Jurídica, María Estela Ríos, que también había trascendido, y la que resultó una verdadera sorpresa, Lenia Batres. Conforme a las versiones que circulan, Bertha sería la designada por el inquilino de Palacio Nacional ante su imposibilidad de haber nombrado a su secretaria de Gobernación y hermana de aquélla, Luisa María Alcalde.