El eterno caso de Trese

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Darío Celis

El 19 DE febrero de 2013, Sistemas Integrales de Compresión, S.A. de C.V. (SIC), Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados (Trese), Ardica Construcciones y Alher Oil & Gas suscribieron un contrato privado de participación conjunta.

El propósito de este consorcio de contratistas era unir esfuerzos para participar en una licitación pública internacional abierta emitida por Pemex Exploración y Producción (PEP).

En la misma fecha, SIC, Alher, Ardica y Trese celebraron el “instrumento regulador del consorcio”, a efecto de señalar las obligaciones que correspondían a cada una de las partes, documento que complementa el régimen interno del consorcio.

La intención de las partes al suscribir los documentos aludidos con antelación, fue participar en la licitación número 18575021-526-12 que organizó la nueva administración de la petrolera dirigida ya por Emilio Lozoya Austin para proveer el servicio integral de compresión de gas amargo.

El 29 de agosto de 2013, los integrantes del consorcio celebraron en su calidad de proveedor con Pemex, el contrato número 422213801, respecto al servicio integral de compresión para gas amargo, instalado en una plataforma autoelevable para interconectarse a instalaciones marinas del activo de producción Cantarell.

Derivado de lo anterior, SIC, Trese, Ardica y Alher Oil, firmaron diversos convenios, contratos e instrumentos en los que establecieron los servicios y responsabilidades que cada una de las empresas se obligaba a prestar y a asumir para cumplir con el contrato, entre los cuales se encuentra un contrato de fletamento.

El 11 de septiembre de 2015, United Overseas Bank Limited, como fideicomisario en primer lugar, Coastal Energy Solutions como fideicomisario en segundo lugar, SIC, Ardica, Alher y Trese en su carácter de fideicomitentes y fideicomisarios en tercer lugar y CIBanco celebraron un contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago identificado con el número CIB/2346, al cual afectaron todos los derechos de cobro que les correspondieran con motivo del contrato con Pemex.

En esa misma fecha, SIC, Trese, Ardica y Alher Oil, cedieron de manera irrevocable a favor del Fiduciario, 100% de los derechos de cobro, a efecto de que, con cargo a los mismos, se pagaran las rentas de la plataforma y se cubrieran los gastos ordinarios.

El 27 de septiembre de 2016, Coastal notificó al Fiduciario mediante una carta fechada el 26 de septiembre de 2016, el incumplimiento de las obligaciones de Trese, actualizándose entonces las hipótesis previstas en las cláusulas del Fideicomiso, conforme a las cuales, solo Coastal podría girar instrucciones a CIBanco.

En diciembre de 2016, dos acreedores de Trese solicitaron su declaración de concurso mercantil, petición que por razón de turno tocó conocer a la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la CDMX, bajo el número de expediente 666/2016.

El 4 de abril de 2017, dictó diversas medidas en el referido juicio concursal, entre ellas, ordenando al Fiduciario que retuviera los pagos recibidos por Pemex, que dirige Octavio Romero.

Mediante escrito presentado el 4 de mayo de 2017, CIBanco solicitó que se aclarara el auto de 4 de abril del mismo año, en tanto que la Juez de Distrito había ordenado retener todo el flujo del Fideicomiso.

Señaló que solo era procedente retener el saldo de la cuenta de remanentes de Trese, por lo que el 9 de mayo de 2017 determinó que la retención únicamente era procedente respecto de bienes de la concursada, y, además, lo recurrió a través del recurso de revocación.

Mediante sentencia de 28 de julio de 2017, se declaró a Trese en concurso mercantil, y el 30 de octubre la Juez requirió a CIBanco para que devolviera todas las cantidades que retuvo de Trese y “normalizara” los pagos derivados del fideicomiso, sin requerir una cantidad específica.

Posteriormente, en cumplimiento al proveído de 30 de octubre de 2017, por auto de 12 de julio de 2018, nuevamente se le requirió a CIBanco. Pero esta vez se le requirió entregar 19 millones 690 mil 785 dólares.

A lo largo de casi cinco años se han interpuesto diversos recursos, amparos y revisiones impugnando el monto requerido, pues lo único a lo que tenía derecho en ese momento Trese eran a los remanentes.

Siendo así que, por auto de 2 de marzo de 2022, la Juez Séptima volvió a requerir de pago a CIBanco por dicha cantidad, con el apercibimiento que de no hacerlo se le embargarían bienes de su propiedad mediante oficio que se giraría a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Jesús de la Fuente.

Después de varios recursos promovidos por CIBanco y en cumplimiento a una orden judicial del juzgado, fue puesto a disposición de dicho juez billete de depósito por la cantidad de 320 millones 601 mil 425 pesos, total del monto existente dentro del fideicomiso.

Sin embargo la Juez Séptima el 3 de mayo pasado dictó auto en el que se requiere a CIBanco el pago de la cantidad restante, por tres millones 414 mil 701 dólares, ante la cual se presentó recurso de revocación el 26 de mayo 2023.

El caso se sigue litigando porque esa institución ha actuado en todo momento en el marco de la legalidad, no así la empresa Trese, que preside Ricardo Silva, y que pretende obtener un beneficio indebido.

TRAS HABER SIDO ungido como el precandidato único del Frente Amplio por México para contender por la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada empezó a delinear lo que será su equipo de trabajo en la campaña para estructurar propuestas por temas. Apunte a dos connotados calderonistas, Roberto Gil Zuarth y Mariana Gómez del Campo, el primero en materia jurídica y la segunda en el trabajo a nivel de tierra. Al que fuera secretario del Medio Ambiente en el gobierno de Vicente Fox, José Luis Luege Tamargo, se le encomendó el tema del agua. Otra a la que Taboada ya le echó el ojo es a la actual Comisionada en Seguridad Ciudadana de la alcaldía de Miguel Hidalgo, Marcela Gómez Zalce. Mención aparte merece Manuel Mondragón y Kalb, el secretario de Seguridad Pública Pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de quien se sabe buscó asesoría el actual alcalde con licencia de Benito Juárez.

SI HUBO ALGUIEN que perdió en el corto plazo, pero que indudablemente amplió su espectro como ningún otro morenista que aspiraba a ser candidato a alguna gubernatura, ese es Omar García Harfuch. Aguantó los embates del ala radical de la 4T, los cuestionamientos de Palacio Nacional, y superó con 13 puntos en la encuesta interna de su partido, a la que será la candidata morenista para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El ex Secretario de Seguridad Ciudadana va ser Senador para evitar a toda costa que el impresentable Hugo López-Gatell se quede con ese escaño, y desde esa posición se convertirá en unos de los principales soportes que acompañarán a la alcaldesa de Iztapalapa con licencia en su carrera por la gubernatura de la Ciudad de México. Una vez conseguido ese objetivo, el destino de García Harfuch será una posición en el gabinete de Claudia Sheinbaum, muy posiblemente la Secretaría de Seguridad.

A LA MUERTE del ex Rector de la Universidad de Guadalajara (UdG), Raúl Padilla, y a la salida de Adán Augusto López de la Secretaría de Gobernación, los altos funcionarios de esa casa de estudios encabezada por su actual Rector, Ricardo Villanueva, rompieron el pacto de principios de año mediante el cual se suspendían las denuncias penales por peculado y enriquecimiento ilícito contra los directivos de esa institución de educación superior. El acuerdo era que la UdG depositara toda la influencia que ejerce en el ámbito político, económico y social en Morena, y en el arranque, entonces, de la carrera por la gubernatura de Jalisco, el respaldo al precandidato Carlos Lomelí. Pero ahora, ante la ausencia de Padilla, Adán y Lomelí, esos mismos funcionarios de la Universidad, sobre quienes hay carpetas de investigación que estaban cerradas y que ahora se pueden abrir, buscan diputaciones para alcanzar un anhelado fuero.

LOS LÍDERES PRIÍSTAS en la Ciudad de México, Israel Betanzos y Tonatiuh González, terminaron sucumbiendo a las presiones del líder nacional del tricolor, Alejandro Alito Moreno y del ex Zar de la Basura hoy preso en el Reclusorio Oriente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Y es que prefirieron amagar con dejar sin candidaturas y futuro político a sus actuales diputados, y les exigieron a todos declarar en contra de las pretensiones de Ernestina Godoy para reelegirse por un periodo más al frente de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Pero ya se filtraron las amenazas que pusieron en mensajes y hasta Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, dio a conocer que Betanzos aún tiene señalamientos por el delito de trata de personas.

EN LA RECTA final del sexenio, el gobierno de la 4T comenzó a encender alertas por la opacidad de contratos y proveedores incumplidos. La Coordinación de Becas para el Bienestar, el Instituto Nacional de Pediatría, el Archivo General de la Nación, la Secretaría de Educación Pública y el Consejo de la Judicatura Federal tienen un contratista en común que ha adquirido notoriedad no sólo por los montos multimillonarios que le han asignado, sino por sus incumplimientos. Se trata de Black Ecco TI, que dirige René Quintero, y quien podría ser objeto de auditorías dirigidas al origen y la ejecución de sus contratos. La bonanza de esta startup como proveedor consentido del sexenio podría estar llegando a su fin.

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