¿De verdad quieren a Ernestina?

Ernestina Godoy ha estado librando una batalla muy fuerte para ser ratificada como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, ante la falta consenso y las críticas a su gestión de haber violentando la ley, y ponerla al servicio de los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la exjefa de Gobierno capitalino Claudia Sheinbaum. En su apoyo hay una campaña oficial, encabezada por López Obrador, a la cual se sumaron mujeres respetables, algunas de las cuales la critican privadamente por incompetente, que sólo se entiende si en el fondo del respaldo está el arropamiento de Sheinbaum, la precandidata presidencial, quien, tras la derrota de su delfín para el gobierno local, Omar García Harfuch, otra derrota sería demasiado.

Godoy llegó a la Fiscalía por decisión de Sheinbaum, aunque el programa de justicia para la Ciudad de México no lo hizo ella, sino Ana Laura Magaloni, que cuando se enteró del nombramiento, se mostró decepcionada. Magaloni, por cierto, ha sido una de las apologistas de Godoy, sin cuestionar las violaciones a la ley que abiertamente cometió. Incluso el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, le envió una tarjeta al Presidente sobre los excesos que cometió Godoy, incluida la persecución del exalcalde de Benito Juárez y precandidato al Gobierno capitalino, Santiago Taboada, y a sus principales colaboradores, a quienes infructuosamente trató, hasta ahora, de vincular al llamado cártel inmobiliario.

Los informes de Gertz Manero sobre Godoy no son inusuales. En este año le ha entregado al Presidente reportes sobre presuntos actos de corrupción, pero López Obrador no les ha prestado atención. La última nota que le entregó la semana pasada evaluando las críticas de quienes fueron víctimas de sus excesos y en los medios que han resaltado sus abusos, fue tomada con ligereza por el Presidente sin que le causara aparentemente interés alguno.

Godoy ha sido un alfil político al servicio de Sheinbaum y López Obrador. Dos casos sumamente graves carga en su equipaje de omisiones que, si no son deliberadas, revelan incompetencia. El primero es la investigación de la tragedia en la Línea 12 del Metro, en 2021, donde murieron 26 personas y un centenar resultaron heridas. Godoy llamó a declarar a varios funcionarios, pero nunca citó a la entonces directora del Metro, Florencia Serranía, que estaba protegida por el Presidente. López Obrador también ordenó que no se investigara el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, en 2022, y así lo hizo, por lo que llevó las pesquisas indebidamente García Harfuch.

Otro caso paradigmático de su gestión, otro escándalo, fue la manera exprés como exoneró a la ministra Yasmín Esquivel de haber cometido plagio en su tesis de licenciatura, tratando de limpiarle la imagen y siguiendo los deseos de Palacio Nacional, pese a que ni siquiera era un asunto de su competencia. Transgredir la Constitución no ha sido algo inusual durante su gestión. Así lo hizo en la persecución contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, como respuesta al abuso cometido por éste al espiar a Sheinbaum durante una visita a Morelos. La represalia política torciendo las leyes le permitió encarcelarlo por el feminicidio de Ariadna Fernanda, en 2022, y acusarlo de tortura, pero Godoy no pudo sostener la acusación y perdió en cuatro instancias, saliendo Carmona libre.

En octubre de 2020, para satisfacer los deseos vengativos de Gertz Manero contra la pareja de su hermano Fernando, se dejó manipular por el entonces brazo ejecutor del fiscal, Juan Ramos –fallecido hace pocos meses– y por Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para reactivar el caso que había perdido en tribunales federales, y sin ninguna orden de aprehensión detuvo a Alejandra Cuevas, la hija de la pareja de su hermano, y la dejó en la cárcel un año y medio hasta que la Suprema Corte, por unanimidad, ordenó su liberación porque los delitos por los que la acusaron eran inexistentes.

Otras víctimas de delitos la han acusado de ocultar información, omitir diligencias y perder evidencias, como en un multihomicidio en la colonia Narvarte, en 2015, o de revictimizar a mujeres, como sucedió con una denuncia de dos adolescentes contra policías capitalinos por abuso, en 2019, donde Godoy no detuvo a nadie porque, dijo, “no vamos a fabricar culpables”.

Irónica declaración para quien ha manufacturado culpables, actuando en acatamiento de instrucciones –dadas exprofesamente o implícitamente–, y se prestó a vendettas personales, como las de Gertz Manero contra su familia, o políticas, como las de Sheinbaum contra Carmona, o electorales, como la cacería contra Taboada, a quien no quiere Morena que aparezca en la boleta electoral el próximo año.

Recientemente, el periódico The New York Times publicó que la Fiscalía capitalina espió a cuando menos 14 políticos de oposición, y dos de Morena. El Times dijo que Telcel reconoció en un documento oficial que había recibido los requerimientos y entregado los registros de 2021 a la fecha. Godoy ha negado las imputaciones y señaló que el documento era falso. Informes que se enviaron en su momento a Palacio Nacional de la Fiscalía General sugirieron que el espionaje realizado por los colaboradores de Godoy se había realizado con el equipo con el que se espió a políticos durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

Los señalamientos contra la fiscal Godoy de irregularidades, arbitrariedades e ilegalidades han seguido apareciendo en la prensa, al igual que denuncias de trabajadores de la dependencia, señalando que los han estado obligando con amenazas de retención de sueldo, si no firman una carta donde piden su ratificación.

Este proceso debió haber concluido el martes de la semana pasada, pero se atoró porque Morena no tenía los votos suficientes para lograrlo por un nuevo periodo de cuatro años. Godoy ha politizado el proceso, y ha dicho que la batalla no la pueden ganar los corruptos y quienes creen que quedarse con el dinero del pueblo es un derecho político y no un delito. Puras palabrerías de quien es indigna, a partir de sus acciones, para permanecer en la Fiscalía.

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