Resultó una vacilada el anuncio de que al extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria en razón de su deteriorado estado de salud y su avanzada edad.

El fallo de un juez federal, José Rivas González, no significa que el exprocurador, detenido el 19 de agosto de 2022, se vaya a ir a su casa en calidad de detenido.

Tiene dos causas vinculadas con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La primera por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. Es por esta razón que el juez cambió la medida cautelar.

La segunda también es por tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos. Sigue vigente y por eso se queda en la cárcel.

A Murillo Karam lo acusan de haberse inventado la llamada verdad histórica para cerrar el caso de Ayotzinapa. Esa versión asegura que agentes de la policía municipal entregaron a los normalistas a miembros del cártel Guerreros Unidos, que luego fueron ultimados e incinerados en el cercano basurero de Cocula.

Salvo en el tema del basurero, la verdad de la 4T sobre la desaparición de los 43 normalistas coincide, en lo medular, con la verdad histórica:

El 2° informe de la Comisión de la Verdad, que encabezó Alejandro Encinas, admite que Guerreros Unidos mantenía una importante “cooptación” de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región: policías municipales, estatales y federales; y con el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

Fue esta organización delincuencial la que operó la desaparición de los normalistas, a través de al menos tres células delictivas, en distintas zonas del municipio, con el apoyo de diversas autoridades, dice el informe de la Comisión.

AMLO fue cuestionado sobre la abortada prisión domiciliaria para el exprocurador. El Presidente dijo que se trataba del “clásico sabadazo” y que el juez que cambió la medida cautelar “actuó por consigna, porque se dedicó a hablar mal de mí”.

El mandatario calificó de “muy raro” que el juez, que no es el titular, haya otorgado la prisión domiciliaria a Murillo, porque se suponía que no había servicio y que estaban cerrados los juzgados.

“Se metió como si lo hubiese asesorado Diego Fernández de Cevallos”, sintetizó.

Murillo Karam tiene 75 años. Padece de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral. Permanece detenido en la unidad médica del penal de Tepepan, al sur de la Ciudad de México.

* El tema de los plagios de tesis o informes profesionales ya parece chunga. Tanto Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena-PVEM-PT, como su adversaria del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, han sido acusadas de copiar sus respectivos trabajos para titularse.

La UNAM salió ayer a desmentir los plagios. La Dirección de Comunicación Social de la casa de estudios dio a conocer un comunicado en el que niega que haya habido plagio en los dos casos. Advierte: “La UNAM no puede ni debe verse involucrada en la disputa electoral. Por lo anterior, a partir de esta fecha, sólo emitirá dictámenes sobre posibles plagios en aquellos casos donde sea imprescindible la presentación de un grado académico para desempeñar un cargo de responsabilidad”.

* Reveladoras las cifras de la organización Causa en Común, que encabeza María Elena Morera, sobre el costo en vidas humanas que paga la policía en el combate al crimen en México.

En su último reporte, Causa en Común asegura que en lo que va del año han sido asesinados al menos 362 policías. Un promedio de 1.1 cada día.

Los estados con mayor cantidad de policías ejecutados en este periodo son Guanajuato (58), Guerrero (34), Zacatecas (24), Michoacán, Jalisco y Veracruz (22 cada uno)

En esas seis entidades hay una fuerte presencia de grupos del crimen organizado. El elevado saldo rojo refleja la impunidad con la que ejecutan a quienes están encargados de combatirlos. Matar a un policía sale barato en México.

Causa en Común da a conocer otra cifra que llama la atención: Del 1° de diciembre de 2018 al 1° de noviembre de 2023 se han registrado, al menos, 2 mil 180 policías asesinados en México.