EL VALLE DE México, el Valle de Toluca y la zona conurbada de Puebla son los reinos del gas robado y la anarquía en la venta y distribución.

Y no son pocas las empresas que incurren en estas prácticas. Apunte a Gasipo, Luxor, Flamamex, Flamaazul, Gas La Cobra, Gas Capital y Gas Metropolitano.

Por un lado, no se entiende cómo trabajan empresas distribuidoras que venden al público el kilo de gas por debajo del precio oficial en que lo vende Pemex, que dirige Octavio Romero.

Ningún negocio puede subsistir vendiendo sus productos por debajo de lo que le cuesta producirlos o comprarlos. La única explicación es que ese producto fue robado.

Y eso ocurre en muchas plantas de distribución con permisos de la Comisión Reguladora de Energía, ésta que preside Leopoldo Melchi, y algunas clandestinas como las mencionadas líneas arriba.

Todos esas gaseleperas que se mueven en la informalidad están ubicadas en Chalco, Ecatepec, Coacalco, Metepec, Zumpango y muchos otros municipios del Estado de México y de Puebla, principalmente.

Por el otro, empresas que incumplen las normas que las obligan a registrar todos sus vehículos de reparto, contratar seguros, garantizar todas las medidas de seguridad y abastecer de gas solo a sus unidades.

No se entiende cómo esos negocios, sobre todo de reciente aparición, siguen trabajando plantas que tienen registradas unas cuantas pipas o camiones repartidores.

Sin embargo abastecen a cientos, pertenecientes a otras empresas y a plena luz del día, una práctica ilegal cuyos principales exponentes son las compañías Luxor, Framamex y Flamaazul.

A pesar de que la CRE anunció y realizó recientemente operativos para sancionar estas prácticas ilegales, siguen ocurriendo por dos razones principales.

Una, porque se requiere que el regulador cuente con el apoyo de la Guardia Nacional, que dirige David Córdova, así como de las fiscalías, las policías estatales y locales para detectar y sancionar a los infractores.

Y dos, porque hay que legislar para que la CRE cuente con facultades legales para terminar, de una vez por todas, con la venta de gas robado y la anarquía en su venta y distribución.

EL ABOGADO JAVIER Mondragón nunca ha privilegiado un comportamiento ético para las personas y empresas con las que ha trabajado. Sólo por mencionar tres ejemplos: en la época de El Tigre Emilio Azcárraga Milmo en Televisa, era el Director Jurídico, pero ante la muerte de su jefe y el relevo generacional, se negó a dar cuenta de los expedientes jurídicos y litigios bajo ese resguardo. Señaló que sólo lo haría si se le pagaba una iguala, algo que no se aceptó y los nuevos abogados de Televisa reconstruyeron el jurídico prácticamente de cero. Después, en Telmex, era también su abogado y al estar distraído en otros negocios y ante su falta de compromiso con la empresa, el Director Jurídico de América Móvil, tuvo que asumir las responsabilidades de Mondragón y también salió mal parado de la empresa de Carlos Slim Helú.

Luego reapareció al lado de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, a quienes conocía desde Televisa, y lo nombraron abogado de Interjet. Lo que pocos saben es que estuvo involucrado en la compra de los 22 aviones rusos Sukhoi, marca que ninguna línea opera en México y para los que las refacciones y el mantenimiento acabó siendo un gran problema y el inicio de su quiebra. Y los Alemán, ahora autoexiliados del país, han dicho que su abogado se llevó una comisión por la compra de cada avión de la que nunca fueron enterados. Tome en cuenta que cada aeronave costó poco más de 32 millones de dólares. Mondragón fue privilegiado por haber trabajado con esos personajes, pero su actuar no ha sido el más profesional y en ninguno de los grupos mencionados le extenderían “recomendación” alguna.

EL ANUNCIO DE que se dio por terminado el contrato entre Pemex de Octavio Romero y New Fortress Energy (NFE) del millonario estadounidense Wes Edens para explotar el campo Lakach en aguas profundas en el Golfo de México, tomó por sorpresa a inversionistas y a otras compañías del sector de oil and gas. Le puedo confirmar que desde inicio de este año las negociaciones de los términos y condiciones del contrato comenzaron a entrampar el avance del proyecto, que había sido anunciado con bombo y platillo por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Recuerde que el proyecto había quedado inconcluso en el 2016 y se le habían invertido unos 1,400 millones de dólares. Sin embargo, Romero no está dispuesto a dejar a Lakach como un pendiente, y es por eso que desde hace unos días ha comenzado la búsqueda de nuevos inversionistas que suplan a NFE. Anote en la lista a Sempra de Tania Ortiz y a ICA de Guadalupe Phillips, quienes estarían dispuestos a retomar el proyecto e invertir mil 500 millones de dólares para lograr que Pemex logre comercializar tanto en el mercado doméstico como en el internacional unos 300 millones de pies cúbicos de gas diariamente. Queda la duda si la salida de NFE fue por un desacuerdo legal con Pemex que le puede costar sobre su proyecto en Altamira o más bien por qué no logró levantar capital suficiente entre sus inversionistas.

EL CONFLICTO ENTRE Banco del Bajío y José Luis Sanvicente, José Bertín Gutiérrez y Rubén Rodríguez en el que éstos reclaman la nulidad de unos convenios judiciales de dación en pago celebrados a finales de la década de los noventa mediante los cuales dichas personas dieron en pago al banco acciones de las que eran titulares en la institución, se basa en el argumento que dicha adquisición requería autorización de la Secretaría de Hacienda, lo cual no aconteció. Sin embargo, este juicio podría culminar mucho antes de lo esperado a favor de BanBajío pues, el pasado 8 de agosto, el titular de la Unidad de Banca y Valores, Alfredo Navarrete Martínez, resolvió que en relación a los antecedentes del caso y en atención al marco legal vigente en 1997, la adquisición efectuada por BanBajío de las acciones representativas de su propio capital, no actualizó los supuestos del artículo 17 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente en esos momentos. Es decir, que no se requería autorización alguna por parte de Hacienda para realizar las operaciones que Sanvicente Ortiz, Gutiérrez Domínguez y Rodríguez Quezada demandan como ilícitas. Con la resolución de la Secretaría de Hacienda, se argumenta que no hay duda de que la razón la tiene BanBajío en dicho juicio.

LA RENUNCIA AYER de Arturo Zaldívar sacudió al medio político. Nadie la vio venir. En automático el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia se empieza a perfilar para la Fiscalía General de la República, en eventual relevo de Alejandro Gertz Manero. Aunque legalmente no puede ocupar un puesto público en los próximos dos años, se buscará la rendija para aproximarse, y ésa puede ser tomar como encargo el despacho que tenía Juan Ramos. No descarte esa jugada. Por lo demás, los reflectores se van a centrar ahora en la terna que Andrés Manuel López Obrador va integrar para ocupar esa posición. Va ser para una mujer y vaya apuntando a Verónica de Gyvés, María de la Luz Mijangos, Ernestina Godoy y Alejandra Frausto. Ellas son las puras de la 4T. No obstante, no pierda de vista a Ana Laura Magaloni. Está convenciendo a Zaldívar de que opere para que la incluyan en la terna. A su favor tiene también una buena relación y cercanía con Claudia Sheinbaum.