EL NACIONAL MONTE de Piedad perdió los primeros nueve juicios laborales de trabajadores sindicalizados que habían acusado a la administración de despido injustificado.
Por ello, los jueces determinaron el pago de salarios caídos, redención de cuotas del IMSS e Infonavit de sus prestaciones, así como la reinstalación laboral en los mismos términos y condiciones que fueron despedidos.
Pero eso no es lo peor para el Monte de Piedad, debido a que desde que inició el conflicto hace tres años, han rescindido de forma ilegal el contrato de 400 colaboradores sindicalizados y por ello hay en curso un centenar de expedientes de laudos laborales en su contra.
Como última alternativa y de forma desesperada, la afamada institución que dirige Javier de la Calle recurrió a amparos para frenar temporalmente las sentencias en su contra.
Esta acción legal lo único que está logrando es retrasar la reinstalación de sus trabajadores sindicalizados, debido a que en esta instancia las sentencias jamás han sido favorables para los empleadores.
El Monte de Piedad tiene un panorama adverso en todos los aspectos, porque además hay que sumar el juicio de Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Piden el fin de las condiciones del contrato colectivo de trabajo, pero va encaminado a que lo pierdan porque los peritajes entregados no se basaron en auditorías financieras ni en declaraciones fiscales.
El Poder Judicial en una primera instancia le está dando la razón a los trabajadores del Sindicato del Nacional Monte de Piedad, que tiene por secretario a Arturo Zayún González.
Pero además de los jueces Andrés Manuel Lopéz Obrador ha refrendado su apoyo público al sindicato y ha afirmado que el Monte de Piedad ha cometido abusos contra los trabajadores.
Por ello se encomendó, primero, a Luisa María Alcalde para que mediara en favor de los obreros, y ahora es con Marath Baruch Bolaños, quien recién designó a Alejandro Salafranca Vázquez como mediador.
Para hoy 18 de octubre está el emplazamiento a huelga del sindicato y aún no se sabe qué ocurrirá, pero cada vez la administración del Nacional Monte de Piedad se va quedando sola.
EN EL SECTOR financiero la situación de Nu México ha comenzado a preocupar a inversionistas y clientes. En los últimos meses el retraso en la información, las inconsistencias entre las cifras reportadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente, y las dictaminadas, no pueden atribuirse a un tema de aprendizaje, como ha justificado su director para México, Iván Canales. Este año realizó una corrección importante al concepto de otros ingresos por 460 millones de pesos, lo que ocasionó que pasara de una utilidad neta positiva de 50 millones a una pérdida de 342 millones para el primer trimestre. Al cierre del primer semestre, Nu México acumuló pérdidas por 490 millones de pesos. Pero eso no es todo. Los cambios constantes en su capital contable no han sido reportados como eventos relevantes a nivel global, a pesar de que cotizan en el mercado bursátil de Estados Unidos. De igual modo, en sus estados financieros dictaminados del 2022 revelaron compromisos por cerca de 2 mil millones de pesos por el uso de su plataforma tecnológica y uso de marca que deberían haber sido descontados de su capital contable y por lo tanto reflejados en su nivel de capitalización.
LE REPORTÁBAMOS AYER que Oro Negro y su accionista principal, Gonzalo Gil White, se han quedado sin su despacho de abogados litigantes en Estados Unidos, tras de que el Juez de Florida, Thomas J. Rebúll, resolvió que Quinn Emanuel tenía un conflicto de interés en representarlo y al mismo tiempo ser representante legal de a AMA Capital en un arbitraje internacional. Ahora el hijo del ex secretario Francisco Gil Díaz tiene la difícil tarea de ver qué abogados estarían dispuestos a representarlo. Por si todo lo anterior fuera poco, la única participación hoy en día del bufete que representa Juan Morillo es defenderse de una demanda que existe en su contra dentro del concurso, que tiene como objeto la devolución de ocho millones de dólares que han recibido por concepto de honorarios legales en los últimos años por la representación de Oro Negro y, sobre lo cual, existen precedentes judiciales dentro del propio caso que señalan que gastos legales, como los devengados por este despacho de abogados, no pueden ser pagados por la ex contratista de Pemex.
DESDE QUE SE publicaron las reformas a la Ley del Servicio Ferroviario, los concesionarios pusieron sus barbas a remojar. Y es que ya se veían las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de recuperar parte del negocio que desde hace 25 años el gobierno de Ernesto Zedillo entregó a la iniciativa privada tras privatizar a Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales). Ahora el inquilino de Palacio Nacional pretende imponer el servicio de pasaje avisando a las dos empresas, Ferromex, del polémico Germán Larrea, y el Canadian Pacific Southern, que dirige Oscar del Cueto, que “vamos a explorar la posibilidad de utilizar las vías férreas para trenes de pasajeros”.
Se va buscar persuadir a los que tienen las concesiones para que se comprometan a que en un plazo razonable operen trenes para pasajeros.
A FINALES DE julio llegó como responsable de la aduana de Guadalajara Juan Manuel Sandoval. Sin mucho protocolo y de forma muy discreta asumió la titularidad de ese recinto en agosto. Sin embargo, a pesar de ser considerada una aduana estratégica para el país el funcionario no se ha acercado a los distintos actores de comercio exterior ni tampoco lo conocen los industriales de la región. La aduana sigue acusando los vicios históricos, como la salida de mercancías que por otras aduanas sería impensable que sucediera.