Al interior del Gobierno se desarrolla por estas horas un cabildeo intenso para que la Secretaría de la Defensa controle los recursos destinados a reconstuir Acapulco, puerto arrasado por el huracán Otis.
El general Luis Crescencio Sandoval, mandamás de la Sedena, así como el almirante Rafael Ojeda, Secretario de la Marina miran de cerca un fondo que tiene la Secretaría de Hacienda para eventos de este tipo y que asciende a los 18 mil millones de pesos. De allí saldrán los recursos para paliar el desastre.
Cualquiera sea el ganador, los recursos serían etiquetados para la seguridad nacional con lo cual se podrán convocar licitaciones restringidas y la opacidad será absoluta, no muy distinto a lo sucedido con el Tren Maya o el AIFA.
Este es el costado más audaz de la militarización del Estado: el surgimiento de una casta empresarial con buenos nexos en la cúpula militar y que ha logrado negocios fabulosos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ya desde el martes Acapulco está en la mira de estos proveedores privilegiados, algunos de los cuales tiene una relación estrecha con el general Salvador Cienfuegos, recientemente reconocido por el presidente, para el estupor del ala más extrema de su propia administración.
Los argumentos para que los militares operen los recursos están a la vista: agitan la tesis de que no se puede encargar la reconstrucción a un gobierno prácticamente intervenido por el crimen organizado como es el de Evelyn Salgado y su padre Félix.
