«Latino comemierda»

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Darío Celis

EN DICIEMBRE DE 1994 el recién nombrado secretario de Hacienda, Jaime José Serra Puche, por el también Presidente electo, Ernesto Zedillo, empezaba a lidiar con los furiosos inversionistas extranjeros.

Hablamos de los tenedores de la mayoría de los Tesobonos que el gobierno mexicano colocó denominados en pesos, pero indexados a dólares. En una reunión realizada en Nueva York con representantes de fondos de inversión, Serra regañó a los inversionistas.

Y es que el famoso Jaijo acostumbraba hacerlo con los empresarios mexicanos que lo acompañaron en la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), y con muchos otros que se opusieron a las decisiones de apertura comercial durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

A pesar de estar acompañado por su asesora Aliza Chelminsky, nadie le advirtió a Serra que sus interlocutores no eran ni representaban lo mismo que los capitanes mexicanos del dinero, quienes suelen ser muy críticos… hasta que se topan con el poder y se vuelven complacientes.

Serra quiso hacer lo mismo con los inversionistas extranjeros reunidos en la urbe de hierro y más de uno le soltó en la mesa: “Latino comemierda”.

Lo demás es historia: México vivió una de las devaluaciones más duras de su historia y Estados Unidos tuvo que salir al rescate con un crédito de 20 mil millones de dólares, más los apoyos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, que en conjunto sumaron unos 50 mil millones de dólares.

El célebre “error de diciembre” pasó a la posteridad como uno de los tragos más amargos de la economía nacional.

Casi 30 años después, el gobierno de la 4T está andando ese mismo sendero con decisiones unilaterales que cambian radicalmente las reglas a esos mismos inversionistas internacionales. Lo vimos con la renegociación de la construcción de ductos, con los contratos de operación de cárceles, con los hospitales del IMSS y el ISSSTE, con las concesiones de ferrocarriles y con las de los aeropuertos, donde están invertidos.

Al general Enrique Vallín, director general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), le ocurrió más o menos lo mismo el 4 de octubre, cuando los grupos aeroportuarios privados recibieron su oficio 4.1.- 2494, donde les anunció, sin más trámite, que la tarifa máxima conjunta (TMC) que se cobra a esos aeropuertos iba a modificarse.

Argumentaba que las tarifas que cobran los grupos se “incrementaron por encima del índice de precios al consumidor y el índice de transporte aéreo”, ambos del Inegi.

Consecuencia de este criterio, la tarifa se modificará, es decir, los grupos aeroportuarios deberán reducir sus ingresos/utilidades, bajar la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) y/o aumentar sus aportaciones al gobierno federal.

En cualquier caso, detrás de este oficio estaba la negativa de Grupo Aeroportuario Pacífico (GAP) que preside Laura Diez Barroso, Aeropuertos del Sur (Asur) de Fernando Chico Pardo y Grupo Centro-Norte (OMA) que encabeza Nicolás Notebaert de absorber el costo de los bonos que se colocaron en los mercados internacionales para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX en Texcoco (NAIM).

Aquí le contamos hace varias semanas atrás que esta alternativa se planteó a los concesionarios, pero los grupos solicitaron a cambio que el gobierno federal les ampliara los plazos de sus concesiones hasta el año 2098, lo cual no fue aceptado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La AFAC, sin embargo, estaba decidida a recuperar algo, ya fuera un porcentaje más alto de las ganancias de los tres grupos o, al menos, la reducción de la TUA, sobre todo en tiempos electorales.

Pero tal como lo hiciera Serra Puche, Vallín equivocó el tono y el modo: quiso regañar a los grupos aeroportuarios sin ver que detrás de ellos están los fondos de inversión, que no solo son los principales aportantes de los recursos de esos concesionarios, sino también son, en gran parte, los tenedores de bonos del NAIM.

 

La respuesta fue inmediata: en las primeras tres horas de operación bursátil del jueves 5 de octubre, las acciones de GAP, Asur y OMA caían en picada y arrastraban con ello a la Bolsa Mexicana de Valores.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, tuvo que entrar al quite y acordar una cita para el siguiente lunes con los representantes de los grupos aeroportuarios.

A 11 días de ese primer encuentro, ayer el gobierno de la 4T anunció el “acuerdo” con los grupos aeroportuarios mediante el cual se obligan a realizar un ajuste en sus contribuciones que implicarán una disminución de 5% a 9% sobre sus ingresos brutos.

El golpe, pues, se consumó. Y la señal a los mercados e inversionistas de que no hay reglas que valgan, también.

 

TAL Y COMO lo adelantamos en esta columna hace exactamente una semana (La rebeldía judicial empieza a germinar), los trabajadores del Poder Judicial (PJ) no se van a dejar de que les extingan 13 de los 14 fideicomisos y les despojen unos 15 mil millones de pesos. Muchas voces dentro de este poder, que tiene su máxima expresión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside la ministra Norma Lucía Piña, saben que aunque son relativamente numerosos, se encuentran dispersos en toda la República Mexicana. Su fuerza no se alcanza a visualizar.

Por eso se organizaron ya en un paro nacional que arrancó en el primer minuto de este jueves y se prolongará hasta el próximo martes. Lo que más incendió a muchos trabajadores fue la represión policíaca y la lacerante intervención de Andrés Manuel López Obrador. Para muchos fue una inspiración. No como el Presidente hubiera querido, sino porque han entendido que deben buscar a otros sindicatos, y muchos del PJ piden sumar a miembros de los sindicatos que son parte del Ejecutivo, porque contrario a lo que afirma el inquilino de Palacio Nacional, no están nada contentos.

Lo que sí, es que pocos miraban viable esta rebeldía de los trabajadores judiciales y que ahora empieza a contagiar los ánimos de los trabajadores de otros poderes. Para muchos la respuesta es más que clara: es momento de impulsar una Federación de Trabajadores de los Poderes Judiciales (federal y local), porque ha habido una destrucción paulatina de ésa figura. Pero hoy, a decir de ellos mismos, se enfrentan a la aniquilación frontal.

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