El Estado mexicano ha sido víctima de un desfalco con características de una estafa Ponzi que le ha costado al menos 6.000 millones de pesos de dinero público (342 millones de dólares) desde hace una década. Los principales actores de este esquema de defraudación son dos empresarios, René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán García. Ellos convencieron a tesoreros de instituciones públicas para invertir con dinero del erario en su sistema de negocios, prometiendo rendimientos muy elevados y el pago en efectivo de una “comisión de colocación”. El esquema básicamente consiste en vender bonos de deuda emitidos por casas de bolsa en representación de sus compañías, que no tienen respaldo real. Cuando llega el momento de pagar, buscan a otra institución para vender el mismo modelo y refinanciarse.

El sistema involucra a brokers, bancos, casas de bolsa, funcionarios públicos y empresas fachada. Las víctimas no son solo instituciones públicas, también hay clientes privados. La Fiscalía ha abierto investigaciones contra Dávila y Guzmán por desvío de recursos, blanqueo de activos y evasión fiscal. También buscan a los funcionarios corruptos que comprometieron fondos públicos.

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Este esquema Ponzi no comenzó en el actual Gobierno, sino en el anterior, bajo la administración de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ha continuado operando bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que las autoridades ya estaban al tanto del problema.