La conspiración de Zaldívar

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Pablo Hiriart

Arturo Zaldívar es el ariete del Presidente para destruir la Corte.

Bueno, ha sido un peón para todo.

Desde un avión se ven sus huellas en la siembra de rumores para desacreditar a la ministra Norma Piña ante los integrantes del Poder Judicial.

La insidia es que, por culpa de Norma Piña, al no llevarse bien con el Presidente, van a verse afectados los derechos de empleados y funcionarios.

¿Ya ven? Miren lo que ocurre al ponerse intransigentes con los deseos del Ejecutivo.

Pero Zaldívar es sólo parte de una conspiración más amplia: estrangular al Poder Judicial para que llegue a las elecciones federales del próximo año debilitado, sin prestigio y sin recursos.

Esa ha sido la constante del gobierno contra sus dos obstáculos más visibles: el periodismo libre y la Suprema Corte. Asfixiar y desprestigiar.

La conspiración contra el Poder Judicial es una apuesta perversa, pero inteligente, del gobierno y de su candidata presidencial.

Nadie se siente plenamente satisfecho con el sistema de impartición de justicia. Los que han perdido juicios o no prosperaron sus demandas, y los que han ganado. Nadie.

El Poder Judicial no es popular por múltiples razones, algunas de ellas sólidamente fundadas.

Y ahora sin dinero, con la acusación cotidiana del oficialismo de que está defendiendo privilegios, es un blanco estratégicamente seleccionado para destruirlo.

Con este pleito, además, Morena volverá a ser oposición en la campaña presidencial. Su mero lodo. Se opone y convoca a luchar contra el “abusivo, corrupto y enemigo del pueblo” que es el Poder Judicial.

Se necesitan reformas en el Poder Judicial, sin duda. Pero lo que está en marcha no es su mejoramiento, sino su destrucción.

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum es un eco de lo que persigue el Presidente:

“Vamos a ganar la mayoría de las cámaras de Senadores y Diputados para que el próximo año el Presidente pueda enviar una reforma al Congreso de la Unión para que los jueces y ministros sean electos por el pueblo de México”.

Con eso, dijo la candidata en Villahermosa, “se podrá quitar la sombra de la corrupción, se va a quitar la sombra del fraude y de la antidemocracia en nuestro país”.

Más claro, imposible.

Van por una dictadura.

Un solo partido, Morena, lucha por tener en su mano los tres poderes.

De esa manera nuestra vida cívica será como ocurría con los comunistas en la ex Unión Soviética y los milicos en América del Sur hace tres décadas.

Los que investigan (fiscales) son puestos por el gobierno.

Los que resuelven, los jueces, del partido del gobierno.

Los ministros que dan la última palabra (en la Corte), del partido del gobierno.

Los que hacen las leyes, también del partido del gobierno.

Y para que no digan que no hay democracia, tendremos elecciones… sin el INE.

Quince mil millones de pesos le recortarán al Poder Judicial en estos días. Golpearán con ello a 60 por ciento del personal en sus derechos adquiridos en salud, vivienda, retiro.

No son prestaciones, sino derechos que el empleador (el PJ) está obligado a cumplir como patrón.

La culpa es de Norma Piña, con este Presidente no se juega, yo sabía cómo llevarla bien con él, susurra el conspirador interno para volcar hacia la ministra presidenta de la Corte el malestar de empleados y funcionarios del Poder Judicial.

Zaldívar es un ariete contra la Corte, contra la división de poderes, contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se prestó al juego reeleccionista al enmudecer cuando el Ejecutivo mandó el proyecto que le daba dos años más al frente de la Suprema Corte.

Zaldívar fue el visitante de Palacio Nacional para acordar con el Presidente y el fiscal general “asuntos de Estado”, como el encarcelamiento de Jesús Murillo y lo relacionado con el crimen contra los 43 normalistas.

Zaldívar fue el que dijo, cuando se discutió en la Corte la militarización de la Guardia Nacional, que el Ejército y la Marina eran “órganos civiles”.

Pero él es sólo una pieza de una conspiración mayor: destruir el Poder Judicial para armar uno nuevo que esté bajo el mando del titular del Ejecutivo.

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