México está bajo asedio. El enemigo no es Hamas o algún otro grupo terrorista; tampoco el ejército de algún país enemigo.

Ha quedado claro que Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional (también llamado Cuarta Transformación), buscan establecer aquí un Estado totalitario. Uno que responda a los designios de un sujeto —en este momento él— y a un grupúsculo de colaboradores. Prácticamente así fue en México durante muchas décadas y el objetivo es volver a eso, pero de forma aumentada. No hay más; no busquemos otras explicaciones.

A veces se pierde perspectiva de lo que ha pasado estos últimos años pues las cosas se han dado paulatinamente. Más cuando se hace un recorrido hacia el pasado inmediato, todo se vuelve nítido.

El presidente López Obrador ha desmantelado toda estructura, proceso, sistema, programa, órgano u agente autónomo. Ha contribuido a desaparecer cualquier atisbo de funcionamiento institucional dentro de la administración pública. Tanto en lo relativo al Poder Ejecutivo Federal como más allá de este. Notable es lo realizado en contra del INE y de los Poderes Legislativo y Judicial federales.

Del Congreso de la Unión, hace tiempo que López Obrador tiene un control casi total (nuevamente, como solía ser antes). La diferencia es que ahora esto se manifiesta abiertamente y la 4t no tiene interés en disimularlo o matizarlo de ninguna manera. La mayoría simple de la que goza el régimen le permite al primer mandatario ordenar y los legisladores de la 4t (y aliados) acatan sin chistar. Vaya, hasta existe ya una expresión ampliamente conocida: ‘ni una coma se le cambia a sus iniciativas’.

Toca el turno al Poder Judicial de recibir el golpe de gracia. Se esfuma el último dique para crear una suerte de pesos y contrapesos en nuestro sistema político nacional. La 4t ve mal que en ocasiones el Judicial eche para atrás o modifique decisiones y/o legislaciones propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo. Sin embargo, pocas veces la contraargumentación de Andrés Manuel o su gabinete gira en torno a discutir la substancia de la resolución o sentencia judicial. La mayoría de las veces la 4t se limita a cuestionar la probidad de los miembros del Poder Judicial. Discute elementos no jurídicos y sí mucho muy políticos e incluso ideológicos.

López Obrador, su gabinete, la bancada legislativa de Morena y no pocos procuradores de justicia hacen uso de los espacios de comunicación para lanzar sus críticas a jueces, magistrados, ministros. Siembran la percepción que más favorece a sus intereses entre la población. En ocasiones gobernadores locales emanados de Morena se suman a esta campaña, como hizo el gobernador de Veracruz a las afueras de la SCJN por varios días.

Ahora la puntilla ha sido la aprobación por parte de las bancadas de Morena, del PT y del Verde Ecologista en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la iniciativa de extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Se reintegrarían a la Tesorería de la Federación poco más de 15 mil millones de pesos.

La propuesta atenta contra los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Más de 55 mil se verán vulnerados con esta acción. Despidos, menores contrataciones, afectaciones económicas. Se esfumarán los fondos para la reparación, la construcción y el mejoramiento de los bienes inmuebles de todo el aparato judicial federal.

Desafortunadamente la justicia en nuestro país no es pronta ni rápida ni expedita. Pero lo que ciertamente no ocurre es que sea gratuita. La procuración de justicia cuesta y mucho. Así sucede en cualquier lugar del mundo. De allí que como consecuencia de la extinción de los mencionados fideicomisos, las deficiencias solo ahondarán. Impactará negativamente en la forma en que la ciudadanía pueda tender hacia el Estado de Derecho.

Pero el fin último que tiene en mente la Cuarta Transformación no es agilizar al Poder Judicial, tampoco inculcar mayor austeridad en el gremio. No, el objetivo es someterlo y silenciarlo. ¿Hay abusos y dispendios que se asoman por la vía de los mencionados fideicomisos? ¿Qué tal revisarlos en lugar de liquidarlos?

Esta historia se parece mucho a la justificación que también hizo antes el Ejecutivo Federal para desaparecer el Seguro Popular, para cancelar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, para extinguir otros fideicomisos de la administración pública.

En este caso, debilitar y dinamitar al Poder Judicial no únicamente para terminar con su autonomía, sino para instaurar un régimen totalitario en plena forma. Una vuelta más —la última— a la tuerca.

López Obrador y la 4t en general están convencidos de lo adecuado de sus intenciones. Acallar al Poder Judicial es menester a sus ojos. Pecan de soberbios; no se dan cuenta o no les importan las consecuencias que derivarán de ello. Costosísimas para el día a día de la gente; catastróficas para el régimen democrático que anhelábamos ser. Ciclados en sus propios argumentos; una soberbia que no les permite ver las implicaciones para la viabilidad de la República Mexicana a mediano, largo y muy largo plazo.

El desarmar las instituciones del país no lo hace más justo, más eficiente y menos caro. Al revés, vuelve la poca institucionalidad con la que se cuenta en un nuevo problema para quienes menos tienen.

No nos equivoquemos, la 4t actúa como un ente autócrata. Adiós pesos y contrapesos. Hasta pronto; hasta nunca.