SKY, LA EMPRESA de televisión de paga que es co-propiedad de AT&T y Grupo Televisa, lanzará hoy un nuevo servicio con el que espera recuperar su crecimiento.

Se trata del primer dispositivo que, con tecnología mexicana, estará aplicando inteligencia artificial para permitir a sus usuarios recibir recomendaciones de todas las plataformas de contenidos audiovisuales.

Así, en lugar de estar abriendo cada plataforma —como HBO, VIX o Star+— de manera individual, lo que consume tiempo, SKY desarrolló un protocolo para que en su pantalla se reciban las recomendaciones de todos los contenidos existentes.

Además, será la primera empresa en México en dar futbol con calidad 4K.

La apuesta del nuevo CEO de SKY, Luis Malvido, que viene de dirigir varias empresas de telecomunicaciones y Aerolíneas Argentinas, es seguir creciendo en deportes, que ha sido una fortaleza histórica de SKY, pero ahora también en series y películas.

De entrada, su campaña de posicionamiento, con el director técnico José Mourinho, fue ampliamente comentada, llegando a tener un alcance en redes de 45 millones de personas en tan sólo tres días.

Incluso generó tal expectativa que SKY tuvo que anunciar antes de tiempo que se trataba de un stunt publicitario, pues la mayoría de los cibernautas pensaban y agradecían que Mou llegaría a dirigir la selección nacional.

La campaña de SKY, según han dicho varios medios especializados en mercadotecnia, sorprendió de tal manera que se apunta a ser la mejor campaña mediática de 2023.

Así que hoy empieza la venta de algo que parece innovador, que será disruptivo al resto de la TV de paga y que se espera empuje las suscripciones de SKY.

EL MARTES DE la semana pasada nos referimos al revés que la Corte propinó a Banco del Bajío tras desechar por “notoriamente improcedentes” dos amparos que impugnaban la competencia del juez que conoce la demanda de nulidad iniciada por José Luis Sanvicente Ortiz, José Bertín Gutiérrez Domínguez y Rubén Rodríguez Quezada, contra los convenios mediante los cuales la institución de Salvador Oñate se hizo de las acciones que ellos detentaban. Ese mismo día el banco informó al público inversionista que esos convenios se celebraron con estricto apego al marco legal aplicable al momento de su celebración, hace 26 años, indicando que ese “criterio” recientemente fue confirmado por la Secretaría de Hacienda. Según Banco del Bajío, sus abogados externos consideran que la demanda carece de mérito legal. La Ley de Instituciones de Crédito decía en diciembre de 1997 (fecha de los convenios de dación en pago) que se requería la previa autorización de Hacienda, hoy de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que los bancos adquirieran sus propias acciones, así como para que cualquier persona adquiriera más del 5% del capital social de un banco, pero no decía (ni dice) que la “previa autorización” se pudiera sustituir 26 años después con un “criterio” de esa Secretaría, que en caso de emitirse sería contrario a dicha ley. Afirman los demandantes que la legislación civil establece que la nulidad absoluta de actos contrarios a una ley no es convalidable, por lo que en caso de que la autoridad emitiera tal “criterio”, éste no tendría efecto en el proceso judicial en curso toda vez que carecería de “mérito legal”.

LA SECRETARÍA DE Energía ganó tiempo para evitar que la Suprema Corte de Justicia concediera los primeros amparos contra la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 del Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo beneficiario es la Comisión Federal de Electricidad. Fue una chicanada de Rocío Nahle para evitar que le estallara la bomba en la cara. Y es que la zacatecana fue, junto con Manuel Bartlett, la que promovió esa reforma que en estos días invalidaría el principal tribunal del país que encabeza Norma Piña. Nahle no podía dejar pasar la sentencia siendo todavía secretaria porque mancillaba sus aspiraciones como la fuerte candidata que es de Morena para la gubernatura de Veracruz. Por eso le amarró las manos a los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar, quienes votarían el miércoles pasado en la Segunda Sala los dos primeros amparos en revisión. La calculó bien Nahle, que se registró como candidata justo un día antes, el martes.

SOBRE LA PARTICIPACIÓN del ministro Arturo Zaldívar en la reunión con el Presidente, el Fiscal General de la República y los altos mandos militares, para el caso Ayotzinapa, estaba plenamente justificada. Se deriva de un acuerdo institucional entre Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Gertz Manero y el que en ese entonces era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se estableció que las tres instituciones apoyarían en agilizar en lo que a su ámbito correspondiera los temas relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes. Y a quien en todo caso habría que investigar, en medio de los cuestionados resultados del encargado de la indagatoria, además del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, no es a Zaldívar, sino al fiscal especial designado para ese caso, Omar Gómez Trejo.

LA NOVEDAD ES que Google fichó al ex ministro José Ramón Cossío para hacerle lobbying en el juicio que promovió el abogado Ulrich Richter, que se encuentra en amparo ante la Primera Sala de la Suprema Corte. Pero ni sus gestiones sirvieron para que se atrajera un recurso de reclamación, pues la sala que preside el ministro Jorge Mario Pardo no ejercitó esa facultad, siendo que lo único que se atrajo han sido los amparos. A Cossío no le es ajeno este caso, ya que hace ocho años, cuando el pleito llegó a la Corte por primera vez a instancias de Google, que había promovido un recurso para impugnar la competencia de los jueces mexicanos, el ex togado estaba en funciones en la misma Primera Sala, por lo que conoce muy bien el expediente. ¿Conflicto de interés a favor de las huestes de Sundar Pichai?