Nos cuentan que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no hay la mínima intención de diálogo con los exintegrantes del Consejo Consultivo de ese organismo, quienes renunciaron el lunes y acusaron a la presidenta Rosario Piedra de ignorarlos e incluso emprender campañas soterradas en su contra. Nos comentan que si doña Rosario ya defendió la militarización de la seguridad, desdeñó importantes investigaciones de la propia comisión, pero de tiempos previos a la llamada 4T, como la del caso Iguala, y se sumó a la guerra contra el INE, seguramente no tendrá empacho alguno en concluir su gestión sin consejeros y sin aceptar contrapesos o críticas. Su respuesta a los renunciantes ayer fue acusarlos de “obstruccionistas” y de querer exceder sus facultades legales. No es secreto que la única opinión que le importa a la ombudsperson es la que viene de Palacio Nacional, así que doña Rosario parece aplicar la máxima de “no me vengan con que la ley es la ley”.
En la definición de candidatos a las gubernaturas que se renuevan el año entrante han surgido inconformidades en Acción Nacional. Nos cuentan que es el caso nada menos que del coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, quien ya fue notificado de que tendrá que esperar seis años más para competir por la gubernatura de Veracruz porque esa posición le tocará a un priista. Además, nos dicen que ni siquiera podrá reelegirse en el Senado, pues ese lugar está más que comprometido. Lo mismo le pasó a la senadora Nadia Navarro, quien aspiraba a gobernar Puebla, pero la dirigencia nacional panista ya destapó al alcalde de la capital poblana, Eduardo Rivera. Y el reparto de candidaturas entre PAN, PRI y PRD apenas empieza.
Nos cuentan en el Senado que frente a las llamadas telefónicas de legisladores, incluso del oficialismo, a Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, para que se apoye a los damnificados del huracán Norma en Baja California Sur, la funcionaria no responde y les pide que manden sus peticiones por correo electrónico. Nos comentan que la funcionaria está actuando con la misma indiferencia y tardanza que en la tragedia de la mina de Sabinas, mientras que el gobernador morenista, Víctor Manuel Castro, en lugar de pedir apoyo federal, anunció que realizará una cooperacha entre los ciudadanos para la reconstrucción. ¿Y el Fonden? Ah, pues ya no existe, cortesía de la Secretaría de Hacienda.
¿Será que las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahora bajo el mando de la Marina, están revisando con lupa las ofertas de los contratos millonarios en materia de seguridad para todas sus instalaciones por un tope de más de mil millones de pesos? Nos hacen ver que el AICM ha diferido en dos ocasiones el fallo, pues había anunciado que sería el viernes 20 de octubre, pero se pospuso para lunes 23. Luego se anunció que estará listo la tarde de hoy. Hay quien dice que no gustó en Palacio Nacional que el traslado del aeropuerto a control de la Marina vaya a salir tan caro. En pocas horas sabremos si eso es verdad.