EN SU INFORME al público, relativo a la demanda de nulidad de los convenios mediante los cuales Banco de Bajío adquirió las acciones de José Luis Sanvicente, José Bertín Gutiérrez y Rubén Rodríguez, el banco planteó dos cosas al mercado.

Primero, que cuenta con un “criterio” de la autoridad que confirma que dichos convenios se celebraron con estricto apego a derecho.

Y, segundo, informa que la demanda promovida contra el banco que preside Salvador Oñate, sus consejeros y comisarios incumple criterios de materialidad.

Es decir, que a falta de sustento legal se recurre a un “criterio” de la autoridad, así como a prácticas contables y financieras.

La demanda de nulidad se basa en los artículos 17 y 19 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) de julio de 1990, vigente en diciembre de 1997, fecha de los convenios judiciales.

Esas disposiciones, que actualmente están en vigor, respectivamente establecen la obligación de obtener autorización para que una persona adquiera más de 5% el capital de un banco y para que un banco adquiera sus propias acciones.

Tal autorización es congruente con el artículo 106 fracciones IV y XVI de la LIC que respectivamente prohíben, desde 1997, que un banco opere sobre títulos representativos de su capital social y que adquiera títulos o valores emitidos por él, como es el caso de sus acciones.

Respecto a la materialidad, los demandantes sostienen que es todo lo que compromete la salud financiera de un negocio, al tiempo que afirman que el auditor externo de Banco del Bajío está obligado a proteger los intereses del público.

Refieren que en la publicación “Deloitte, THINKING ALLOWED, Traducción del inglés, septiembre 16, 2015”, se explica que atendiendo al concepto de materialidad se decide qué información incluir o excluir de los reportes financieros.

Tales reportes orientan no solo a los inversionistas, sino también a los reguladores, que en este caso lo son la Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Jesús de la Fuente y el SAT de Antonio Martínez Dagnino.

No obstante que los dictámenes de Deloitte respecto de las últimas cuatro asambleas anuales de Banco del Bajío incluyen el rubro “IV. Riesgo Operacional” que se dice surge ante la eventualidad una pérdida por “acontecimiento externos imprevistos”, haciendo énfasis en su formato que “Se incluye el riesgo legal.”

Deloitte, que comanda Francisco Pérez Cisneros, no menciona la demanda, es decir, que no le reconoce materialidad ni relevancia a una demanda que, en caso de perderla, haría que Banco del Bajío devolviera a los demandantes su participación a diciembre de 1997, más dividendos y, lo más grave, a revertir movimientos contables y corporativos.

MUCHOS SE SIGUEN preguntando por qué no corren a Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración (INM). El impresentable funcionario paga, con los impuestos de los contribuyentes, más de 400 millones de pesos por un servicio de transporte que tendrían que tener los inmigrantes, a los cuales manda de regreso caminando. Es común verlos en las carreteras. Han sido constantes los testimonios de estas personas que los tienen a pie mientras están en trayecto en territorio mexicano. El INM tiene vigente el contrato LA-04-K00-004K00001-N-4-2023 con ETN Turistar por 422 millones de pesos para el servicio de traslados terrestres “para las personas migrantes extranjeras y connacionales en condición de retorno”. La compañía de Roberto Alcántara se hizo de los contratos para ofrecer esos mismos servicios en 2019 y 2021, por 254 y 101 millones de pesos, respectivamente.

EL GRUPO HERMES de Carlos Hank Rhon sigue navegando con las banderas desplegadas en los tiempos de la 4T, en especial, con los contratos que la CFE, que dirige Manuel Bartlett, le sigue adjudicando a su subsidiaria Cerrey, especializada en la fabricación de calderas. Apenas el pasado 21 de septiembre, la empresa productiva del Estado hizo oficial el procedimiento de Adjudicación Directa con folio CFE-0512-ADAAT-0001-2023, para la contratación del servicio de “Rediseño, Fabricación e Instalación del Banco Completo Optimizado con Nueva Tecnología del Economizador de la Unidad 12 de la Central de Ciclo Combinado y Central Termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno”, en Manzanillo, Colima. El monto del negocio entregado es de 110 millones de pesos.

EN EL POLITÉCNICO Nacional, que encabeza Arturo Reyes Sandoval, la contratación de servicios de limpieza se han tornado turbias. La adquisición IA-11-B00-011B00001-N-4015-2023 no avanzó hasta agosto pasado. El problema es que Servicio de Nanolimpieza obtuvo el convenio por 186 millones de pesos, aún cuando la Función Pública, de Roberto Salcedo, fue advertida de las conexiones que guardaría con otras nueve de las empresas que también se presentaron al concurso. Algunas están vinculadas a José Juan Reyes Domínguez, conocido como “Rey de la limpieza”, por el supuesto tejido de una red enfocada a escalonar precios y simular competencia. José Alonso García, encargado del área de Recursos Materiales.

EN PUEBLA QUIEN se ve desesperado es Ignacio Mier por la difusión de una encuesta de MasData donde lo colocan en primer lugar de preferencias, cuando todas las encuestas serias lo han ubicado en segundo y tercer lugar. Los resultados y la metodología dejan dudas, como el porcentaje de “no sabe”, que es de 20.9 %; el “no los conoce”, de 19.2%, y el “no contesta”, de 13.6%, siendo este último dato que 163 personas no contestaron, lo que da un margen de error mucho más alto al que indica la metodología. No debe extrañar este tipo de información falsa, que solo evidencia desesperación por obtener la candidatura. Mier no ganó su diputación por votación directa y en 2006 se le fue la senaduría.

El WTCA PRIME Office Index-LATAM, barómetro esencial del mercado de oficinas premium, refleja un panorama alentador para América Latina, con un enfoque especial en México. Desde 2020 este índice del World Trade Centers Association, que preside en la región Carlos Ronderos, ha mostrado una recuperación notable, alcanzando 20.1 en junio de 2023. Mazatlán se alista para ser sede de un World Trade Center que contará con espacios de oficinas, centro de negocios y un hotel 5 estrellas. Este ambicioso proyecto incluye cinco torres, destacando una emblemática de 30 pisos. Con desarrollos como éste, México se posiciona como líder en oficinas premium en la región.