A CODERE NO le pudo caer en peor momento el Proyecto de Reforma al Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos que envió la Secretaría de Gobernación, a cargo de Luisa María Alcalde.

Y es que justo cuando el gobierno de la 4T se apresta a eliminar en todos los establecimientos las máquinas tragamonedas, la firma española, que preside Gonzaga Higuero, tiñe de rojo sus números.

Al cierre del primer semestre, Codere triplicó sus pérdidas a nivel global respecto al 2022, debido al cierre de más de 10 salas de juego, tanto en nuestro país como en Argentina.

El incumplimiento de normas regulatorias las sancionan dos instancias, una vía la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que dirige Alejandro Svarch.

Otra vía estados y municipios como autoridades locales que expiden permisos y autorizaciones de funcionamiento. Ambas la llevaron a retrasar su plan de reestructura financiera hasta el último trimestre de este año.

Las salas de México son estratégicas para la rentabilidad de Codere, sin embargo se mantiene el cierre de los Yak de la zona metropolitana de la Ciudad de México, Sinaloa y Quintana Roo.

Y es que no han logrado corregir las prácticas irregulares con las que operaban, como regularización de licencias municipales, normas de protección civil, horarios de funcionamiento, área de fumadores, entre otras.

Los fondos de inversión que controlan Codere, entre otros Júpiter, Davidson Kempner y PGIM, han puesto como objetivo inmediato recuperar el valor de la compañía para después ejecutar su salida en los siguientes años.

La compañía que hasta antes de una auditoría llevaba Carlos Zamudio, opera en México los casinos Yak, la concesión del Hipódromo de las Américas y el Centro Citibanamex.

RESULTA QUE ANTE el dictamen de la Secretaría de la Función Pública, que capitanea Roberto Salcedo, señalando irregularidades en contratos de Atlantis con entidades como Nafinsa, Bancomext, Banobras y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, éstos siguen vigentes. Los incumplimientos en el servicio que brinda la empresa de Guillermo Nieto ya están poniendo en riesgo la vida de los derechohabientes, sobre todo jubilados, y muchos de ellos adultos mayores con padecimientos crónicos. Atlantis no da el nivel de servicio comprometido y le debe 25 millones de pesos a médicos que han dado consultas como parte del convenio. La única que ha dado la cara es la dependencia que preside Jesús de la Fuente, en cuyo caso el contrato vence a finales de este año. Por lo que hace a los bancos dirigidos por Luis Antonio Ramírez, el compromiso contractual es hasta el 2025 y simplemente no dicen nada ante el reclamo de médicos de la red, pero sobre todo de 2 mil 500 jubilados con sus dependientes, más mil empleados de Nafin, y en Bancomext mil 750 pensionados y 500 activos. Ya hay denuncias penales por negligencia médica y no hay quien se responsabilice, luego de la salida de Paulina Moreno, ex directora de Administración y Finanzas y actualmente Secretaria de Administración y Finanzas del gobierno del Estado de México.

UNIFIN ANUNCIÓ EL viernes un avance muy significativo en las negociaciones de su convenio concursal y solicitó una extensión de la etapa de conciliación de 90 días más para continuar con las gestiones en curso con el fin de llegar a un acuerdo y lograr una salida exitosa del concurso mercantil. Para lograrlo es fundamental la aprobación de la prórroga por parte de 75% de sus acreedores. En los últimos días, la empresa financiera, que preside Rodrigo Lebois y dirige Sergio Camacho, ha recibido comentarios relevantes de acreedores y tenedores de bonos en relación al proyecto de convenio, por lo que continúa negociando las modificaciones propuestas a efecto de lograr un acuerdo consensuado. La reestructura busca que la firma continúe como negocio en marcha, maximizando la recuperación de todos los interesados.

EL OTRO CONCURSO mercantil que también sigue avanzando es el de Altos Hornos de México (AHMSA), que preside Eugene Davis. El conciliador Víctor Manuel Aguilera logró documentar un listado de mil 669 acreedores que reclaman pagos por alrededor de 40 mil 904 millones de pesos. Los más importantes son Cargill, Afirme y Caterpillar, a los que Alonso Ancira les generó deudas que en conjunto suman 14 mil 504 millones de pesos. También figura el gobierno, esencialmente el SAT, que comanda Antonio Martínez Dagnino y el Seguro Social, a cargo de Zoé Robledo. La capitalización de la acerera sigue en suspenso. El fondo Argentem Creek, que encabeza David Chapman, sigue deshojando la margarita, pese y a que ya cuenta en un fideicomiso con una aportación inicial de 150 millones de dólares de la tribu Kikapoo.

EL VIERNES, ROCÍO Nahle presentó su renuncia a Andrés Manuel López Obrador para ir en busca de la nominación de Morena como candidata a la gubernatura de Veracruz, cosa que prácticamente ya tiene en la bolsa. Esta semana el Presidente deberá nombrar al sustituto. Los momios apuntan hacia el actual subsecretario de Hidrocarburos, Miguel Ángel Maciel, aunque no habría que descartar al director del Cenegas, Abraham Alipi, y al diputado Manuel Rodríguez. Una que empezó a sonar es Paola López Chávez. Estuvo en la Guardia Nacional, fue subdirectora de Administración de Pemex y ahora es delegada de su Consejo de Administración. Dicen que trae buen apoyo dentro de Palacio Nacional.

PUES NADA, RESULTA que la cadena Celtics Pubs, que comanda Renán Bucheli, ha invitado a una serie de inversionistas para expandir dicho negocio ahora en Tulum, Quintana Roo. La referida cadena cuenta con sucursales en la colonia Condesa de la Ciudad de México, en Arcos Querétaro, en Jardines de La Hacienda Juriquilla, y recientemente en Avándaro del Estado de México. Sin embargo, la de Tulum no ha abierto, por lo que los inversionistas preparan las acciones legales contra de Bucheli. Entre los afectados se encuentran los empresarios Helio Fajardo, Gerardo Díaz Ordaz y los hermanos Patricio y Jorge Trad Cepeda, entre otros más.