El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador quiere revivir los trenes de pasajeros no solo en el sureste mexicano con el Tren Maya, sino en buena parte de país, bajo el argumento de mejorar y facilitar el tránsito de los mexicanos por todo el territorio nacional.

El plan del gobierno de la 4T es emitir un memorándum a los dueños de las concesiones ferroviarias de carga para que se comprometan, en un plazo razonable, a echar a andar dicho sistema, pese a que resulta ilegal. De resistirse, la operación de la vías férreas pasará a las Fuerzas Armadas por decreto.

En la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), a cargo de Jorge Nuño, no existe todavía un proyecto para darle viabilidad a este sistema, aunque se anticipa que el presidente va a meterle mano nuevamente a las concesiones sobre las vías de tren, especialmente las que ostenta Grupo México, de Germán Larrea, con quien tiene diferencias y otros litigios abiertos.

Recientemente Grupo México inmovilizó 60 trenes para evitar que miles de migrantes los abordaran en su intención por llegar a Estados Unidos. El anuncio puso de nueva cuenta los reflectores en las dimensiones que ha alcanzado la crisis migratoria en el país y que no ha logrado contenerse a través se políticas de gobierno, como debería de ser.

Aunque la propuesta de un sistema de tren de pasajeros se echaría a andar en este mismo sexenio, le tocaría a la siguiente administración consolidarla. Andrés Manuel López Obrador apuesta a la continuidad de su proyecto con Claudia Sheinbaum, de manera que los más de 26 mil kilómetros de vías férreas, por los que anualmente se mueven 122 millones de toneladas de carga, sean también transportes de pasajeros, pese a que se afectarán las concesiones y los derechos de las empresas privadas.

Según el presidente López Obrador, el Estado daría a los operadores nuevas concesiones para los trenes de pasajeros, por lo que los privados tendrían que invertir en infraestructura para evitar que el gobierno haga una ampliación del Tren Maya y lo convierta en el “Tren del Norte”, que se extendería a los estados de Jalisco, Sinaloa y Sonora, así como a Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey y Tamaulipas.

El sistema ferroviario nacional opera principalmente trenes de carga concesionados a siete razones sociales, la mayoría vinculadas a Ferromex, Ferrosur y la estadounidense Kansas City Southern. Los trenes de pasajeros tienen únicamente funciones turísticas o suburbanas; en el primer caso se encuentran los recorridos del Chepe y el Tequila Express; en el segundo los del Ferrocarril suburbano de la Zona Metropolitana de México, que corre hasta la zona de Cuautitlán en el Estado de México, y el Tren México-Toluca.

Desde que les entregaron las concesiones hace más de dos décadas, los privados extranjeros han invertido más de 4 mil millones de dólares en esa infraestructura, unos 80 mil millones de pesos a valor actual. Se trata de una sexta parte de lo que costará la edificación del Tren Maya en este sexenio. Esa diferencia podría ser la razón por la que López Obrador, en el caso de los trenes, se percibe como el único dueño.

Posdata

Vaya lío que podría estallar al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a cargo de Zoé Robledo, ya que el funcionamiento de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) se vería en peligro debido a las adquisiciones que lideran el coordinador de Informática, Rogelio Elías Lemus Cortés, y el jefe de Oficina, Erick Ramsés Chong Martínez, en particular en la Delegación Norte capitalina.

El año pasado se declaró a la proveedora Máquinas Información y Tecnología Avanzada (MITA), dirigida por Sergio Sánchez, como ganadora de la invitación restringida IA-050GYR019-E47-2022, ya que se entregaron a nivel nacional multifuncionales de la marca Brother, sin contar con autorización de la firma, además de que se generaron impresiones ilegibles, situación que afectó tanto a pacientes como a trabajadores del Instituto.

Así, las dificultades para acceder a recetas y órdenes de estudio con la calidad requerida se han extendido hasta este año. De acuerdo con fuentes internas, en el evento LA-050GRY016-E464-2022 nuevamente se eligió a una proveedora de la marca Brother, con la diferencia de que en esta ocasión sí fueron otorgadas autorizaciones de la fabricante, aunado a que se concretó el envío de 4 mil impresoras y de 7 mil 421 cartuchos totalmente nuevos y originales; sin embargo, los consumibles nunca llegaron a su destino.

Las denuncias se dirigen a Lemus Cortés y Chong Martínez, quienes han pasado por alto fallas y anomalías en la contratación de estos servicios, lo que evidencia un mercado negro de estos consumibles. La pregunta que surge ahora es si el propio IMSS y la Secretaria de la Función Pública, de Roberto Salcedo, indagarán la identidad de los autores de este negocio