La devastación del puerto de Acapulco y de muchas otras comunidades de Guerrero se convirtió, por fuerza, en la prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, simple y sencillamente porque la crisis amenaza con alterar el mapa político, electoral y presupuestal que tenía programado para su último año de gobierno, con el que apunta a retener la Presidencia de la República en 2024 y obtener una mayoría absoluta en el Congreso, para poder modificar a placer la Constitución.

Dos videos transmitidos el fin de semana dan cuenta de la preocupación que tiene López Obrador por el impacto que empieza a resentir su imagen y la de su gobierno, rebasado ante la magnitud de la tragedia y responsable de decisiones como la de concentrar las labores de ayuda en unas Fuerzas Armadas que no han podido mostrar capacidades que justifiquen el presupuesto y los privilegios que se les han entregado durante el presente sexenio.

“Buitres”, gente de ”malas entrañas”, fueron tan sólo algunos de los calificativos que el presidente lanzó para sus opositores el sábado, cuando visiblemente molesto aseguró que su gabinete tenía la crisis bajo control y pidió reportes a sus secretarios reunidos en la zona de desastre. “Yo ayudo más coordinando desde aquí y si es necesario voy a ir, pero no quiero hacer de esto un espectáculo”, dijo en esa primera comunicación. No hacía falta aclararlo: ya había hecho un show en su primer intento por llegar a la zona de desastre.

El domingo, 24 horas después, el presidente aseguraba que estaría en Acapulco por la tarde, pues ante la dimensión de la tragedia su presencia se volvió “necesaria”. Ni la línea que mandó “La Catrina Norteña” a través de su cuenta de X –una cuenta cerca y, se dice, operada por el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez– fue un intento por apagar las múltiples críticas que recibió López Obrador en redes sociales por dedicar varios minutos a atacar a sus adversarios en medio de la tragedia.

Al presidente se le ve cansado y aturdido; por lo menos esa es la imagen que quiere transmitir, sobre todo cuando empieza a ver que la cifra de muertos se está incrementando y llegará en las próximas horas al triple de los 29 casos que se habían reportado inicialmente. Los reporteros son sus enemigos y, al más puro estilo de un dictador, hace un llamado a sus seguidores para que no crean lo que los medios de comunicación reportan, y así desacreditar los testimonios de los damnificados.

Como la tragedia misma, la preocupación de López Obrador y de los liderazgos de su partido no se puede ocultar. Aplazar al 10 de noviembre el anuncio sobre las candidaturas para competir por los nueve estados que se pondrán en juego en 2024 es la primera señal; se busca evitar salpicar a los abanderados morenistas de la tragedia que cubre gran parte de la costa de Guerrero. La imagen del partido fue suficientemente manchada con los fuegos artificiales que pidió para su informe la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández.

En materia presupuestal hay otro dilema que solucionar, pues si se quiere evitar un daño electoral importante para 2024, el gobierno federal deberá redirigir gran parte de los recursos que etiquetó para sus proyectos prioritarios o para sus programas sociales hacia la reconstrucción de viviendas e infraestructura. El histórico gasto de 9 billones de pesos tendrá que reajustarse para otros menesteres, que no serán necesariamente electorales.

La consultora internacional Enki Research calculó en 15 mil millones de dólares los daños causados por el huracán Otis, es decir una quinta parte de lo que se dedica a las pensiones del Bienestar y casi el total del presupuesto de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional en 2024, incluyendo las partidas adicionales destinadas a la operación del Tren Maya.

Otra vez la estrategia electoral de AMLO está comprometida. El efecto de un desastroso manejo de la pandemia ya se olvidó, pero le queda poco tiempo efectivo para eclipsar una destrucción que, si bien hoy no se anticipa que pueda poner en riesgo la búsqueda de la Presidencia de la República, sí puede dejarle a Claudia Sheinbaum un Poder Legislativo opositor.

Posdata 1

Más allá del fracaso deportivo de Sergio Pérez, quien en pocos segundos echó por tierra las esperanzas de cientos de miles de aficionados a la Fórmula 1 en México, lo resaltable es que el Gran Premio de México logró un máximo histórico de 400 mil 639 asistentes. Un éxito de Corporación Interamericana de Desarrollo (CIE) y de todos sus patrocinadores, quienes junto con la euforia de “Checo” Pérez han logrado situar a esta competencia entre las más seguidas del país.

Y en el contexto de la crisis en Guerrero, CIE, de Alejandro Soberón, anunció la donación de 50 toneladas de ayuda humanitaria para atender necesidades básicas de la población afectada por el huracán Otis en Acapulco.

Posdata 2

Y hablando del Gran Premio de México, como es costumbre se vio a todo tipo de personalidades del mundo deportivo, del espectáculo, empresarial y político, entre ellos el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, ni más ni menos que en la zona más cara de la F1: el Paddock, donde cualquier boleto supera los 100 mil pesos por persona.

Se sabe que Pérez Dayán es aficionado a los deportes, por lo que se le ve siempre en las primeras filas de las peleas de box internacionales o en los estadios de futbol americano. No es problema si con su dinero se lo puede costear; el problema es la coyuntura en la que se encuentra todo el Poder Judicial, estigmatizado por los privilegios de sus más altos mandos, como el ministro Pérez Dayán. Como si no les estuvieran recortando su presupuesto y extinguiendo sus fideicomisos. Se ve que no cabe la prudencia en algunos de los máximos representantes del Poder Judicial.