SACUDIDA A BANCO del Bajío, ya que este mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desechó por “notoriamente improcedente” los amparos que interpuso.

El banco que preside Salvador Oñate Ascencio alega incompetencia del Juzgado 62 de los Civil de la CDMX, que conoce desde su inicio la demanda de nulidad iniciada por José Luis Sanvicente Ortiz, José Bertín Gutiérrez Domínguez y Rubén Rodríguez Quezada.

Estos socios combaten los convenios judiciales mediante los cuales la institución se hizo de las acciones que ellos detentaban; de haberse ganado la incompetencia, el juicio, que lleva tres años y nueve meses, hubiera tenido que reiniciar.

Si Banco del Bajío pierde el juicio que continuará en el Juzgado 62, tendrá que regresar la participación que tenían los demandantes en diciembre de 1997, esto es 10.75% del capital, más dividendos y acciones por capitalización de utilidades.

Asimismo, revertir movimientos contables y corporativos, lo que implica una grave contingencia que debió revelarse de inmediato al público inversionista y reportarse tanto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jesús de la Fuente, como a la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige José-Oriol Bosch.

Lo anterior se hizo dos años y medio después y de forma engañosa, pues se informó que los susodichos convenios, violatorios de la Ley de Instituciones de Crédito, fueron celebrados “con estricto apego al marco legal aplicable”. En tanto no se resuelva el juicio, continuará incrementándose el valor de las prestaciones reclamadas, por lo que la posibilidad de que el Banco del Bajío pierda, debería poner a temblar a sus inversionistas institucionales. Estamos hablando de Fidelity Energing Markets Fund, con 985.2 millones de títulos; Vanguard International Stock Index, con mil 122.6 millones; Shares Core MSCI, con 964.6 millones, y Goldman Sachs, con 341.3 millones. De igual forma a los consejeros, como son los casos de Oñate Ascencio, Salvador Oñate Barrón, Héctor Armando Martínez Martínez, José Harari Uziel, Carlos de la Cerda Serrano y Edgardo del Rincón Gutiérrez.

También comisarios y auditor externo, en este caso Arturo Rábago Fonseca, socio de Deloitte, por lo que toca a su responsabilidad como administradores y vigilantes del banco.

EL GOBIERNO DE la 4T está viendo cómo llevar más gas natural al sureste del país, aprovechando las posiciones largas en gas del sur de Texas que la CFE mantiene, lo que implica ir armando el rompecabezas de la infraestructura para transportarlo. Por un lado la canadiense TC Energy ya construye el proyecto Puerta al Sureste, que es la continuación del gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, proyecto que se hizo famoso por la renegociación de tarifas de la que fue objeto a principios del sexenio. Por otro, la francesa Engie busca definir y firmar con la propia dependencia de Manuel Bartlett un contrato de transporte que le dará viabilidad a su proyecto Cuxtal II, que es la ampliación del ducto Mayakán. Pero falta un pequeño detalle: un ducto que interconecte los dos proyectos arriba mencionados, que hasta hace poco nadie había levantado la mano para construir, ya que se trata de un desarrollo con enormes retos técnicos con la agravante del derecho de vía, ya que se trata de terrenos que son auténticos pantanos, lo que dificulta enormemente su ejecución. Los riesgos de que una obra así se llegue a construir en tiempo y presupuesto son muy elevados. Pues la novedad es de que dicho proyecto ya tiene a un “afortunado” ganador. Resulta que la CFE lo encontró en Esentia Energy, antes Fermaca, que levantó la mano. La empresa que dirige el fondo de inversión Suizo Partners Group vía Fernando Tovar, ex-empleado de Engie, busca con afanosamente que los pupilos de Bartlett ponga tinta a un contrato de transporte para construir ese ducto de 70 kilómetros y poder así, aún hipotecando el futuro de la compañía, cobrar el jugoso bono que seguramente le ofrecieron los helvéticos. Es decir, los de Partners Group invertirán algunos cientos de millones de dólares en un activo aislado y alejado del sistema que operan en la zona norte y centro del país, y que presenta enormes riesgos para su ejecución, por lo que en lugar de añadir, muy seguramente le restara valor a la empresa. Esentia se está metiendo en camisa de once varas.

¿ALEJANDRO ENCINAS AL reclusorio con Jesús Murillo Karam? El rompimiento generado la noche de ayer entre los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa Isidro Burgos, y el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, es inevitable. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de familia de los estudiantes, señaló, entre otras cosas, que la reunión que sostuvo con Encinas resultó mucho peor que las anteriores: ahora Encinas modificó el informe del que tenían conocimiento e incorporan datos que desconocían y no están de acuerdo, ya que criminalizan a los estudiantes desaparecidos; tampoco están de acuerdo en exhibir las capturas de pantalla por ser hechos controvertidos y sin sustento. Ese nuevo informe se acerca más a la “verdad histórica” señaló. Es importante apuntar que los famosos ”pantallazos” es un escándalo que le pidieron dejara de lado, pero en su absoluta arrogancia pretende incluirlos, aún en contra de lo manifestado por los padres de las víctimas de Ayotzinapa. Las declaraciones realizadas por Vidulfo ponen en entredicho las versiones gubernamentales de Encinas y cada vez resulta más congruente y sólida la versión que la defensa de los miembros del Ejército mexicanos ha manejado desde el principio. Con esto, se romperá el diálogo entre los padres de las víctimas y las autoridades, ya que al subsecretario Encinas nada le sale bien y cada vez pierde más aliados que “soporten” las mentiras a las que está acostumbrado decir. Una vez más se derrumba el caso Ayotzinapa. Veremos si miden con la misma vara al hoy subsecretario Encinas y al ex titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo.

A UN AÑO de que asumió el gobierno de Quintana Roo Mara Lezama, de los asuntos más opacos del estado es la forma en que se renegoció la deuda de la entidad. Para ello utilizó a los mismos asesores que realizaron la reestructura financiera de la deuda del Ayuntamiento de Benito Juárez que ella misma encabezó. El equipo lo capitanearon Carlos de la Garza y Enrique Gámez, quienes redocumentaron un pasivo de 19 mil 625 millones de pesos a 30 años. Es decir, la frecuente viajera a la CDMX a los actos de Andrés Manuel López Obrador y de Morena va tener 83 años cumplidos cuando se termine de saldar la deuda. La reestructura se logró gracias a que Quintana Roo fue de los tres estados del país en recibir más participaciones federales. Éstas son garantes del pago de deuda: para darnos una idea, solo este año el gobierno quintanarroense logró incrementar sus participaciones por más de 571 millones de pesos. Se sabe que en la pasada administración de Carlos Joaquín González, el anterior equipo financiero se levantó de la mesa con más 470 millones de pesos a repartir como ganancia de la operación. La vulnerabilidad de ingresos de libre disposición es algo latente, lo mismo que una baja en las participaciones. El costo de la deuda a 30 años afecta la calificación crediticia de la entidad. Y mientras tanto De la Garza y Gámez agasajan a funcionarios con viajes, regalos y experiencias, como abrir un concierto de Alejandro Fernández.