La batalla jurídica del gobierno de la 4T contra Grupo México sigue en marcha y escalando cada vez más por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador. La elaboración de denuncias penales en contra de accionistas y directivos del poderoso emporio de la familia Larrea sigue su curso en la Fiscalía General de la República (FGR) y ya se extendió a otras instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Gobernación.

El 14 de agosto revelamos en esta columna que el presidente López Obrador solicitó a través de su Consejería Jurídica denunciar penalmente a los accionistas propietarios de Grupo México, que encabeza Germán Larrea, y a sus socios, los españoles de Acciona, de la familia Entrecanales, por el incumplimiento de los acuerdos en la obra del Tramo 5 Sur del Tren Maya y la presunta retención de recursos públicos.

La decisión presidencial se tomó luego de que las empresas involucradas –principalmente Acciona– no reconocieron el acuerdo para retirar las demandas por más de 5 mil millones de pesos que interpusieron ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el término anticipado del contrato –la mayoría debido a amparos de organizaciones ambientalistas–, razón por la cual la obra fue tomada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

El delito que se busca imputar a los accionistas y altos directivos de Grupo México y Acciona es el de peculado, por la “apropiación o desviación del destino de los recursos que pertenecen al Estado”. Sin embargo, tanto los representantes legales del Fonatur como de la Consejería Jurídica, así como de la Fiscalía General de la República, consideran “difícil” que prospere en el Poder Judicial, no solo por el enfrentamiento que existe entre el gobierno y este Poder, sino por lo endeble de la acusación.

Por ello, entre las tres partes se llegó a un acuerdo: que se abra toda la información fiscal, financiera, legal y contractual de Grupo México, sin excepciones, incluso las relacionadas con el secreto fiscal y bancario. Las fuentes de alto nivel refieren reuniones en las que tocaron estos temas, debido a la orden presidencial de girar, a como dé lugar, órdenes de aprehensión en contra de accionistas y altos directivos.

La orden superior habría derivado en la preparación y presentación de abundantes inspecciones, procedimientos de sanción, revisiones de situación fiscal, búsqueda de antecedentes reputacionales, citatorios y en la reactivación de denuncias penales y la presentación de otras nuevas, entre ellas querellas por delitos fiscales, todo para generar presión contra los ejecutivos de las empresas e imponer la voluntad del gobierno.

Según estas mismas fuentes, el Presidente convocó a una reunión en Palacio Nacional este sábado 9 de septiembre para conocer el avance de las investigaciones y la próxima judicialización de las carpetas de investigación. A la junta están convocados funcionarios de la Secretaría de Gobernación, el SAT, la UIF, la Semarnat, el Fonatur, Conagua y la Comisión Federal de Electricidad, todas relacionadas de alguna manera con las actividades de Grupo México y con acceso a información sensible del conglomerado y sus accionistas. Es decir que el Ejecutivo puso en marcha lo que puede considerarse una “operación de Estado” para intentar encarcelar a un empresario mexicano, el segundo más rico del país, y a sus socios.

La operación de Estado contra Grupo México y sus socios es, además de una que evoca a regímenes autoritarios, un mensaje para todos los empresarios e inversionistas que se atrevan a desafiar jurídicamente al gobierno, pues este echará mano de todos sus recursos para fustigarlos. Muy mala señal en el contexto de la oportunidad histórica que tiene México para atraer inversiones y, si las denuncias prosperan, se convertirá también en otro escandaloso capítulo de la guerra entre Poderes: el Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial.

Ahora que Xóchitl Gálvez se erigió oficialmente como la candidata del Frente Amplio por México en un evento multitudinario en el Ángel de la Independencia -emblema de históricas manifestaciones en defensa del INE y marchas por la paz-, comienza a abrirse la baraja para quiénes la acompañarán en su cruzada para intentar sacar a la 4T de la Presidencia.

De entrada, aún está en duda si el panista Santiago Creel será efectivamente su coordinador de campaña, como se anunció originalmente. Mismo caso con el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien había sido nombrado coordinador en materia de seguridad, pero a quien le reactivaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Todo indica que Miguel Ángel Mancera podría ocupar más bien ese cargo, dada su experiencia como procurador capitalino y jefe de Gobierno. Por cierto, hablando del PRD, con el líder de los tres partidos del Frente con el que se lleva mejor Xóchitl Gálvez es precisamente con el presidente de este partido, Jesús Zambrano, a quien le llama “jefe”, pues fue su coordinador de campaña cuando compitió por la gubernatura de Hidalgo en el 2010.

Y también está por verse qué tan ciudadano va a ser realmente el Frente Amplio por México, luego de la accidentada elección interna que dio como candidata de unidad a Gálvez, dejando del lado al Comité integrado por liderazgos ciudadanos.

El rector de la UNAM, Enrique Graue, propuso al doctor Andrés Ordóñez, investigador de la Unidad sobre Representaciones Culturales y Sociales, como director de la sede que tiene la máxima casa de estudios mexicana en Cuba.  No obstante, el gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel no lo aceptó, a pesar de la experiencia diplomática previa del desdeñado.