México se ha convertido en un refugio para sectas y agrupaciones religiosas que, a lo largo de la historia, han cometido delitos y violado los derechos humanos de sus adeptos. La ausencia de leyes que sancionen los abusos de estas organizaciones y sus prácticas coercitivas ha dejado desprotegidas a las víctimas de grupos como NXIVM, Shen Yun o la Luz del Mundo.
Aunque el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la libertad de convicciones éticas, conciencia y religión, no se ha establecido una distinción clara entre la libertad de culto y los abusos que algunos líderes religiosos, sociales o espirituales pueden cometer. Estos líderes, aprovechando su posición, han sometido y controlado a sus seguidores.
Carlos Bardavío Antón, abogado español especializado en derecho penal y autor del libro “Sectas criminales y coercitivas en Derecho penal mexicano”, ha desarrollado el concepto del delito de persuasión coercitiva. En conversación con Reporte Índigo, Bardavío Antón señaló que México, por su profunda religiosidad y rituales, es un terreno propicio para grupos que manipulan y violan derechos humanos, ya sean religiosos, espirituales o incluso empresariales.
Casos emblemáticos como el de Keith Raniere, fundador de NXIVM, y Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, resaltan la urgencia de una legislación más estricta. A pesar de las condenas en Estados Unidos contra estos líderes por diversos delitos, incluyendo abuso sexual y trata de personas, en México no se han emitido sentencias al respecto.
Diputados y senadores han expresado opiniones divididas sobre la necesidad de una nueva legislación. Mientras algunos creen que las leyes actuales son suficientes para proteger los derechos humanos, otros argumentan que el debilitamiento de las instituciones y la falta de recursos para el Poder Judicial son obstáculos para impartir justicia. La senadora Claudia Anaya Mota del PRI, por ejemplo, señaló que el principal problema es el debilitamiento de las instituciones y la falta de recursos para el Poder Judicial.
