El presidente Andrés Manuel López Obrador asestará en pocos días un duro golpe contra los permisionarios de casinos y salas de juego.

Mediante un decreto, el gobierno de la 4T pretende modificar el marco legal para desaparecer las máquinas de sorteos de símbolos o números, conocidas comúnmente como tragamonedas. Asimismo, busca reducir los tiempos de vigencia de los permisos hasta en una década y eliminar la posibilidad de que los propietarios originales de los permisos puedan abrir más de una sala de juegos o asociarse con otro operador.

El “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos” se encuentra, desde hace un par de semanas, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para someterse al escrutinio de los usuarios y de una industria que obtiene ingresos anuales por alrededor de 15 mil millones de pesos, solamente de las máquinas tragamonedas, y que entrega a las arcas gubernamentales unos 4 mil 700 millones de pesos al año.

Según el proceso que se sigue en la Conamer, aún se busca incorporar sugerencias de mejoras al texto. No obstante, en la Secretaría de Gobernación está claro que el margen para eliminar los cambios relevantes es prácticamente nulo, puesto que AMLO está convencido de que los funcionarios encargados de regular estos rubros han abusado de la obsolescencia de la legislación, tanto los integrantes de los gobiernos «neoliberales» como los funcionarios de su propia administración, de acuerdo con fuentes de alto nivel del gobierno.

De ahí que la elaboración y publicación de este decreto, en los términos en los que se encuentra redactado, es una de las prioridades que AMLO le encargó a su nueva titular de Gobernación, la abogada Luisa María Alcalde. También se percibe en el texto una tendencia del gobierno a obtener una mayor participación financiera del negocio, por lo que, a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Segob tendrá 60 días hábiles para emitir los lineamientos de cobro.

El golpe más grave a la industria de los casinos es la derogación de los artículos 137 Bis, 137 Ter y 137 Quáter, en los que se establecía que la Secretaría de Gobernación podría autorizar a los permisionarios la realización de sorteos de números o símbolos a través de máquinas fabricadas en territorio nacional o legalmente importadas, identificadas en una relación que permanentemente debía estar actualizada. Esto se especificó en las reformas aprobadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en octubre de 2013.

Todos estos párrafos se dan por desaparecidos. Más aún, se reforma el Artículo 12 de ese reglamento para definir claramente que esas máquinas están prohibidas. En la versión actual ya se establecía la prohibición de las “máquinas tragamonedas”, pero se les definía como “todo dispositivo a través del cual el usuario queda sujeto a la destreza aue realiza en una apuesta”. En la nueva versión de la 4T, las máquinas se definen como “todo dispositivo a través del cual el usuario juega con apuesta”, justo como se tendría que definir a las máquinas que actualmente se encuentran en las salas mexicanas.

En la fracción I del Artículo 33 se establece que la vigencia máxima de los permisos será de 15 años y no de 25 como lo determina la versión actual, mientras que el Artículo 30, que brindaba a los permisionarios la posibilidad de explotar sus derechos a través de un operador, está también derogado, por lo que el propietario de los permisos deberá ser el único responsable y beneficiario del funcionamiento de una sala de juego, además de que cada establecimiento deberá tener un permiso propio.

El único resquicio de misericordia que Luisa María Alcalde y López Obrador tendrían con esta industria es que los derechos de los casineros se respetaran hasta que se venza la vigencia de su permiso.

Los principales afectados son Caliente, de Jorge Hank Rhon; Play City, de Emilio Azcárraga, y Codere, de Gonzaga Higuero, aunque buena parte de sus derechos vencen hasta 2040.

Posdata 1

Como adelantamos hace varias semanas en este espacio, el exsecretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch, se convirtió oficialmente en aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura de la capital del país.

A pesar de que los ultras o radicales de la 4T se resistieron, fue la jefa de García Harfuch, Claudia Sheinbaum, quien ya con el bastón de mando le aplanó el sinuoso camino, sobre todo en Palacio Nacional. Ahora, el “superpolicía” tendrá que competir frente a frente con la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y muy probablemente con el todavía presidente de Morena, Mario Delgado, quien sigue deshojando la margarita.

Según las bases de Morena, al menos seis aspirantes, tres hombres y tres mujeres, podrían aspirar a competir por la candidatura. Del lado de los varones, además de García Harfuch y Mario Delgado, ya se apuntó el extitular de Aduanas y ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien hace unos días fue invitado por el presidente del partido en la CDMX, Sebastián Ramírez, a la asamblea ordinaria del comité estatal de Morena.

Del lado de las mujeres van a participar Clara Brugada y probablemente la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

Ya veremos cómo se desarrolla esa elección, que puede dar sorpresas, aunque hoy es solo entre dos: García Harfuch y Clara Brugada.

Posdata 2

Ayer publicamos en este espacio que el fundador de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Claudio X. González, inmerso en la actividad política de la oposición y del Frente Amplio por México, ha jugado sus cartas con respecto a los partidos políticos que estarían “coqueteando” con Morena, como es el caso de Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado.

En ningún momento se puso en entredicho la investigación y el periodismo de los colegas Salvador Camarena y Raúl Olmos, quienes estaban a cargo y elaboraron las investigaciones que referimos de MCCI. Si se malinterpretó o hubo alguna impresión respecto a su trabajo, va una disculpa.