Hermosillo, la capital de Sonora, enfrenta un desafío significativo en cuanto a sus áreas verdes. A pesar de que se promocionan como espacios verdes, muchos de estos lugares son en realidad zonas de tierra, canchas deportivas encementadas y áreas con pasto sintético. Estos espacios no cumplen con la función esencial de las áreas verdes: proporcionar sombra, reducir la temperatura y mejorar la calidad del aire.
El gobierno del Estado anunció recientemente la rehabilitación de 88 parques en varias ciudades de Sonora, de los cuales 31 están en Hermosillo, con una inversión total de 90 millones de pesos. Sin embargo, la realidad en el terreno muestra que muchos de estos parques carecen de verdor. En lugar de ser espacios llenos de vegetación, muchos son simplemente espacios deportivos con canchas de concreto o pasto sintético.
María Magdalena Bernal Grijalva, investigadora del Colegio de Sonora, realizó un estudio en 2017 en el que analizó el porcentaje real de área verde en 112 parques de Hermosillo. Descubrió que, en promedio, estos parques solo tienen un 27% de cobertura vegetal. Esto está muy lejos del estándar internacional que define un parque como un espacio con acceso público, infraestructura para el deporte y esparcimiento, y cobertura vegetal.
La falta de verdaderas áreas verdes en Hermosillo no solo afecta la estética de la ciudad, sino también la salud y el bienestar de sus habitantes. Las áreas verdes son esenciales para reducir las temperaturas urbanas, limpiar el aire y proporcionar un espacio para la recreación y el esparcimiento. La ciudad necesita una política pública ambiental más fuerte y una inversión real en la creación y mantenimiento de espacios verdes genuinos.
Hermosillo: Una ciudad con áreas “verdes” que no lo son
En días recientes hemos detectado en algunos medios de información una campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial, S.A. de C.V. relacionada con cierto proceso penal. Al respecto, y en ejercicio de nuestro derecho fundamental de información, queremos hacer del conocimiento que lo que se ha publicado carece de sustento y está dirigido a dañar la reputación e imagen de una empresa mexicana que genera fuentes de empleo y colabora con el desarrollo económico en nuestro país.
Al respecto, es importante aclarar que Generación Industrial, en su calidad de parte ofendida, ha ejercido su legítimo derecho de defensa, aportando a la carpeta de investigación datos de prueba contundentes, con los que se justificó una afectación a su patrimonio y, por consecuencia, la vinculación a proceso de una persona mencionada en un espacio editorial.
Es totalmente falso que Generación Industrial haya realizado alguna conducta impropia para influir en las decisiones de las autoridades penales, como sin ninguna prueba ni juicio de por medio y de manera por demás laxa se imputó la información periodística. En efecto, tal imputación no constituye una crítica periodística tutelada por el derecho a la expresión e información, sino más bien refleja la divulgación de información carente de veracidad.
El proceso penal se ha sustanciado con estricto apego a derecho y respetando en todo momento el debido proceso, tan es así, que el imputado tuvo la posibilidad de ofrecer todo tipo de pruebas y promover todos los medios de defensa a su disposición, incluyéndose, ciertos procedimientos en el que alegó la incompetencia del juez de Control de Torreón, Coahuila, así como sendos juicios de amparo.
Bajo este contexto, consideramos que la campaña de desprestigio en contra de Generación Industrial constituye un medio para presionar ilegítimamente a los juzgadores tanto estatales como federales con motivo del proceso penal de referencia y amparos que se encuentran actualmente en curso.
Nuestra empresa continuará defendiendo sus derechos ante los tribunales, respetando en todo momento la resolución final que dicte la autoridad judicial.
Generación Industrial, como empresa regulada en el marco de la Ley de la Industria Eléctrica, se ubica en uno de los sectores de la industria con más supervisión por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza el exacto cumplimiento de la ley.
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